Las comunidades perfilan ya sus planes parael final del estado de alarma en menos de una semana. El debate entre relajar o mantener las restriccionesrecuerda al de junio de 2020, cuando llegó el fin del primer periodo de excepción. Hemos preguntamos a varios expertos sobre las semejanzas y diferencias entre las dos fechas.
Si nada cambia a lo largo de esta semana, el domingo decaerá el estado de alarma y entraremos en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Las decisiones para restringir ciertos derechos quedarán en manos de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas. Hemos analizado el nuevo escenario con José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Jonay, “el foco no solo hay ponerlo sobre las herramientas, sino en su efectividad. Debemos pensar cómo modificar el comportamiento con motivo de este cambio legal”. Él cree que la legislación actual podría ser suficiente si la evolución epidemiológica avanza al ritmo al que lo está haciendo ahora y todos ponemos de nuestra parte. “El comportamiento individual seguirá siendo uno de los principales condicionantes en la evolución de la pandemia. Tendremos que observar dos semanas para ver si la tenencia descendente se sigue reduciendo”, ha dicho en RNE. La vacunación, añade, contribuirá al éxito de la situación pero, en este sentido, recuerda que habrá que seguir aplicando restricciones y teniendo cuidado hasta que no avance la campaña en todo el mundo. “Si aspiramos a recuperar la vieja normalidad, hasta que países como India no consigan controlar la pandemia, no conseguiremos volver a ella”, ha concluido.
El Gobierno plantea eliminar de manera "paulatina" la reducción por tributación conjunta en el IRPF al considerar que "genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", que suelen ser mujeres. Esta medida está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se adoptará mediante el establecimiento de un régimen transitorio. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que suprimir este beneficio no está en la agenda del Gobierno en este momento. Ha destacado que la propuesta está incluida en el apartado sobre igualdad de género y no en el bloque de reformas fiscales. Un grupo de expertos está estudiando la cuestión y el Ejecutivo tomará una decisión en 2022. Hacienda ha subrayado que en ningún caso supondrá un aumento de la carga fiscal de las familias.
Los efectos de la crisis sanitaria en la economía española han expandido sus redes al déficit previsto para este año. El Gobierno empeora su previsión y pronostica un aumento de siete décimas sobre lo previsto hace unos meses. La nueva proyección enviada a Bruselas dentro del Programa de Estabilidad arroja un 8'4 % para 2021 y fía parte de la recuperación al impacto de las futuras reformas fiscales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que la deuda pública pasará del 119,5 % este año al 112,1 % en 2024. La deuda seguirá una senda progresiva de reducción y cerrará 2022 en el 115,1 %. En 2023, está previsto que acabe en el 113,5 %.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el déficit cerrará 2021 en el 8,4 %. Ha añadido que el desequilibrio de las cuentas públicas en "un escenario inercial" irá reduciéndose y será del 5 % en 2022, del 4 % en 2023 y caerá hasta el 3,2 % en 2024.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que todas las herramientas que están vigentes para controlar la pandemia seguirán usándosecuando termine el estado de alarma, pese a las dudas de la oposición. Se refiere alas medidas acordadas entre las comunidades autónomas en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 y el Plan de respuesta temprana (que recogen recomendaciones en función de la incidencia), y también a la vacunación.
Continúa el debate sobre qué restricciones se podrán tomar ante el coronavirus cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. A diez días de la fecha, como Castilla y León, el lehendakari Iñigo Urkullu pide que se alargue uno o dos meses en todo el país, pero el Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes. El PP quiere una reforma legal que permita tomar medidas sin aval judicial.
2021 arranca con destrucción de empleo. Esta es una de las conclusiones de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año que cifra esa pérdida en 136.500 puestos. El estudio también destaca una ligera bajada de la tasa de paro, pero descubre un dato preocupante: aumenta el número de hogares con todas las personas en paro que ya superan el millón doscientos mil.
El fin del estado de alarma supondrá el fin del cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, por lo que las comunidades se preparan para ese escenario y piden al Gobierno cobertura jurídica. País Vasco y Cantabria sugieren que, para controlar la pandemia, se pueda decretar el estado de alarma solo en las autonomías con mayor incidencia de contagios. El presidente de la Comunidad Valenciana, sin embargo, cree que no es necesario seguir con esta figura. Por su parte, Madrid o Galicia piden que se modifique la ley de Salud Pública, mientras otras comunidades se han limitado a solicitar un marco jurídico que evite las situaciones que se dieron el verano pasado, cuando en algunos territorios los jueces avalaban unas restricciones mientras en otras comunidades las echaban atrás. (Foto: EFE)
El próximo 9 de mayo terminará el estado de alarma que, entre otras cosas, permite restringir la movilidad. Este miércoles se reúne el Ministerio de Sanidad con las autonomías y, aunque no está en el orden del día, algunas van a plantear qué medidas contra la COVID-19 se van a poder adoptar a partir de esa fecha.
Limitaciones en las reuniones, toques de queda y cierres perimetrales de distinto tipo según la comunidad... Todo esto desaparece si, como está previsto, decae el 9 de mayo. El nuevo escenario: que cada comunidad decida. Es lo que ocurrió el verano pasado, las "medidas quirúgicas". Con la misma limitación que entonces: sin estado de alarma todas las medidas que afecten a derechos fundamentales tienen que ser avaladas antes por un juez.
Dos tercios de los españoles mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, aunque el porcentaje varía según el tramo de edad. Entre los mayores de 80 años, todos, el 100%, han recibido ya el primer pinchazo y el 77% tiene la pauta completa. Ese porcentaje baja al 67% entre los de 70 a 79 años aunque ha subido mucho en estas últimas semanas. Hace un mes, sólo cerca del 4% tenía al menos una dosis. En la franja entre 60 y 69 años, el porcentaje con una dosis baja al 47% y al 13% entre 50 y 59 años.
Todavía no se sabe qué va a pasar con los menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sanidad pide voluntarios para CombiVacs, el ensayo en el que se administra la segunda inyección con Pfizer.
El secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, reclama "una fecha concreta" para abrir las fronteras españolas a los turistas vacunados o que tengan una prueba PCR negativa o un test de antígenos. Entrevistado en TVE, Abella apunta que Grecia ya ha fijado el 14 de mayo para que vuelva el turismo y que España debería hacer lo mismo. Propone también que se reactiven cuanto antes los viajes del IMSERSO y que los ERTE en el sector se prorroguen hasta fin de año, como ha hecho Alemania.
Juana Ruiz Sánchez, la mujer española detenida sin cargos por Israel desde hace casi dos semanas, seguirá privada de libertad otros siete días más tras la cuarta audiencia.
