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Caso Púnica

Púnica, la trama de corrupción que salpica a los tres últimos expresidentes de la Comunidad de Madrid

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Expresidentes de la Comunidad de Madrid: González, Aguirre y Cifuentes
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo de 2015. EFE jma

Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes han pasado a engrosar este lunes la lista de imputados por la trama Púnica en el marco de una macrocausa judicial por corrupción que dura ya casi cinco años. Con ellas, son ya tres los expresidentes madrileños que están siendo investigados por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid -el tercero es Ignacio González- en un caso que comenzó hace cinco años con la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados, en prisión desde 2017.

[Quién es quién en la trama Púnica]

Además de Aguirre, Cifuente y González, el juez ha citado a declarar el próximo mes de octubre a los exconsejeros madrileños Juan José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola. Deberán responder sobre la presunta financiación ilegal del PP a través de adjudicaciones a empresas como Indra -también imputada este lunes, junto a su expresidente Javier Monzón- o Cantoblanco y la implicación de la fundación vinculada al PP Fundescam, entre otras cuestiones.

La operación Púnica que instruye la Audiencia Nacional consta de hasta 16 piezas separadas en distintas ramas de investigación de una trama cuyos cabecillas fueron Granados y su amigo y testaferro, el constructor David Marjaliza, y cuyo principal 'consegidor' era Alejandro de Pedro, empresario informático experto en reputación on line.

En ella están implicados políticos de distintas siglas y empresarios por comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en una trama que se extendió desde Madrid a Murcia, Valencia y León

La imputación de Aguirre y Cifuentes responde a la petición el pasado mes de agosto de la Fiscalía Anticorrupción, quien también solicitó reordenar las piezas y reducirlas a once. No se espera que la instrucción del caso concluya hasta el 6 de junio de 2020 -un plazo que el juez instructor Manuel García-Castellón había fijado en el 30 de marzo de 2022 pero que se redujo en aplicación de la Ley de Enjuiciamineto Criminal, que limita a 18 meses la instrucción de las causas de especial complejidad-. 

Una operación que comenzó con Francisco Granados

El 27 de octubre de 2014 Granados fue detenido a raíz de investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Dio así comienzo a una macrocausa judicial que inició en primer lugar el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de los antecesores del instructor actual. 

Ese día también fueron detenidas otras 50 personas en Madrid, Valencia y Murcia, entre los que se encontraban el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP) y los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Parla, José María Fraile (PSOE); de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP); y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). De aquellos detenidos, todavía 15 permanecen investigados.

Granados, quien tras ser detenido en 2014 quedó libre bajo fianza, fue condenado en diciembre de 2017 a dos años de prisión por el chivatazo que recibió de un agente de la Policía Nacional en el marco de la investigación. Dicho agente fue condenado a la misma pena.

La financiación irregular del PP en Madrid

La pieza de mayor repercusión pública es la referida a la financiación irregular del PP en las campañas de Esperanza Aguirre de 2007 y 2011, que se inició tras el hallazgo de una agenda de Granados en las que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional, algo que el excolaborador de Aguirre siempre ha negado.

El constructor David Marjaliza, que desde 2015 colabora con la Justicia,  ha reconocido el pago de gastos de campañas del PP -también del PSOE y de IU- y el reparto de mordidas con Granados y el empresario Javier López Madrid.

De hecho, el auto de imputación emitido este lunes por el juez de la Audiencia Nacional establece entre otras cuestiones que Aguirre tuvo un "papel esencial y definitivo" para la adjudicación irregular de contratos públicos y su sucesora, Cristina Cifuentes, interfirió mientras era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, presidenta del comité de campaña del partido regional y patrona de Fundescam para que el contrato de la cafetería de la Asamblea se adjudicara al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández a cambio de fondos para las arcas del partido.  

En enero de 2018 el juez Diego de Egea, que instruyó la causa antes de García Castellón, acordó unificar en una sola pieza las dos investigaciones que había abiertas hasta ahora en este órgano judicial sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, instruidas en el marco de los casos Púnica -los pagos para la campaña de 2007 con Granados como secretario general- y Lezo -para las de 2011 con Ignacio González como número dos del partido-.

En el caso Lezo estuvo señalado también el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón junto con Ignacio González por la compra de la empresa colombiana Inassa, aunque el juez archivó el caso. González, sin embargo, permaneció como investigado por otras cuestiones en el caso Lezo.

En marzo de 2018, Granados aportó pruebas sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Además, situó a Aguirre y a sus sucesores en el cargo, Cristina Cifuentes e Ignacio González en el "núcleo de control" de ese sistema de financiación.

Los informes de la UCO aportan indicios de la asistencia de estos tres dirigentes populares a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

Las otras piezas de la Púnica

En lo referido a otras piezas de Púnica, las pesquisas se siguen desarrollando y las mismas fuentes destacan la complejidad del entramado societario que algunos de los investigados desplegaron para ocultar capitales ilícitos y que conlleva la recepción de comisiones rogatorias de distintos países del mundo. También se han multiplicado en los últimos meses las comparecencias ante el juez de Marjaliza, que ha ido ofreciendo versiones de lo que fueron sus actividades con Granados que ha sido preciso ir investigando.

Así ha reorganizado la Fiscalía Anticorrupción las piezas del caso Púnica:

Pieza 1, la del chivatazo de un guardia civil a Granados en relación con la investigación de la Guardia Civil a David Marjaliza. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena de Granados y del agente a 2 años de prisión.

Pieza 2. Relativa a la rama leonesa. Trata adjudicaciones irregulares a las empresas vinculadas al "conseguidor" de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

- Pieza 3. Sobre la rama de Púnica en Murcia. Se trata de una trama de concesión de contratos irregulares en la que están imputados un exconsejero de la región, Juan Carlos Ruiz, así como una veintena de personas y altos cargos de la Comunidad. En concreto, se investigan adjudicaciones irregulares a sociedades del experto en reputación 'online' Alejandro De Pedro y su socio, el exregidor socialista Alonso Conesa.

- Pieza 4. De delitos de corrupción y blanqueo en el municipio madrileño de Valdemoro, de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama. entre 1999 y 2003. La investigación va enfocada a irregularidades urbanísticas en aquella época.

Pieza 5. Acerca de contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la Púnica.

- Pieza 6. La Fiscalía pide que en ella se analicen las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de municipios como Brunete, Collado Villalba, Alcalá de Henares o Móstoles por adjudicar a la empresa Cofely contratos de eficiencia energética.

- Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de municipios madrileños de la empresa Waiter Music, dedicada a la organización de eventos y relacionada con la red Púnica.

- Pieza 8. La Fiscalía informa de que esta pieza sería "sobre hechos relativos a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid".

- Pieza 9. Es la del presunto desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En esta pieza es en la que la Fiscalía pide la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

- Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y "terceros países" a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa.

- Pieza 11. La última versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

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