Los anuncios de grandes procesos de ajustes de plantilla en el sector bancario han abierto el debate sobre los sueldos de los directivos de la banca. El Gobierno ha endurecido su discurso y pide al Banco de España (BdE) que limite los ERE y honorarios que considera "inaceptables". Un proceso que no es fácil, ya que los grandes bancos españoles dependen directamente del Banco Central Europeo (BCE) que tan solo puede limitar la parte variable de estos salarios en caso de riesgo de quiebra de la entidad examinada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "muy graves" las amenazas de muerte que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
"Es muy grave que les hayan enviado una amenaza de muerte en toda regla y para que no quedara duda mediante las correspondiente balas en el mismo sobre", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas este viernes.
Además, ha asegurado de que no se parará hasta encontrar a "los responsables de semejante amenaza de muerte" y ha resaltado que hoy toda la sociedad debe estar "sin ambages, ni vericuetos condenando literalmente lo que no puede ser admisible de ninguna de las maneras".
FOTO:Carmen Calvo, en una imagen en el Congreso de los Diputados. EFE/Juan Carlos Hidalgo
La sexta actualización de la Estrategia de vacunación contra la COVID-19, que ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad, deniega la posibilidad de que los menores de 60 años elijan voluntariamente la vacuna de AstraZeneca, tal y como planteaban algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía. El texto recuerda que "la elección de la vacuna a aplicar no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de la vacuna para los diferentes grupos de población".
El documento actualizado por Sanidad especifica que el grupo 9 (personas de 51 a 59 años) "recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y las evidencias"
El líder del PP, PabloCasado, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con lo que exige el Consejo de Europa y haga una reforma para reforzar la independencia judicial; la condición que el PP pone para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El jefe de la oposición ha celebrado que el Gobierno haya retirado la reforma que pretendía rebajar la mayoría necesaria para a los vocales del CGPJ. Y asegura que si Sánchez acepta lo que dice el Consejo de Europa y refuerza la independencia judicial, "mañana mismo se puede renovar el CGPJ".
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo cómo valora la situación general de España. Espinosa ha reprochado al Gobierno que prepare "el "peor hachazo fiscal" y que no hay ayudas para las empresas pero sí "para mantener a menas en toda España" y para "la estancia de inmigrantes ilegales en Canarias" mientras los españoles y los inmigrantes legales "están en las colas del hambre". Calvo ha respondido que valora la situación en España "como la gran democracia que somos, peleando contra una pandemia, cumpliendo escrupulosamente en materia de derechos humanos en relación a los menores no acompañados que llegan". "Lo suyo es el odio, literalmente el odio", ha dicho Calvo a Espinosa de los Monteros, y le ha espetado: "Ustedes no deberían caber en la política de este país, los derechos de esos niños tienen el discurso del dolor y del desamparo y si usted no lo ve lo tendría que pensar".
La portavoz del PP, Concepción Gamarra, ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, Carmen Calvo, ¿qué razones impulsan al Gobierno a ignorar al Consejo de Estado?, en referencia al informe que recomendaba al Ejecutivo impulsar una legislación para no tener que recurrir al estado de alarma en la toma de medidas contra la pandemia de coronavirus. A lo que Calvo ha respondido: "Ninguna razón porque no lo ignoramos". Gamarra ha replicado después "qué poca humildad" y se ha referido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que "la UE ha tenido que frenar en seco". La vicepresidenta primera del Ejecutivo ha respondido: "Al Gobierno no lo suplanta ningún órgano porque este Gobierno es el que sale de las urnas".
El 9 de mayo finaliza el estado de alarma y, este martes, socios del Gobierno como Esquerra y Compromís se muestran dispuestos a estudiar el plan B jurídico que ha presentado el PP. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que hay mecanismos legales suficientes para mantener a raya al virus.
Foto: El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví y el de ERC, Gabriel Rufián, este martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén POOL
El intervalo entre las dos inyecciones pasaría de los 21 y 28 días actuales, que se indican en las respectivas fichas técnicas, a seis u ocho semanas. Esto es, entre 42 y 56 días, más del doble de tiempo, pero solo para menores de 80 años. Mientras tanto, para mayores de 80 años y grupos de riesgo, las segundas dosis se mantendrían como hasta ahora.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030, la inversión de 730,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la transformación del sistema de cuidados. Dichos fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas.
La ministra Ione Belarra ha explicado los "tres ejes" de esta "transición social".
La mayor parte de los fondos, más de 400 millones, irá destinada a fomentar un modelo de atención domiciliaria a las personas dependientes, y las residencias deberán convertirse también en entornos similares a los domésticos. "El modelo residencial ha mostrado sus limitaciones en esta pandemia", ha dicho Belarra.
Otros 216,9 millones se invertirán en reformar el modelo de atención a la infancia y en la modernización tecnológica de los servicios sociales. Por último, 31,5 millones se destinarán en medidas que apuesten por la accesibilidad para personas con discapacidad.