La pena de muerte alcanza máximos en una década: "Los Estados no pueden violar el derecho a la vida"

• Amnistía Internacional denuncia que al menos 1.518 personas han sido ejecutadas en 2024, la mayoría en Oriente Medio
• El 42% de todas las ejecuciones cometidas en 2024 fueron por delitos relacionados con las drogas

La pena de muerte alcanza máximos en una década, según Amnistía Internacional

El número de personas ejecutadas por la pena capital ha llegado a su máximo en los últimos 10 años: al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 2024, un 32% más que en 2023, según el último informe de la ONG Amnistía Internacional (AI), Condenas a Muerte y Ejecuciones 2024. A esta cifra hay que sumar las "miles" de muertes que la organización cree que se producen en países como China o Corea del Norte, naciones donde AI no puede entrar y cuyos datos están clasificados como secreto de Estado. También las ejecuciones en el Estado de Palestina y Siria, donde los conflictos actuales han impedido a la ONG confirmar las cifras.

"La pena de muerte no es una forma ni legítima ni útil para combatir el terrorismo, el microtráfico o la comisión de delitos. Está demostrado que no lo es. Además, los Estados no pueden cometer la violación del derecho a la vida, que es el derecho más fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", asegura a RTVE.es la responsable del trabajo contra la pena de muerte de AI, Beatriz Martos.

Esta condena, vigente en 54 países, se usa "como un instrumento de represión y de castigo hacia la población y para infundir miedo entre las personas. Es una herramienta que se usa para criminalizar, castigar y hostigar a defensores de derechos humanos, a disidentes y a opositores políticos. También para castigar a minorías étnicas y o religiosas", explica Martos. En muchas ocasiones, cuando el Estado viola el derecho a la vida, lo hace contra personas que no han tenido acceso a un abogado, han pasado por un juicio sin garantías y con unas protecciones mínimas o cuyas confesiones de culpabilidad han sido obtenidas después de ser torturados.

El 42% de todas las ejecuciones cometidas en 2024 (637) han sido por delitos relacionados con las drogas, todas ellas llevadas a cabo de forma ilícita. Estas ejecuciones, además, "castigan y repercuten de manera mucho más fuerte a los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente, que muchas veces recurren al menudeo o al microtráfico para poder sobrevivir y mantener a sus familias", explica Martos. Los países donde más se han registrado este tipo de ejecuciones han sido Arabia Saudí (122, 35% de su total anual), Irán (505, 52%) y Singapur (8, 89%). El informe incluye en la lista a Vietnam, pero señala que los datos son inaccesibles.

Los mayores verdugos del mundo: Irán, Arabia Saudí e Irak

Sin contar los países del este asiático, Oriente Medio es la región donde más ejecuciones se han llevado a cabo este último año, en especial en Irán (+972), Arabia Saudí (+345) e Irak (+63), que juntos representan el 91% de todas las muertes capitales del mundo. Se une a la lista Yemen, con 38 ejecuciones, y Omán, que ha llevado a cabo sus primeras ejecuciones conocidas desde 2021.

Martos resalta el caso de varias mujeres iraníes en el corredor de la muerte que "sufren el riesgo de ser ejecutadas de manera inminente simplemente por el hecho de prestar ayuda humanitaria a la minoría kurda en Siria o por hacer críticas hacia la política del gobierno de Irán". Además, añade que desde las manifestaciones de Mujer, Vida, Libertad, "el número de mujeres condenadas a muerte en Irán ha aumentado muchísimo". El país persa, que representa el 64% del total, ejecutó a 119 personas más que el año pasado (entre 853 y 972 personas).

Arabia Saudí, por su parte, duplicó su numero de ejecuciones, al menos 345; e Irak lo cuadriplicó, con al menos 63 muertes registradas. "Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz", alerta la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Un agujero negro: China, Vietnam y Corea del Norte

La imagen se oscurece por completo cuando se mira al este asiático. Los férreos sistemas de China, Corea del Norte o Vietnam hacen imposible conseguir datos oficiales sobre la pena capital. El documento señala que China es el país que más ejecuciones ha llevado a cabo, "aunque se sigue ignorando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte al seguir este dato clasificado como secreto de Estado".

"En China no podemos entrar por el severo riesgo que conlleva", asegura Martos. "Tenemos contacto con organizaciones de derechos humanos en la diáspora y con defensores de derechos humanos y periodistas [que] tienen contacto con familiares de personas que están en el corredor de la muerte. Es así como podemos saber, no a ciencia cierta el número [exacto], pero sí que tristemente son demasiadas", explica.

Estados Unidos, único país occidental con la pena de muerte en vigor

En América, varios países cuentan con la pena capital en sus códigos penales, como Bahamas, Belice, Cuba o Jamaica, pero Estados Unidos es el único que la ha ejercido en la región por decimosexto año consecutivo. El informe señala que EE.UU. "ha experimentado una constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19", con 25 personas ejecutadas en 2024. "El presidente Donald Trump ha invocado repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población 'de violadores violentos, asesinos y monstruos'", señala el documento.

Martos es clara: "No hay ninguna relación entre la pena de muerte y la reducción de los delitos". Y añade que "los Estados, en su función de proteger los derechos humanos de toda la población, tienen que llevar a cabo campañas de sensibilización y educación" para concienciar a la población de que la pena capital no es la solución.

Máximo de muertes, pero mínimo histórico de países ejecutores

Aunque las cifras de personas ejecutadas han subido, Amnistía Internacional destaca que "solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones en 2024, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo". Este dato muestra que las "cosas están cambiando". "Somos optimistas. Cuando empezamos la campaña contra la pena de muerte como organización, en 1977, solo 16 países eran abolicionistas. Sin embargo, al terminar 2024 son 113", ilustra Martos. Callamard añade que este dato "indica la tendencia de dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante".

El informe señala que el pasado diciembre, "por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de una moratoria del uso de la pena de muerte". En Zimbabue entró en vigor una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes; en Malasia se exoneró a 1.000 personas de una inminente ejecución; y Zambia y Kenia están dando pasos positivos para abolir la pena de muerte.

Además, casos como el del japonés Hakamada Iwao —que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución en Japón— o el de Rocky Myers —un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos— han resultado anulados. El primero fue absuelto en septiembre de 2024 y el segundo fue indultado tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, activistas locales y la comunidad internacional, según señala el informe.

Para Amnistía Internacional, estos ejemplos suponen "un aumento considerable del número de países que apuestan por los derechos humanos y critican la pena capital. Son datos muy positivos a los que nos tenemos que agarrar para resaltar que la abolición de la pena de muerte es el camino".