Las trabajadoras del hogar son un colectivo que se ha visto afectado por la pandemia. Muchas de estas empleadas trabajan sin contrato o por apenas 16 euros al día. Al no estar dadas de alta en la Seguridad Social, su situación se agrava si se quedan sin empleo, ya que no tienen derecho a prestación o a asistencia sanitaria. Además, muchas de estas mujeres vive casi en la pobreza.
Hoy es el Día Internacional de las empleadas domésticas y las cuidadoras. Una jornada en la que estas trabajadoras quieren reivindicar la falta de apoyo social hacia su colectivo. Aseguran que la pandemia del coronavirus ha agravado su vulnerabilidad y piden una equiparación de derechos con el resto de trabajadores. Piden condiciones dignas para una labor muy valiosa para el conjunto de la sociedad
La pandemia ha empeorado las condiciones de buena parte de lasempleadas del hogar, tan esenciales como vulnerables. Hoy se celebra su día internacional. Son quienes más empleos han perdido en la pandemia y 3 de cada 10 de estas mujeres viven en el umbral de la pobreza.
Es el doble que en otros sectores. Rafaela Pimentel, fundadora del primer sindicato de trabajadoras del hogar, asegura que muchas están en las colas del hambre. "Muchas no tienen para comer o para pagar la vivienda." No tienen derecho a paro y además hay otro punto que las hace más vulnerables: muchas trabajan en negro, algunas porque no tienen papeles y otras porque esa es la única opción que les ofrecen.
Marga se ha tropezado dos veces con esta situación. La primera cuando estuvo 14 años cuidando a una señora sin contrato. "Esos años no coticé, son años perdidos que no voy a tener derecho a una jubilación digna. Se murió y quedé en la calle." Querían brazos y llegamos personas, reivindican. Personas que además sostienen el mundo. 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de dependientes porque el sistema público no llega.
Es el sector más precarizado, con bajos salarios, sin derecho a la prestación por desempleo y, en un tercio de los casos, trabajando en situación irregular. Hablamos con Rafaela Pimentel, de la asociación de trabajadoras del hogar Territorio Doméstico y miembro de la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid.
Son más de 14.000 aspirantes y la oferta de plazas asciende este año hasta las 7.989. Algunos sindicatos las ven insuficientes.
Foto: Varias personas hacen cola en el exterior del Ministerio de Sanidad para acceder al centro de examen de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), en Madrid (Jesús Hellín/Europa Press)
La crisis del coronavirus ha afectado a la economía de 1 de cada 4 familias españolas, que ha perdido más de un 25% de sus ingresos. De esta forma, las familias españolas se han quedado expuestas ante gastos futuros y su capacidad para afrontarlos se ha visto mermada. Por contra, aquellas familias que sí han mantenido unos ingresos medios tienen más capacidad de afrontar gastos, ya que su consumo ha caído por las restricciones de movilidad de la pandemia. FOTO: MARTA PÉREZ / EFE
La planta de Ford en Almussafes (Valencia) fabricará la próxima generación de motores híbridos para el mercado europeo, según ha anunciado este jueves la dirección de la factoría al comité de empresa. La compañía ha avanzado también el aumento de capacidad de la planta de ensamblaje de baterías a partir de 2022, que coincidirá con el fin de ciclo del modelo Mondeo.
Cientos de trabajadores de Abengoa se han manifestado este viernes en las calles de Sevilla para pedir que "cualquier solución pase por el mantenimiento del empleo", después de que la multinacional española solicitase en febrero el concurso de acreedores. La empresa, que arrastra ya varios años de una grave crisis, ha pasado de los 7.000 a los 2.500 puestos de trabajo en la capital hispalense en poco más de cinco años.
La Coordinadora Estatal de Personal Público (CEPPT) ha convocado manifestaciones en varias ciudades españolas para reclamar "que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 19 de marzo de 2020 en la que se señala que estamos en abuso de temporalidad". Una temporalidad que llega, aseguran, "al 30%", lo que afecta a "alrededor de un millón de trabajadores, cerca de 700.000 ocupando puestos estructurales en administraciones públicas".
