Gobierno de España

Un día después de que dos particulares tramitasen la solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han llegado las primeras reacciones políticas. El Gobierno habla de normalidad y dice que lo único que ha hecho el ministerio de Justicia es dar trámite a dos peticiones ciudadanas y será el Tribunal Supremo quien resuelva. Desde el Partido Popular dice que "son conductas reiteradas que vemos por parte del Gobierno" pero "no es lo que piden los españoles". Según el Vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, hay que ocuparse de cuestiones como las víctimas y los heridos de los accidentes de trenes o la revalorización de las pensiones.

Imagen: EFE/J.J. Guillén

Los pensionistas critican la caída de la actualización de las pensiones con el rechazo del Congreso del decreto ómnibus del Gobierno. Jon Fano, portavoz del movimiento de pensionistas del País Vasco, acusa En las Mañanas de RNE a los partidos políticos de "anteponer intereses partidistas": "No tiene ninguna explicación ni justificación" sentencia Fano. Lamenta que se mezclen diferentes intereses políticos en una cuestión como esta, que lo único que hace es "torpedear".

Una vez rechazado, Fano reclama que si es necesario se lleve por separado esta subida y que "el Gobierno tome todas las medidas necesarias" para que salga adelante y que "antes de culminar el mes" se haya celebrado un pleno en el Congreso donde se apruebe la subida para que sea efectiva ya en febrero. El movimiento de pensionistas también ha convocado concentraciones en el País Vasco a las puertas de la sede del PP a quien culpan de que la actualización no se aplique ya. Por otro lado, también exigen que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional.

Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el PP han aprobado desde los años ochenta hasta siete procesos extraordinarios de regularización de migrantes con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.

El gobierno de Felipe González llevó a cabo tres, la primera en 1986; la siguiente entre los años 1991 y 1992. Y en su último año como presidente, en el 96, fue la última. Ocho años después, en 2000, el presidente José María Aznar llevaba a cabo su primera regularización y un año después, repetía. La última y la más numerosa fue bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005. Entonces, más de 576.000 personas pasaron a tener una situación regular en nuestro país.

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El Gobierno quiere prohibir por ley que los niños puedan asistir a espectáculos taurinos, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas. Algunas comunidades ya han puesto límites de edad en las corridas de todos, otras los han levantado y lo cierto es que la medida enciende el debate.

Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo

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Podemos saca pecho del acuerdo. Reconoce también que habrá una contrapartida, que no ha desvelado. De momento, los morados se abren a negociar la delegación de competencias a Cataluña. El PP se opone y cree que provocará un efecto llamada.

FOTO: Trabajadores de origen marroquí recolectan lechuga en un campo de Murcia. EFE/Marcial Guillén

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• La medida ya se aprobó el pasado mes de diciembre, pero aún no tenía dotación presupuestaria
• Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, están estudiando fórmulas para mejorarlo

• Carga contra el PP por no apoyar el decreto ómnibus: "Está golpeando a 10 millones de pensionistas"
• La vicepresidenta segunda cree que la regularización extraordinaria de migrantes es la "mejor noticia"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamenta que el decreto ómnibus que plantea el Gobierno no vaya a salir adelante por el voto en contra del PP y le acusa de "golpear" a los pensionistas, ya que este decreto recoge la subida de las pensiones con el IPC: "Es un error mayúsculo". Díaz acusa a los populares de perjudicar a la clase trabajadora y a los pensionistas para "desgastar" al Gobierno. La ministra rechaza las críticas por no llevar esta medida en solitario, asegura que forma parte de la actividad parlamentaria y que porque "no te guste algo" no se puede hacer decaer todo.

Díaz destaca el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Podemos para regularizar a medio millón de personas: "Me parece maravilloso" y asegura que es una norma que cuenta con la aprobación de todas las formaciones políticas, excepto la extrema derecha. Aun así, acepta que hay cosas a mejorar como reforzar las oficinas de extranjería. También quita hierro a que sea una medida pactada con Podemos: "Se negocia con todo el mundo, las políticas no son de los políticos, son de la gente"

Díaz también ha destacado los buenos datos de la EPA que sitúan el paro por debajo del 10%. Ante lo que asegura que es una cifra económica, insta a los empresarios a pactar la subida del salario mínimo interprofesional en un 3,1%. El ministerio ofrece ventajas fiscales para los empresarios si suben los sueldos más allá del SMI: "Va de compromiso, de repartir la riqueza".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, celebra que el Gobierno lleve a cabo la regularización de medio millón de personas en situación administrativa irregular. Una medida que han pactado con el PSOE y que según Montero es una muestra de que "el método Podemos funciona" a la hora de negociar y apunta que los socialistas de otra manera no habrían aceptado esta medida. Montero reconoce que hay una contraprestación, pero no ha querido desvelar que ha negociado con el PSOE y a qué van a votar a favor después de pactar esta medida.

La regularización pactada entre ambos partidos implica que todas las personas que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 podrán conseguir los papeles y para ello tendrán que acreditar haber residido en España durante 5 meses. Se podrá hacer con el empadronamiento, pero también con un informe médico y se podrá hacer desde cualquier oficina de registro no solo de extranjería. Montero ha explicado que la solicitud a trámite ya otorga 1 año de permiso temporal. También defiende que la medida no pase por el Congreso y lo apruebe directamente el Gobierno:"Con los derechos humanos no se negocia".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta que la prórroga que impide los desahucios pueda decaer en el Congreso si no sale adelante el decreto ómnibus del Gobierno. El portavoz, Paco Morote, lamenta que esta cuestión forme parte de la pugna política y pide que se garantice el derecho a la vivienda: "Hay grupos políticos que quieren darle una patada en el culo al Gobierno con la gente vulnerable". Avisa que, de decaer, pueden producirse "decenas de miles de desahucios" de personas en situación de vulnerabilidad. Pide que los derechos de las personas no estén "supeditados" a este tipo de negociaciones y que tengan carácter estructura y permanente.

Partidos como Junts per Catalunya se oponen porque "perjudica a los pequeños propietarios" una premisa que Morote asegura que es "falsa". Explica que el decreto ya contienen medidas de compensación para los propietarios y lamenta que el sistema público no cuenta con alternativa habitacional para todas las personas que podrían perder su vivienda. En este sentido, también pide a las comunidades gobernadas por el PP que apliquen medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

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El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". El Real Decreto es fruto de un acuerdo con Podemos y de una "suma de voluntades que ponen en el centro a las personas".

Tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia y que no tengan antecedentes penales.

Duras críticas de los líderes de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, que hablan de "efecto llamada".

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