El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el Gobierno no ha eludido sus responsabilidades en el caso del Yak-42 y que, por lo tanto, no debe pedir perdón. Añade que los tribunales no han acreditado una mala actuación ni del Ejecutivo ni del exministro Federico Trillo (09/01/17).
El embajador de España en Londres y ex ministro de Defensa, Federico Trillo, ha asegurado que ya pidió este verano ser relegado de su puesto en la embajada para volver al Consejo de Estado porque terminó su mandato el 15 de mayo de 2016 y ha lamentado que se esté tratando de "confundir" ya que, en su opinión, lo que se ha publicado sobre que el Consejo de Estado responsabiliza al Gobierno del accidente Yak 42 es "rotundamente falso".
Así lo ha dicho en la cadena Cope un día después de que el Gobierno anunciase que relevará a Trillo, junto a otros 70 embajadores, y desligara esta decisión del informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak 42 que determina que el Ministerio de Defensa que él dirigía tuvo indicios del riesgo de accidente y no actuó. Trillo ha señalado que habló de su marcha de la embajada, primero, con el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que le ofreció "otras posibilidades"; y, después, con su sucesor, Alfonso Dastis, a quien trasladó su intención de volver a su puesto de letrado mayor del Consejo de Estado, el organismo que, por unanimidad, ha considerado que existían "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración "ponderar el especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas. El aún embajador de España en Reino Unido dice que en verano pidió dejar este cargo e incorporarse a su plaza de letrado en el Consejo de Estado, el mismo órgano que responsabiliza al ministerio de defensa del accidente del Yak 42 en el que hace 13 años murieron 62 militares españoles y que entonces dirigía el propio Trillo. Desde el PSOE exigen que sea cesado de forma fulminante, sin encubrir ese cese con el relevo de otros embajadores.
La había maltratado y violado durante décadas. Fue condenada a 10 años de cárcel. Sus tres hijas denunciaron después que su padre también las violaba.
El compañero de celda en la cárcel de Gran Canaria de Antonio Ojeda, más conocido como Juan 'El Rubio', ha relatado al juez que éste le confesó que mató al niño Yeremi Vargas, el menor desaparecido en la localidad de Vecindario en el año 2007, en una confidencia hecha cuando estaba apesadumbrado por la condena que acaban de imponerle por abusar de otro niño, según ha relatado al juez.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión a cinco de los quince anarquistas detenidos esta semana en Madrid, Palencia y Barcelona en relación con atentados como los de la catedral de la Almudena o la basílica del Pilar y ha dejado en libertad al resto con medidas cautelares.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha decretado el ingreso en prisión de Raquel Gago, condenada por el Tribunal Supremo (TS) a 14 años de cárcel por complicidad y tenencia ilícita de armas en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
La Audiencia Provincial de Madrid acepta el recurso de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la absuelve por la invasión de la capilla de la complutense en el año de 2011. En primera instancia, la concejal de Podemos fue condenada al pago de una multa de 400.320 euros.
La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha declarado este viernes como investigada ante el TSJC por permitir la votación del proceso constituyente porque era un "acto político". Durante su declaración, Forcadell ha dicho que dio luz verde a esa votación porque era un "acto político", asegurando además que no se puede prohibir al Parlament hablar de la independencia porque es un debate que está en la calle.
Una denuncia de un joven de 19 años ha llevado a los Juzgados a Miguel Angel Millán, uno de los entrenadores de élite del atletismo del país y responsable de la Federación española. Hoy, tras su declaración, ha quedado en libertad con cargos.
El crimen de León ha llegado esta mañana al Supremo, donde se resolverá el grado de participación de la policía local Raquel Gago en los hechos. Hay dos hipótesis: para el Tribunal Superior de Castilla y León es cómplice de asesinato y por ello la condenó a 12 años, pero para la Audiencia Provincial de León fue encubridora y le impuso cinco años de cárcel. El abogado Gago insiste en su inocencia, pero el fiscal ha ampliado la petición de pena por tenencia ilícita de armas, argumentando que tuvo el arma del crimen durante 30 horas en su poder antes de entregársela a la policía.
