Gobierno de España

• Los socios de Sánchez exigen al PSOE que actúe ante a publicación de las grabaciones del 'caso Koldo'
• Santos Cerdán ha dimitido de todos sus cargos en el partido y ha entregado el acta de diputado en el Congreso

• El magistrado Leopoldo Puente aprecia posibles delitos de organización criminal y cohecho
• RTVE ha tenido acceso al informe de la UCO de 490 páginas en el que se señala a Santos Cerdán

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso que es "insostenible" la situación del presidente del Gobierno y de Santos Cerdán tras las últimas informaciones sobre el supuesto cobro de comisiones.

FOTO: El diputado del PP Borja Sémper, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. EFE/ Javier Lizón

• Grabaciones intervenidas por la UCO le implican en el supuesto cobro de comisiones
• Sánchez ha pedido "perdón a la ciudadanía" por confiar en él: "No debí hacerlo"

• Ve "decepcionante" la respuesta de Sánchez y dice que "ni se merece las semanas para una moción de censura"
• Vox cree que "ya están pringados casi todos" y solo falta Sánchez y exige una moción de censura al PP
• Sigue en directo toda la actualidad referente a las presuntas comisiones que habría cobrado Santos Cerdán

• Leire Díez, el registro del piso de Ábalos o el procesamiento del fiscal general han centrado los debates
• El PP también ha aprovechado la sesión de control para cuestionar al ministro de Interior por la UCO

• El secretario de Organización del PSOE asegura que no le preocupan los registros en el domicilio del exministro Ábalos
• El PSOE insiste en que mantiene "toda" su confianza en Cerdán y fuentes del partido dicen que "cierran filas" en torno a él

• La Junta de Andalucía se suma a las denuncias de la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno de Aragón
• El gobierno andaluz tilda el reparto de "capricho del Gobierno" y alega "falta de recursos e invasión de competencias"

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.

Fátima Beardo, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha lamentado que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

"Se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", ha asegurado María Rubio, de la Asociación Francisco de Vitoria, quien ha explicado que se está metiendo "la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces".

"Incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", ha denunciado Ángel Perico, de la Asociación de Fiscales.

Por su parte, Carmen Cano, del Foro Judicial Independiente, ha pedido "la retirada de ambos proyectos y para el caso de que no sea así no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga.".

Imagen: EFE/ Daniel Gonzalez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán hoy miércoles el último pleno del periodo de sesiones de control. Uno de los temas a tratar es el procesamiento este lunes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. En Las Mañanas de RNE hablamos con Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "En este caso, si examinamos con detenimiento lo que está haciendo el fiscal general del Estado es ser un servidor público que pone a la institución en primer término y le pedimos que no dimita porque es un dique de contención para nosotros".

Respecto a la reputación de la institución explica: "no tiene que demostrar el fiscal general del Estado su inocencia, sino su culpabilidad. Por lo que comenzó fue por una nota de prensa para aclarar un bulo, que atacaba la independencia y profesionalidad de los fiscales". El presidente de la UPF ha recalcado el papel de los fiscales en defensa de García Ortiz: "No somos un apéndice del Poder Judicial, somos una institución constitucional fundamental para que el Poder Judicial funcione correctamente [..] y para eso tenemos que ser fuertes, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser independientes y tenemos que tener la posibilidad de poder emitir notas de prensa para desmentir bulos, sin que por ello se nos abran causas penales", concluye.

• En un paro convocado ante todas las sedes judiciales, han amenazado con ir a la huelga si no se retiran
• Protestan contra la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

• Han votado a favor 14 comunidades, mientras que se han abstenido Madrid, Murcia y Valencia.
• El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado "muy contento" con la reunión de este martes

• PSOE y Sumar trasladan su "total confianza" hacia el fiscal general del Estado tras su procesamiento
• La oposición y los socios de investidura fuerzan la comparecencia de Sánchez en el Congreso

La ejecutiva de Compromís ha optado por seguir en Sumar y pide reevaluar el pacto para "establecer un nuevo marco de relaciones". "Se trata de reformular este grupo parlamentario, que está conformado por diferentes proyectos políticos y pensamos que la unidad no tiene que significar nunca uniformidad", asegura Àgueda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, en 'Las Mañanas de RNE'.

Micó insiste en que Compromís "no puede hacer otra cosa que defender los intereses de los valencianos y valencianas". "Hay un culpable de la catástrofe de la dana, que es Carlos Mazón, pero también tenemos que hablar de reconstrucción y de cómo el Gobierno tiene que dar respuesta, por eso pedimos las comparecencias", asegura Micó tras la falta de consenso sobre la propuesta de citar al presidente del Gobierno en la comisión parlamentaria. "Nosotros pensamos que el Gobierno tiene que dar explicaciones en esa comisión de investigación", defiende la portavoz.

• El tribunal de garantías entiende que "es una decisión personalísima del juez o magistrado"
• La CE alega que la amnistía no responde "a un objetivo de interés general", sino "parece ser una autoamnistía"

El juez procesa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y senador, ha expresado en el informativo 24 horas de RNE, ha expresado que es un "hecho inédito" que atenta contra la democracia y ha asegurado que demuestra "la degradación política y ética en la que se ha metido el propio Gobierno y que llega hasta la propia Fiscalía General del Estado." Ha recalcado que ha hecho "uso de sus competencias, de su poder y de su influencia para para revelar secretos en un tema que afecta a un particular" y que, por ello, "no solo debería de implicar la dimisión del fiscal general del Estado, sino de la de todo el Gobierno empezando por Sánchez." Además, ha insistido en que "el objeto ha sido dañar políticamente a un adversario."

También ha hablado otros asuntos de actualidad como el tema de la vivienda y ha considerado que si se le da "seguridad al propietario a la hora de que ponga su vivienda en alquiler y estoy convencido de que miles de viviendas saldrían al mercado de alquiler" y ha comentado que están trabajando para que el PP aglutine todo el espacio que está a la derecha del PSOE.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha cumplido cinco años con luces y sombras. Ha mejorado la situación de más de tres millones de personas, pero no ha llegado a todos los que lo necesitan. Por desconocimiento o por la dificultad de los trámites, cientos de familias se quedan sin la ayuda.

Pero, los que sí se benefician de la ayuda como Auristela Rodríguez, cobra 700 euros y, con un hijo menor de edad, pagaba el "alquiler, comida, servicios, no llegaba". Debido a esto Rodríguez solicitó el IMV, de unos 500 euros de media por hogar, compatible con el empleo.

Durante sus cinco años de existencia, ha llegado a más de un millón de hogares y se han visto beneficiados más de tres millones de personas. A pesar de los beneficios, varias entidades sociales han denunciado lentitud en el procedimiento. Diego Gafo, trabajador social en Cáritas, afirma que las solicitudes se demoran durante "meses y meses de espera, seis o más hasta que resuelven".

El 43% de los beneficiarios son menores de edad, más de 1,3 millones. Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a aumentar esta cifra. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirma que el compromiso del Ejecutivo es "que en 2027 lleguemos a un 40% más de menores de edad en riesgo de exclusión".

Foto: GETTY

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que mantiene su confianza "absoluta" en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda. Y, por tanto, nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto", ha señalado en declaraciones a los medios.

Bolaños ha recordado que "este auto no es firme" y "cabe recurso de apelación", por lo que "van a estar al sistema de garantías y al sistema de recursos que tiene nuestro país". "Sin duda, al final la verdad prevalecerá", ha recalcado, para después rechazar una posible dimisión de García Ortiz.

Además, ha negado "rotunda y categóricamente" que hubiese "eventuales instrucciones de la presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado". "Esto no sucedió nunca y lamento mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca", ha sentenciado.

Foto: EFE/Mariscal

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este lunes la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Mañaneros 360, Torres ha asegurado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido "exoneradas", por lo que cree que esta presunción de inocencia "hay que mantenerla hasta el final".

A su vez, ha señalado que no hay pruebas de que Moncloa diera instrucciones al respecto y se ha mostrado convencido de que, al final, "la verdad relucirá": "Ahora empezará un nuevo proceso en el que estamos convencidos de que saldrá a relucir la verdad, que repito todo se inicia cuando se publica una información que no es verdadera. La justicia tiene sus pasos, la presunción de inocencia debe darse", ha insistido.

• Bolaños niega "rotundamente" que el fiscal actuara por "indicaciones de Moncloa"
• Torres señala que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido "exoneradas"