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A una semana de que se cumpla el primer aniversario del paso de la DANA por la Comunidad Valenciana, Amnistía Internacional alerta de que el riesgo sigue ahí. Así lo ha manifestado Esteban Beltrán, director de la organización en España, en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas, alertando de que, según su informe, se sigue construyendo en zonas afectadas en las que las inundaciones podrían repetirse en cualquier momento, debido a que las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático. "Se ha optado por un urbanismo exprés, volviendo a construir en zonas inundables, y el plan de riesgos ni siquiera se ha actualizado", ha explicado. Por eso, ha concluído, "no se ha aprendido nada y no se está protegiendo a la gente".

El número de personas ejecutadas por la pena capital ha llegado a su máximo en los últimos 10 años: al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 2024, un 32% más que en 2023, según el último informe de la ONG Amnistía Internacional (AI), Condenas a Muerte y Ejecuciones 2024. A esta cifra hay que sumar las "miles" de muertes que la organización cree que se producen en países como China o Corea del Norte, naciones donde AI no puede entrar y cuyos datos están clasificados como secreto de Estado. También las ejecuciones en el Estado de Palestina y Siria, donde los conflictos actuales han impedido a la ONG confirmar las cifras.

En 2024, más de 1.500 personas fueron ejecutadas en el mundo. Según Amnistía Internacional, es la cifra tan alta desde 2015. La ONG advierte de que la cifra es aún mayor, ya que no figuran los mayores verdugos.

Ya sea como pena máxima por los delitos más graves, como arma para silenciar a la disidencia o por tenencia de estupenfacientes. Nueve de cada 10 se concentran en tres estados, con Irán a la cabeza y seguidas por Arabia Saudí e Irak.

La pena de muerte ha llegado a su máximo en la última década, con al menos 1.518 ejecuciones en todo el mundo durante el 2024, según expone Amnistía Internacional en su nuevo informe anual, en el que la ONG denuncia el ocultamiento de miles de casos, especialmente en China. Beatriz Martos, responsable del trabajo contra la pena de muerte de Amnistía Internacional, cuenta en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que, aunque actualmente 54 países mantienen vigente la pena de muerte, son cifras positivas: "Cuando comenzamos nuestro trabajo contra la pena de muerte en 1977, solo 16 países eran abolicionistas", apunta.

Acerca de los datos reales de estas ejecuciones, Martos explica que es difícil acceder a ellos en países como China, Vietnam o Corea del Norte porque estas se consideran "un secreto de Estado" y no se tienen datos oficiales. "Siempre señalamos en nuestros informes que las cifras son a la baja, puesto que no tenemos confirmación exacta de las ejecuciones en estos tres países y en otros muchos", admite. Aunque ahora mismo el número de países con pena capital ha descendido, las cifras se han disparado, concretamente las de Irán, Irak y Arabia Saudí, donde tuvieron lugar, dice Amnistía Internacional, el 91% de los ajusticiamientos. "Estos tres países se llevan la palma en cuanto a ejecuciones judiciales se refiere. Irak casi cuadruplicó el número, mientras que Arabia Saudí las duplicó e Irán es el responsable del 64% del total de las ejecuciones, muchas de ellas relacionadas con delitos de drogas", desarrolla.

La violencia en la República Democrática del Congo (RDC) se endurece. La guerrilla M23 ha tomado la ciudad de Goma, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos con el Ejército de RDC. Hay decenas de muertos y cientos de miles de civiles intentan huir a la vecina Ruanda. La ONU ha advertido de la grave crisis humanitaria en la región. El conflicto de RDC es uno de los que lleva más décadas activo: tiene sus raíces en la época colonial y en la lucha entre etnias.

Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional, asegura que los recientes combates han desplazado a unas 400.000 personas y han agravado la crisis humanitaria que sufre la región. "No es normal que esta población, que vive en una zona tan rica, sufra tanta pobreza, tanta inseguridad y tantas violaciones de derechos humanos durante tantísimos años", ha denunciado Cacho y ha asegurado que la "impunidad es un problema que hay que combatir".

Cacho explica que otro de los factores que agrava este conflicto son los minerales como el estaño y el coltán, imprescindibles para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores. "Países como China o Estados Unidos no regulan adecuadamente sus cadenas de suministro y permiten la entrada de minerales sin verificar si su origen es ético o no", ha denunciado Cacho.

Amnistía Internacional ha asegurado en un informe que Israel busca un genocidio en Gaza. Según este informe, este Estado viola la legislación internacional al cometer asesinatos de civiles y lesionar gravemente su integridad física. Carlos de las Heras, responsable de Israel y los territorios palestinos ocupados de Amnistía Internacional España, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní, donde ha expresado que "la comunidad internacional está fallando" con respecto a este conflicto: "No está poniendo en marcha acciones concretas".

El experto de la ONG ha explicado la afirmación de Amnistía Internacional sobre que Israel busca la destrucción física de la población gazatí: "Nuestro informe se fundamente en la documentación de qué actos ilegales ha cometido Israel en relación a sus obligaciones sobre la Convención sobre el Genocidio [...] Ha cometido la matanza de miembros de la población palestina de Gaza, causar lesiones graves y el sometimiento internacional", ha analizado. En cuanto al rechazo del Ministerio de Exteriores a las conclusiones de este informe, De las Heras ha admitido que "no es ninguna sorpresa".