Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) , que prevé que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales, en lugar de los jueces, como hasta ahora. La norma actual que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos ha sido reformada en varias ocasiones per mantiene las bases desde que fue aprobada en 1882. Además, el texto desvincula la figura del Fiscal General de la legislatura, y su mandato pasará de cuatro a cinco años. Solo podrá ser cesado si incumple de forma grave sus funciones. Y con la nueva ley los partidos políticos se quedan fuera de la acusación popular, que en la actualidad pueden ejercer para cercar al adversario y acceder de primera mano a toda la información sobre el proceso. Tampoco podrá ser ejercida por sindicatos o asociaciones que no tengan un vínculo con la causa. Foto: Un mazo de juez junto a un libro de derecho. Getty Images.

Programa 60. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos trae la última hora de Remedios Sánchez, la asesina conocida como 'matayayas' está siendo ahora investigada como presunta responsable de matar a una anciana en A Coruña durante un permiso penitenciario. Seguimos conversando con el antropólogo Xosé Ramón Mariño sobre el caso Romasanta, ya que sus investigaciones demuestran que el hombre lobo de Allariz (Ourense) nació como Manuela Blanco Romasanta. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza si en España se han tomado medidas similares a la tolerancia cero aplicadas en Nueva York en la década de 1990. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al segundo capítulo sobre la desaparición de Cristina Bergua (1997).

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión con la ejecutiva de su formación el lunes 27 en Francia después de que Míriam Nogueras amenazase a Pedro Sánchez con que quizás sea "el momento del cambio". Por su parte el Gobierno pide más diálogo y seguirá negociando. El profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, Lluís Orriols, cree que es "muy poco probable" que Junts hagan moción de censura con el PP. Señala el escenario de crisis que podría surgir en el partido de Puigdemont si se presentase a elecciones: "Junts no es un partido que esté consolidado, no sabemos qué posición va a tener [...] En unas elecciones ahora mismo, Junts perdería un poder político en la escena política española".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado nuevos avances con el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Todo a falta de 3 días de la reunión en la que Junts decidirá si rompe relaciones con el Ejecutivo central, o incluso si apoyarían una moción de censura con PP y Vox.

España y Alemania han acordado este viernes "abrir un diálogo" para reconocer las tres lenguas cooficiales del país en Europa. En este contexto, le han vuelto a preguntar a Sánchez cuándo se va a reunir con Puigdemont: "¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Esas reuniones se producirán, ¿cuándo? Pues cuando toque", ha zanjado.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que es el momento de intensificar las negociaciones: "Concitar el apoyo de Junts y del resto de formaciones para hacer avanzar nuestro país, no tenemos otra preocupación que esa".

El expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el próximo lunes en Perpiñán a la cúpula de su partido para decidir si mantienen su apoyo al Gobierno y si estarían dispuestos a respaldar una moción de censura del PP contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ante estas amenazas de sus socios de investidura, Sánchez ha respondido que los cambios pueden ser para "avanzar o involucionar" y ha reiterado su compromiso de cumplir todos los acuerdos que tiene con la formación catalana.

Aunque desde el Gobierno le han quitado hierro al asunto, temen que Junts esté cayendo en manos del PP. Por su parte, el dirigente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la legislatura no debería ni haber empezado: "El señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía".

Imagen: FE/EPA/OLIVIER MATTHYS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presionado este lunes a los socios del PSOE en el Gobierno para "congelar" los precios del alquiler. "Se va a imponer el sentido común", ha afirmado en una entrevista al 'La hora de La 1' de TVE, en la que ha reiterado que hace ya "muchos meses" que en Sumar no están de acuerdo con la política del Ministerio de Vivienda, con el que quieren "negociar".

Más tarde, Díaz ha evitado hablar de la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, como sugirió la portavoz de su partido esta semana, y ha defendido que prefiere hablar de "políticas" que de "personas". Además, ha señalado otros momentos en los que s ehan intervenido los precios en el mercado, con la oposición inicial de los socialistas, como en el caso de la energía con la excepción ibérica.

Los ministros del PSOE cierran filas con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Defienden su labor, después de que la portavoz de Sumar en el Congreso sugiriera este martes que debía dimitir. La misma Rodríguez se ha defendido también este miércoles de las críticas.

Foto: EFE/ Pablo Martín

Hoy, el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la Cámara Alta va a pedir al Ejecutivo que presente en el Congreso unas nuevas cuentas en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. Analizamos esta cuestión con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

El artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". ¿Qué consecuencias legales puede tener no hacerlo? Según el catedrático, "el Gobierno ha incumplido flagrantemente esa obligación constitucional los dos últimos años. El debate de presupuestos es la esencia de la democracia parlamentaria".

"El conflicto de atribuciones es desconocido, pero este caso encaja como anillo al dedo", explica Tajadura. "El Constitucional es un árbitro que resuelve conflictos entre poder central y poderes territoriales pero también puede resolver conflictos entre órganos del propio poder central. Y esto es lo que ocurre con el conflicto de atribuciones. De los cuatro órganos constitucionales, uno podría invadir las competencias del otro. Ahí aparece el Constitucional para resolver los conflictos".

"La no presentación del proyecto de Presupuestos, no le damos suficiente importancia pero es un ataque sin precedentes al Parlamento porque lo neutraliza porque no puede hacer sus dos funciones básicas: aprobar los presupuestos, o rechazarlos, y controlar al Gobierno. Entonces el Senado no puede ejercer su función", añade. Entrevista completa en RNE Audio.