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Esto merece una explicación

Un suceso corriente

El hallazgo casual de un diario de 1936 de una pariente lejana de mi abuela es el punto de partida de esta historia. Sobre todo, una de sus páginas centrales. “El día 27 de agosto ocurrió un suceso corriente en otros pueblos, no en este, por ser pequeño y de poca importancia. Serían las once de la noche cuando llegó un camión y un automóvil con once fascistas forasteros, los que manifestaron a las autoridades que en la carretera de Ceclavín, de la parte de acá de la rivera, habían fusilado a ocho comunistas, entre ellos una mujer. Estas autoridades dispusieron el traslado al cementerio y cuando nos levantamos todo estaba terminado”.

Así, de golpe y casi noventa años después, me enteré de que en el pueblo donde he pasado los veranos y las navidades de mi infancia había una fosa común de la Guerra Civil con ocho personas fusiladas. Sus nombres eran Vicente Lisero Iglesias, Florentino Martín Valiente, Teodoro García Simón, Antonio Alonso, Antonio Hernández, Josefa Mogín Leirado y dos personas más, cuya identidad nunca se supo.

El podcast trata de reconstruir la vida de Josefa Mogín Leirado, la única mujer del grupo, y la búsqueda de sus restos. Las primeras catas llevadas a cabo en 2007 en el cementerio del pueblo no devolvieron respuestas a los familiares, pero una investigación impulsada por el historiador extremeño Julián Chaves abre, de nuevo, la posibilidad de localizar a Josefa y a una veintena más de personas represaliadas por el franquismo en otra fosa situada en Zarza la Mayor, un pueblo vecino en el que se van a reanudar las labores de excavación en una antigua mina de gran profundidad.

Un trabajo de Juanjo Cubero.

Dice Jorge Cardona, uno de los juristas que más sabe de infancia, que la justicia tiene que ser accesible y amigable.

El lenguaje jurídico generalmente es bastante complejo y farragoso y por eso la magistrada Glòria Poyatos ha emitido un voto particular para que un niño de diez años entienda y comprenda una sentencia que le afecta.

Hoy charlamos con Poyatos y profundizamos en qué es la justicia con perspectiva de infancia.

Esto merece una explicación

Postales de un viaje de fin de curso

¿Son realmente secretas nuestras conversaciones privadas en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea? En 'Esto Merece Una Explicación' reconstruimos la historia de Aditya Verma, un chico inglés que cuando estaba a punto de embarcar en el vuelo que le iba a llevar tanto a él como a sus amigos a Menorca, escribió en un chat privado de Snaptchat: 'De camino a volar el avión, soy un miembro de los talibanes'. Era una broma. A Verma sus amigos le decían que parecía un talibán por sus rasgos físicos y el chico intentó seguir la broma. Lo que iba a ser un viaje de sol, playa y desconexión tras un año duro de exámenes, se convirtió en un mal sueño que llevó a Verma a pasar dos noches en el calabozo de la Guardia Civil de Mahón y a ser juzgado unos meses después por un delito de desórdenes públicos en la Audiencia Nacional. Marga Quintana, abogada de Verma, Jorge Blasco, profesor Titular de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y el capitán Sergio Gutiérrez, piloto del F18 que salió a escoltar el avión en el que viajaban Aditya y sus amigos, diseccionan la historia.

Un podcast realizado por Juanjo Cubero y el equipo de Audio Digital de RNE y RTVE Noticias.

Hoy no hemos podido por menos que hacer un homenaje en este programa a una persona como fue el papa Francisco, que fue una autoridad moral defendiendo los derechos humanos, entendiendo que son absolutamente necesarios para que aquellos que son mas vulnerables estén protegidos.

Las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP, tienen como objetivo silenciar e intimidar a periodistas de investigación, activistas de derechos humanos o cualquier persona implicada en denunciar un tema de interés público.

Analizamos este fenómeno tan peligroso con David Casa, eurodiputado del partido nacionalista de Malta y miembro del PPE, el primero en pedir una directiva anti-SLAPP; Javier Graña, abogado, experto en gobernanza y derechos humanos y Lady Jaramillo, investigadora senior, coordinadora de proyectos y experta en SLAPP en Business and Human Rights Resources Center.

Además destacamos el caso de Energy Transfer contra Greenpeace, catalogado por expertos como un ejemplo de SLAPP.

Un reportaje de Antía André.

3 de marzo del año 2000, Pinochet regresa a Chile tras su liberación de su arresto de 503 días en Londres. Un caso que se había iniciado con la orden internacional de detención contra el dictador chileno dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Aprovechando la recuperación de Pinochet en una clínica londinenses tras una operación de hernia discal, el juez Garzón reclamó su extradición para ser juzgado en España por crímenes de lesa humanidad, amparado en el principio de Jurisdicción Universal.

Aunque había poca esperanza de que la orden pudiera prosperar, el caso adquirió una gran repercusión. Se abrió un amplio debate sobre la aplicación del Derecho Penal Internacional y se le llegó a comparar con el proceso de Núremberg.

Mientras el caso Pinochet tenía un tortuoso recorrido jurídico, en el terreno político tensó las relaciones entre Chile y el Reino Unido y España. Socialmente, en Chile la polarización creció hasta límites no conocidos en su reciente democracia, aún tutelada por la sombra de la dictadura.

A pesar del visto bueno final del Comité Judicial de la Cámara de los Lores a la extradición, aunque recortando los delitos por los que podría ser juzgado, el caso se resolvería en el plano político. El ministro del interior, Jack Straw, liberaba a Pinochet en base a dictámenes médicos que determinaban su supuesta incapacidad para afrontar un juicio.

Cuando Pinochet regresó a Chile fue aclamado por sus seguidores, pero ya no era el mismo: había perdido su inmunidad y sería procesado en su propio país.

Este documental, con guion de Luis Zaragoza y realización de Samuel Alarcón, cuenta con la participación del propio Baltasar Garzón, junto a los periodistas Ernesto Ekaizer, autor del libro Yo Augusto, y Felipe Gerdtzen, autor de Augusto Pinochet, 503 días atrapado en Londres, y la intérprete Jean Pateras, que asistió a Scotland Yard durante el arresto de Pinochet.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.

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Un juicio con jurado

¿Por qué hay juicios con tribunal del jurado en España? ¿Cómo son? ¿Puede un grupo de personas sin conocimientos jurídicos juzgar a otra con garantías?

Aprovechamos que la ley del jurado cumple 30 años para diseccionar un juicio de este tipo e intentar responder a todas esas preguntas. Hablamos con profesionales que llevan años trabajando con tribunales populares: el juez David Cubero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Elena Contreras, coordinadora del Servicio del Jurado de la Fiscalía Provincial de Barcelona, la abogada Susana Soto y el magistrado Luciano Varela, redactor de la Ley en 1995. Además, tratamos de ponernos en la piel de un miembro de un jurado con la ayuda de Cristina Díaz, que formó parte de un tribunal popular hace tan solo unos meses.

"Hasta ayer, como quien dice, los estudiantes de derecho rebuznaban esta canción: "Viva el derecho romano, que al esclavo manu mite y a la esclava mite manu". Alguno de esos rapsodas llegaron a jueces y, aunque el derecho romano sea la base del derecho continental, ellos quedaron anclados en el 700 antes de Cristo". Conocemos la 'cara B' de la semana con Juan Carlos Soriano.

El 16 de octubre de 1946 diez líderes nazis condenados en Núremberg fueron ejecutados. Otros murieron asesinados sin juicios o huyeron a países como España. ¿Qué se hizo desde entonces con los criminales de guerra?. Escúchalo en RNE Audio con Julián Casanova.

La Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados ha publicado el informe "Anatomía de un genocidio" en el que acusa al gobierno de Israel de al menos 3 actos genocidas en su campaña militar en Gaza. Francesca Albanese señala, además, a la llamada Comunidad Internacional por no exigir rendición de cuentas y pide sanciones y un embargo de armas. Un reportaje de Cristina Sánchez.

Los letrados de la Administración de Justicia han comenzado una huelga indefinida desde el martes 24 de enero. En 24 horas de RNE ya estuvo Jaume Herraiz, director de la Comisión de Estudios e informes del Colegio Nacional de Letrados, exponiendo los principales motivos de esta convocatoria: "Queremos un estatuto acorde a nuestras funciones. En 2009 asumimos muchas que antes eran de los jueces".

Hoy, en el informativo ha recogido el guante el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez Esquerdo para explicar sus razones: "El motivo de la huelga no puede ser económico porque un letrado de la Administración de Justicia cobra entre un63% y un 83% más que un funcionario público de su misma categoría", ha asegurado. Esquerdo también ha informado sobre el seguimiento de la huelga durante esta primera jornada: "El 28% hace huelga con servicios mínimos, sin servicios mínimos el seguimiento alcanza el 39%".

El secretario de Estado de Justicia ha asegurado que han llegado a acuerdos con los letrados "en diez ocasiones de once" y ha explicado el motivo de la discrepancia en ese último punto que falta: "Es el que tiene que ver con el sistema de productividad y el complemento de carrera profesional", ha dicho. "Tengo que decir que los letrados no son ni jueces ni fiscales, por lo que esa aspiración no se podrá conseguir", ha considerado y ha añadido que es "curioso" que con salarios "entre 39.000 euros y 60.000 euros" vayan a una huelga que perjudica a "todos los operadores jurídicos", pero fundamentalmente "a todos los ciudadanos".

Antonio Rodríguez Esquerdo también ha respondido sobre la aplicación de la conocida como 'ley del solo sí es sí': "Es una buena ley y una conquista feminista, aunque nos preocupa la revisión de las penas. Esperamos que el Supremo siente jurisprudencia", ha explicado en RNE.

Hoy es el Día de la Justicia Gratuita y de Turno de Oficio, un servicio que ofrecen uno de cada tres abogados de los cerca de 145.000 colegiados que hay en nuestro país. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha explicado en Las Mañanas de RNE que este servicio tan necesario es, a pesar de lo que se puede pensar, superior al ofrecido en el sector privado, ya que los profesionales cuentan con una formación mayor y específica en la materia que tratan.

Ha recordado también su importancia para las familias con menos recursos, sobre todo en momentos de crisis económica cuando las reclamaciones se ven incrementadas. Y ha destacado la función que tiene de “pretender que el acceso a la justicia sea exactamente igual para toda la ciudadanía sin importar sus condiciones económicas”.

El Bundestag tiene que establecer los criterios por los que se tienen que regir los médicos alemanes en caso de saturación de las UCIS que impida atender a todos los pacientes. Las UCIS alemanas no han llegado todavía a esa situación porque se ha recurrido a traslados de enfermos a hospitales menos saturados y los médicos contaban un criterio profesional para priorizar a los que tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Foto: Peter Kneffel / POOL / AFP. [Coronavirus: última hora en directo

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de explotaciones agrarias.

Informa Íñigo Inchusta

Hoy se presenta el Observatorio de Justicia Gratuita que analiza cómo ha funcionado el servicio en el último año. 2020 fue un periodo complicado, como consecuencia de la pandemia, aunque durante el confinamiento la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio siguieron funcionando. Victoria Ortega, presidenta del Consejo de la Abogacía Española, ha detallado que durante los meses de confinamiento hubo menos casos, pero que ahora se van recuperando. Defiende que la justicia es igual para todos y que todos pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Reconoce que la bajada de un 15% en el presupuesto de este servicio ha afectado, pero añade que “nuestro sistema de justicia gratuito está reconocido como uno de las mejores de Europea”.

María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha dicho en Las mañanas de RNE que el jurado popular actualmente es una institución mejorable, como todas. "Debe adaptarse a los tiempos y a la sociedad en la que vivimos. Creo que es importante que el ciudadano perciba este deber social de participar en instituciones como la Administración de Justicia, que entienda el papel de juzgar a una persona. Con una formación adecuada se entenderían algunas decisiones", apunta.

Cree que desde sus comienzos tiene claroscuros. "Se imparte justicia por quienes no forman parte del a carrera judicial. Es la apuesta de la Constitución en el artículo 125 y en la Ley de 1995. Cuando hemos asistido a juicios mediáticos es cuando más se ha puesto en entredicho", cuenta.

Y añade que los ciudadanos presentan muchas excusas para no participar, más allá de las recogidas por la Ley. "El ciudadano busca muchas excusas por la carga que puede suponer emocionalmente enjuiciar, por ejemplo, el homicidio del niño de Almería o crímenes que los ciudadanos perciben con la crudeza de la realidad que es. Se trata de no querer verse involucrado en eso, más allá de las molestias en el día a día que tiene el jurado", ha explicado.

Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces por la democracia, recuerda que la Ley se debatió muchísimo. "Fue la primera vez en España que se implanta una forma de participación popular en la Administración de Justicia. Es mejorable pero se ha evolucionado bien, creo que el ciudadano tiene que percibir que participa. Falta pedagogía y enseñar al ciudadano lo importante que es su participación en la justicia. Es satisfactorio para ellos y para nosotros que comprendan lo duro que es nuestro trabajo", ha dicho.