Los ministros del PSOE cierran filas con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Defienden su labor, después de que la portavoz de Sumar en el Congreso sugiriera este martes que debía dimitir. La misma Rodríguez se ha defendido también este miércoles de las críticas.
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Hoy, el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la Cámara Alta va a pedir al Ejecutivo que presente en el Congreso unas nuevas cuentas en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. Analizamos esta cuestión con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
El artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". ¿Qué consecuencias legales puede tener no hacerlo? Según el catedrático, "el Gobierno ha incumplido flagrantemente esa obligación constitucional los dos últimos años. El debate de presupuestos es la esencia de la democracia parlamentaria".
"El conflicto de atribuciones es desconocido, pero este caso encaja como anillo al dedo", explica Tajadura. "El Constitucional es un árbitro que resuelve conflictos entre poder central y poderes territoriales pero también puede resolver conflictos entre órganos del propio poder central. Y esto es lo que ocurre con el conflicto de atribuciones. De los cuatro órganos constitucionales, uno podría invadir las competencias del otro. Ahí aparece el Constitucional para resolver los conflictos".
"La no presentación del proyecto de Presupuestos, no le damos suficiente importancia pero es un ataque sin precedentes al Parlamento porque lo neutraliza porque no puede hacer sus dos funciones básicas: aprobar los presupuestos, o rechazarlos, y controlar al Gobierno. Entonces el Senado no puede ejercer su función", añade. Entrevista completa en RNE Audio.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes nuevas medidas para reforzar la atención a enfermos de ELA, con una inversión de 500 millones de euros y la creación de un Grado III+ de dependencia extrema, que permitirá prestaciones de hasta 10.000 euros al mes y asistencia 24/7. En el informativo 24 horas de RNE hemos hablado sobre ello y analizado estas nuevas ayudas con Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA).
Martín ha apuntado que, de esos 500 millones de euros que invertirá el Gobierno, "387 son para la ley y 123 para el sistema de dependencia". Además, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para evaluar "el real decreto y el texto". Aunque, si hay algo que celebran, es que conceptos como el Grado III+ hayan salido adelante: "Ojalá sirvan para que esto sea de verdad una revisión del cuarto pilar del Estado del bienestar y sirva para mejorar la vida de personas que, a día de hoy, están fuera de ese Estado del bienestar".
El presidente de ConELA ha explicado que tendrán que analizar y ver a dónde van destinados esos 10.000 euros al mes que se emplearán en la asistencia a los enfermos: "Porque la nota de prensa habla de un 50 % del Estado y un 50 % de las comunidades autónomas. Hay que verlo de acuerdo con el artículo 32 y el artículo 9 de la ley de atención".
La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tenido un lapsus este martes durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno del Senado. En el trascurso de su respuesta a la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, Díaz afirmó que "queda Gobierno de corrupción para rato".
Su respuesta iba dirigida a la pregunta de García que había preguntado que si Sumar iba a seguir apoyando al Gobierno a pesar de los indicios de corrupción y financiación irregular. La ministra dio su respuesta y el lapsus lo sufrió cuando se le agotaba el tiempo de intervención. De hecho, tras el desafortunado comentario, volvió a trastabillarse con la palabra corrupción.
La bancada del PP estalló en risas y, ante este comportamiento, Díaz afirmó que si siguen así no van a gobernar jamás.
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La dirección nacional del Partido Popular no ve inconvenientes en que se diferencien en las estadísticas a españoles de inmigrantes y respaldan la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de apoyar la propuesta de Vox para medir los datos y extraer las diferencias de cada segmento poblacional.
Entre otras cosas, el objetivo del Consell valenciano es medir lo que contribuye cada grupo al Estado, las ayudas que reciben, cuánto tiempo faltan al trabajo o qué uso hacen de las urgencias médicas. Desde Génova, han argumentado que muchas encuestadoras separan por género y sexo, diferenciación que no supone ningún tipo de polémica. Por tanto, comparten con Vox y con el PP de Valencia que también se puedan hacer distinciones en función de la nacionalidad.
El diputado popular de las Cortes de Valencia Juan Francisco Pérez Llorca ha sostenido que "recoger la información no es malo ni racista". Además, ha subrayado que puede tener aspectos positivos: "Incluso nos puede ayudar a ser mejores en la integración de los inmigrantes".
Por su parte, el Gobierno ha puesto el foco sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de ir de la mano del líder de Vox, Santiago Abascal, para tomar medidas "racistas": "Estas listas se hacen con un objetivo claro y concreto que es señalar, estigmatizar y criminalizar a los migrantes. Yo lo llamaría las listas del odio", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
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Si hace unos días chocaban por la subida a las cuotas de los autónomos, ahora la vivienda vuelve a enfrentar a los socios de coalición y en Sumar sugieren que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tomar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. "Se nos está acabando la paciencia con ella", ha avisado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.
Rodríguez presentó a principios de octubre a las comunidades autónomas un plan Estatal para "consolidar" el parque público de vivienda, rehabilitar inmuebles en barrios urbanos y medio rural, y ayudas para los jóvenes para adquirir una residencia. Además, propuso atajar lo que considera que es la "raíz" del problema: incentivar la construcción para atajar la falta de oferta.
Preguntados en el Gobierno por las declaraciones de Sumar, evitan el choque directo. "En esta legislatura este Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema. Nadie tiene duda de que para este Gobierno la vivienda es una prioridad y no vamos a cejar en ese empeño", se ha limitado a defender la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
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El Gobierno ha sacado adelante el Real Decreto para el cumplimiento íntegro de las medidas de la ley ELA, un año después de su aprobación. Contempla una financiación de 500 millones de euros para reforzar el actual sistema de dependencia y, entre otras cosas, garantiza la atención intensiva y personalizada las 24 horas del día a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades complejas, creando un derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente.
Sobre este asunto, hablamos con Estibaliz Luzón, presidenta de la Fundación Luzón, quien asegura que "es una buena noticia", aunque desde la fundación ven que esas medidas "llegan tarde": "Este año han fallecido 1.000 enfermos de ELA que no han recibido ayuda", afirma. Luzón sostiene que todavía tienen que ver el grado de implementación y cómo esas ayudas van a llegar finalmente al cabecero de la cama de los enfermos". La nueva medida incorpora una novedad: el Grado III+, un nuevo grado de dependencia extrema, para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad.
El Gobierno ha anunciado que propondrá a la Unión Europea eliminar de manera definitiva el cambio de hora estacional a partir de 2026, una medida que este año se aplicará en la madrugada del próximo sábado al domingo. Considerada una "práctica obsoleta" que "ya no aporta ahorro energético" y que genera molestias y efectos negativos en la salud, la propuesta llega en un momento en que la opinión de los ciudadanos también se ha hecho escuchar. Según una encuesta de la OCU, el 70 % de los españoles prefiere mantener el horario de verano frente al 23 % que opta por el de invierno. En el 24 Horas de RNE, el portavoz de la OCU, Enrique García, subraya que "no hay una evidencia clara y científica del ahorro energético" de estos cambios, mientras que la experta en sueño y ritmos circadianos, la doctora Carla Estivil, advierte de que alterar la hora provoca disrupciones biológicas y problemas de salud, especialmente en niños, personas mayores o quienes padecen patologías, aumentando incluso el riesgo de accidentes cardiovasculares y de tráfico.
El Gobierno propone congelar en 2026 la cuota de los autónomos con menos ingresos tras la polémica por las subidas iniciales, aunque la medida aún debe ser convalidada en el Congreso, donde carece de apoyos suficientes. Sobre esta nueva propuesta, en el programa 24 Horas de RNE, hemos hablado y analizado la posición de Podemos con la secretaria general del partido, Ione Belarra. La política ha considerado que es "injusto" que, en la actualidad, "los trabajadores que menos ganan paguen el 33 % de sus ingresos, y los que ganan más paguen el 10 %", y ha apuntado que "Podemos no lo va a apoyar". Además, ha añadido que "vamos a apostar por una propuesta verdaderamente progresiva".
En lo que respecta a la problemática de la vivienda, Belarra ha insistido en que "o paramos esa especulación", y eso, según la dirigente de Podemos, "se hace prohibiendo la compra de viviendas que no sean para vivir en ellas"; de lo contrario, "será imposible que la gente encuentre un alquiler asequible o pueda pagar una hipoteca".
Otro de los temas mencionados por Ione Belarra se centra en la reciente propuesta del Gobierno de introducir el derecho al aborto en la Constitución. Sobre ello, ha reconocido que "se les ha vuelto completamente en contra" y ha añadido: "Creo que hace falta menos política de titulares y más políticas de verdad, que es lo que necesita este país".
Ni los afectados, ni los partidos a izquierda y derecha, nadie había apoyado la propuesta sobre la subida de las cuotas de los autónomos para los próximos años. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al final ha tenido que rectificar su propuesta de subir desde los 17 euros al mes para los ingresos más bajos y hasta 206 para los más altos. Ahora, el Gobierno plantea congelar las cotizaciones a los autónomos que ingresen menos de 1.166 euros mensuales.
Foto: EFE/ Rodrigo Jimenez
Sumar, que criticó con dureza la propuesta inicial de la Seguridad Social para las nuevas tarifas de los autónomos, ha celebrado ahora la rectificación de su socio de Gobierno. "La propuesta que se presentó era absolutamente regresiva. Por tanto, a resultas de conocer la nueva propuesta, bienvenido el cambio desde el ministro de Inclusión", ha dicho la vicepresidenta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de castigar al que produce y ha anunciado un plan para bajar los impuestos a los autónomos: "Esto se disfraza de progresismo, y no hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce, no hay justicia social si el que trabaja paga cada vez mas y el Estado gasta cada vez peor".
En la misma línea, Vox se ha opuesto a la nueva protesta del Ejecutivo: "Nosotros hemos propuesto siempre la cuota cero", ha expresado el portavoz de la formación, José Antonio Fuster.
A la lista de rechazos se suma Podemos: "Tiene que bajar la cuota a los autónomos que menos ganan y subírselas a los que ganan mas", ha sostenido su portavoz, Pablo Fernández.
Imagen: Tomás Alonso / Europa Press
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