Cuatro años de una ley de eutanasia aún con barreras: "Pasé los últimos meses peleando su muerte, no despidiéndome"
- Hasta finales de 2024, se registraron 2.475 solicitudes y se aprobaron 1.034 eutanasias
- Desde que la norma entró en vigor el 25 de junio de 2021, el tiempo medio de respuesta ha sido de 49 días
"Me pasé los últimos meses peleando su muerte, no despidiéndome". Así ha resumido Lucas Barrero los últimos días junto a su madre, María Dolores, enferma de una patología neurodegenerativa incurable. Aunque la ley reconocía su derecho a morir dignamente, el camino estuvo lleno de obstáculos médicos, trabas burocráticas y silencio institucional.
Lucas ha compartido su experiencia en una rueda de prensa convocada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), donde la entidad denunció públicamente los escollos que aún dificultan la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde el 25 de junio de 2021.
El caso de María Dolores, fallecida en febrero tras una larga espera, mantiene abierto el debate sobre los obstáculos que enfrentan las personas que solicitan morir dignamente. "Nos cuestionaban, nos hacían sentir culpables. La médica nos decía que eso era antinatural, que pensáramos en una residencia. Nadie nos explicó nada", ha relatado Lucas.
Su madre logró acceder finalmente a la eutanasia, tras meses de espera. "Pudo despedirse como quiso. Ver a alguien irse sin sufrir es entender lo que significa morir dignamente".
Más de mil eutanasias autorizadas
Desde que se aprobó la ley de eutanasia, el número de procedimientos autorizados ha aumentado de forma constante, según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque el acceso sigue marcado por importantes barreras.
Hasta el cierre de 2024, se habían contabilizado 2.475 solicitudes, de las cuales solo se aprobaron 1.034, lo que equivale a un 42%. Año a año, las cifras han ido creciendo —75 en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023 y 427 en 2024—, pero casi la mitad de las personas que iniciaron el trámite no llegaron al final: un 25% vio rechazada su petición y otro 25% falleció antes de que se resolviera.
El proceso, tal y como denuncia DMD, es demasiado lento: el tiempo medio de respuesta ha sido de 49 días, muy por encima del margen asumible en casos de enfermedad irreversible o sufrimiento extremo.
Cataluña se ha situado a la cabeza en número de casos, con 142 eutanasias autorizadas en 2024, aunque también ha experimentado demoras de más de dos meses en algunos expedientes. Además, la aplicación en la sanidad privada sigue siendo marginal: menos del 10% de los procedimientos se realizaron en ese ámbito.
Recursos judiciales: cuando el entorno bloquea la decisión
Uno de los principales problemas detectados por DMD son los recursos que interponen familiares que no comparten la decisión del solicitante. Es el caso de Noelia y Francesc, dos personas que obtuvieron el aval de las comisiones autonómicas, pero cuya voluntad fue impugnada por sus padres.
En el caso de Noelia, el proceso acabó con una sentencia favorable en marzo de 2025, pero la causa sigue abierta porque ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En paralelo, el expediente de Francesc permanece bloqueado por medidas cautelares solicitadas por la Generalitat. "A efectos prácticos, se está obligando a vivir a personas con un sufrimiento irreversible, en contra de su voluntad, a pesar de que han pedido morir de forma legal y regulada", ha denunciado Ramón, uno de los ponentes.
Una reforma legal urgente
Actualmente, los recursos se tramitan a través del procedimiento contencioso-administrativo ordinario, un circuito lento que no está diseñado para casos de urgencia vital. Por ello, desde DMD reclaman una reforma que cree un procedimiento judicial específico y preferente, que garantice una respuesta rápida en casos en que está en juego un derecho fundamental.
Además de los recursos judiciales, la asociación alerta de otros factores que entorpecen el acceso efectivo a la eutanasia: la objeción de conciencia por parte de profesionales sanitarios, la falta de formación específica, y las enormes diferencias entre comunidades autónomas.
"Cuando mi madre se interesó por primera vez por la ley de la eutanasia en el centro de salud, seguían sin tener ningún tipo de asesoramiento ni de información del procedimiento de la ley", ha explicado Lucas. DMD denuncia que en muchas ocasiones la información no fluye ni dentro del sistema sanitario ni hacia los pacientes, lo que genera un efecto paralizante.
Un derecho que aún depende del código postal
La ley establece un procedimiento riguroso: dos solicitudes por escrito, revisión médica independiente, evaluación por una comisión externa, y posibilidad de desistimiento en cualquier momento. Pero los expertos coinciden: no basta con una ley justa si su cumplimiento está condicionado por la práctica médica o el sistema judicial.
Lucas lo resume con claridad: "El derecho a morir dignamente no puede depender del médico que te toque, ni del código postal, ni del consentimiento de un familiar que no comparte tu decisión. Lo contrario es violencia institucional".
Pero también hay historias que muestran que la ley, cuando se aplica con garantías, puede ofrecer finales serenos. Es el caso de Josep, diagnosticado con Parkinson a los 53 años y, más tarde, con una demencia asociada. "Siempre que he hecho una intervención le recuerdo porque él es el protagonista de esta historia", ha relatado su esposa Teresa. Josep tenía clara su voluntad desde que se debatía la ley: "Tenía ya los formularios preparados", ha explicado.
La familia vivía en Vic (Cataluña), donde el acceso fue ágil y el acompañamiento, ejemplar. "Todo se hizo como él deseaba. Fue una experiencia llena de amor, dignidad y serenidad", concluye.
