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Tras dos meses en cuidados paliativos, Ignacio Abad decidió acogerse al derecho a morir dignamente antes de acabar abrasado por el dolor. Se marchó con una enfermedad que le producía sufrimiento y sin cura, pero en plenas facultades mentales y celebrando la libertad de haber podido elegir su final. Su amigo, Braulio Aguilar, recuerda sus últimas palabras: "No me puedo imaginar una muerte más digna que esta".

Ignacio quería agradecer su atención a los sanitarios de paliativos que le cuidaron sus últimos meses, pero también dejar una reivindicación: más medios para las unidades de paliativos y atención psicológica. De hecho, recurrió a una psicóloga externa por falta de apoyo psicológico en paliativos.

Aunque la ley de eutanasia no lo contempla, las asociaciones piden que sea parte del proceso. También para las familias. La miembro de la asociación Derecho a morir dignamente en la Comunidad Valenciana, María José Alemany, explica que "cuesta mucho entender que acompañar a una persona es ayudarla a cumplir sus deseos y en ese sentido la presencia de un profesional sería importante". Del mismo modo, piden procesos más ágiles, sin disuadir a quienes buscan ayuda, más información al público y formación a los sanitarios.

FOTO: GETTY IMAGES

Noelia, una joven parapléjica, lleva más de un año esperando la eutanasia. Su padre se opone y los tribunales le han dado a ella la razón dos veces, la última este viernes.

El Tribunal Superior de Cataluña cree que tiene "sus capacidades de saber, discernir y ejecutivas conservadas". Sin embargo, la joven deberá seguir esperando la eutanasia, porque la resolución también reconoce a su familia el derecho a acudir a la justicia para impedir la muerte digna de su hija.

Foto: GETTY

Hoy se cumple un año desde que a Noelia, una joven de Barcelona, le paralizaron su derecho a la eutanasia. Ella consiguió el aval unánime de los médicos, pero un juzgado suspendió su muerte asistida a petición de su padre, representado por Abogados Cristianos. El suyo fue el primer caso que llegó a juicio.

Noelia está a la espera de una sentencia firme. La Asociación Derecho a morir dignamente pide cambios legislativos para que la resolución de estos recursos sea más rápida.

Cristina Vallès, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya, valora en 'Las Mañanas de RNE' los cuatro años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia. "A nivel federal, el balance no es muy positivo. Estamos en una situación muy desigual entre las comunidades autónomas a la hora de desarrollar la ley", asegura. Vallès apunta que la objeción de confianza de los profesionales tiene más que ver con los obstáculos administrativos que por ideología y pone el foco en que se deben poner facilidades. "Se tendría que reforzar la Oficina de Atención a los Profesionales con la figura del referente. Un profesional que puede orientar al resto, es necesario que haya un acompañamiento de alguien que esté formado", expresa. "La ley de eutanasia ha reforzado la idea de que los finales de vida son tan importantes como los principios".

La escritora y periodista Gina Montaner nos presenta en '24 Horas de RNE' 'Deséenme un buen viaje', que más que un libro biográfico, es un diario de viaje que todos tenemos que afrontar una vez en la vida: "Yo trenzo mucho el recuerdo desde la infancia con mi padre, esos viajes en coche que hacíamos cuando a él le gustaba comprar los casetes de las gasolineras". Gina cuenta que "a su padre le diagnosticaron párkinson pero luego resultó ser una variante mucho más severa" y nos explica abiertamente: "Cuando vio que el deterioro se aceleraba, me pidió que lo ayudara a morir". La escritora y periodista cree que el libro "en esencia es una historia de amor de mi padre a su familia, el amor de nosotros a él", concluye.

Francesc, de 54 años, ha sufrido dos infartos y tres ictus desde 2020. Aunque cuenta con el aval médico y del Comité de Evaluación de la Generalitat, su padre recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que su muerte asistida deberá ir a juicio. Este es el segundo caso en las últimas semanas. Desde la plataforma Derecho a Morir Dignamente Cataluña critican la instrumentalización de los tribunales para dilatar los plazos, lo que erosiona el derecho a la eutanasia. En marzo, una jueza de Barcelona avaló la muerte asistida de una joven de 24 años, a pesar de la negativa de su padre.

La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.

En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el progenitor de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a la muerte digna.

El padre se oponía a la eutanasia alegando que su hija sufre problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión, pero la titular argumenta que no se ha aportado ninguna prueba de que tenga disminuidas las capacidades, que además fueron analizadas por diversos profesionales durante el procedimiento.

La jueza que acordó suspender cautelarmente la eutanasia a una joven de 23 años de Barcelona la pasada semana ha decidido mantener esta paralización y eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La magistrada tiene dudas sobre sus competencias, por lo que ha dejado que sea el alto órgano catalán quien decida. La Comisión de Garantía de Cataluña y Evaluación, integrada por especialistas médicos y juristas, había avalado la petición de eutanasia efectuada por esta joven de Barcelona, que sufre una lesión medular severa, motivo por el que debe estar en una silla de ruedas. El padre de la joven, representado por el colectivo católico Abogados Cristianos, se opone a la muerte asistida de su hija argumentando que sufre problemas mentales. 

La justicia catalana ha paralizado la eutanasia de una joven de 23 años tras un recurso de su padre, después de que la joven solicitara la muerte asistida. Padece trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, y además carece de movilidad completa por una lesión medular desde 2022, es por ello por lo que quería acabar con su vida de forma digna.

Cristina Vallés es portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, y en el 24 horas de RNE ha lamentado este caso, si bien desde su asociación no lo conocían hasta que se ha publicado en los medios de comunicación. Añade que la ley de eutanasia es una ley "garantista": "Esperamos que no vuelva a ocurrir".

Vallés, aunque entiende el dolor de la familia, defiende que la eutanasia sólo la puede pedir la misma persona y considera una "intromisión intolerable" este caso. "Creemos que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña es un órgano absolutamente fiable, si han dado la aprobación es pertinente", insiste.

La portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña ha explicado que el caso será desestimado: "A nivel judicial tiene muy poco recorrido, pero supone para la persona un sufrimiento horroroso [...] Cualquier situación que alargue el proceso más de lo necesario es un sufrimiento para las personas que piden la eutanasia", sentencia.

Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita su solicitud. Es la denuncia que hacen desde Derecho a morir dignamente (DMD) cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la ley. Hablamos con Javier Velasco, presidente de DMD: "Es enormemente difícil y tedioso recabar datos", asegura. Esta falta de transparencia "indica una falta de responsabilidad por parte de las administraciones públicas, que ni siquiera cumplen lo que la ley prescribe: la publicación de un informe anual de la aplicación de la ley". "Y los últimos datos del Ministerio de Sanidad son de 2022", añade. A esto se suma el retraso en la resolución de los casos, con una media de 75 días, más del doble de lo que deberían demorarse, y el gran número de solicitudes que son denegadas: el 20% del total. Detrás de muchas de estas denegaciones está la falta de profesionalidad médica, denuncian desde DMD.