Amnistía Internacional denuncia que la Generalitat "vulneró derechos" al dar una respuesta "negligente" a la dana
- El informe asegura que no se respetaron los derechos "a la vida y a la integridad física"
- También señala la "responsabilidad" del Gobierno central por no asumir la dirección de emergencia
Amnistía Internacional denuncia en una nueva investigación que las autoridades de la Generalitat Valenciana "vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física" de la ciudadanía durante la dana del pasado mes de octubre al no ofrecer una información "adecuada, oportuna y accesible" sobre la catástrofe que pudiera haber mitigado su impacto.
En un informe publicado este jueves, Tengo pesadillas en las que suena esa alarma, la organización recuerda que miles de personas "recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro" y acusa a las instituciones de llevar a cabo "una gestión negligente".
"La Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, vulneró el derecho humano a la vida y a la integridad física de miles de personas", afirma Amnistía Internacional, que recuerda la jurisprudencia europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información.
El testimonio de familiares de las víctimas
A lo largo del documento, la organización expone la cronología de la situación el 28 y 29 de octubre, así como los testimonios de varios afectados por la dana. Uno de ellos es José Manuel, un vecino de Alfafar que estuvo seis horas subido a un semáforo hasta que bajó el nivel del agua y que perdió a su hermano mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba dentro de un coche. "La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Por momentos no sabía si iba a aguantar, pensé que me había llegado la hora", cuenta.
Meri, una vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe por las inundaciones. Fueron los vecinos quienes lo vieron subido a una valla, esperando un rescate que nunca llegó: “Yo he sentido la soledad más absoluta en el peor momento. Es muy doloroso la pérdida de un padre, pero también es muy duro darte cuenta del sistema en el que vives”, relata Meri. Fueron los voluntarios quienes ayudaron a Meri a encontrar el cuerpo de su padre, diez días después.
Marta, que utiliza un nombre ficticio, de Picanya, también decidió ir a buscar a su padre ella misma con apoyo de su familia y de voluntarias. Estaba desamparada, los teléfonos para denunciar desaparecidos no funcionaban y no recibía ayuda por parte de las autoridades. Encontraron el cuerpo gracias a que, a través de las redes sociales, alguien localizó su coche. “Por la no toma de decisiones, mi padre hoy está muerto”, lamenta Marta.
"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana", afirma Daniel Canales, autor del informe. El investigador sostiene que el Estado español "en sus distintos niveles" no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, es "necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas".
Responsabilidades institucionales antes, durante y después
Amnistía Internacional pone el foco especialmente en la Generalitat Valenciana, a quien señala como responsable "directa e inequívoca" de la dirección de la emergencia, en coincidencia con las diligencias de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe.
"Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección", insiste el informe, que también subraya que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, a pesar de la magnitud de la crisis y "ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado".
Asimismo, alude a las competencias Gobierno central, a quien acusa de no ejercer sus facultades para asumir la dirección de la emergencia, como establece la ley del Sistema Nacional de Protección Civil: "La responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencia.
"El Ministerio de Interior ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia", aclara Amnistía Internacional. No obstante, considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma", como ocurrió el día de la dana al afectar también a Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón.
En este sentido, la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre, y la falta de un enfoque basado en derechos humanos contribuyó a una sensación de abandono que numerosas personas han trasladado a la organización.
La recuperación no se enfocó en los derechos humanos
Canales ha señalado en el informe que "la fase inicial de recuperación, además, no ha contado con un enfoque basado en derechos humanos, que habría garantizado que las personas afectadas pudieran participar de manera significativa en decisiones que impactan en sus vidas".
Entre los familiares de las víctimas, Meri asegura que la falta de información también la sufrieron los días posteriores de la dana: "No había nada de información. De hecho, nosotros buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. A partir del sexto día ya llegaron mensajes de 'pónganse mascarillas y guantes', cuando llevábamos ahí varios días todo el mundo arrastrado, con barro hasta arriba y sin agua. Una higiene nula y nadie decía nada".
"Nadie sabía nada de lo que iba a pasar con nosotros, nos han llevado de aquí para allá", relata Katrin, la hija de un hombre que residía en una de las viviendas de protección oficial para personas con movilidad reducida en Picanya. Su padre logró sobrevivir, pero Katrin explica que obtener información sobre la situación de la vivienda de su padre fue una tarea complicada: "Era como si no fueran dueños de sus vidas", añade la mujer.
Impacto directo y negativo de los bulos
El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas y señala que la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que "las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa que genere una mayor confianza del público en general".
"Es fundamental que en situaciones así las autoridades redoblen sus esfuerzos en difundir información fiable, accesible, basada en pruebas y fidedigna, también sobre las medidas que se están adoptando para proteger a la población y hacer frente a la emergencia, lo que es crucial para contrarrestar la información falsa y engañosa", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
