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Juicio 'procés'

Carles Puigdemont y los otros seis líderes independentistas que permanecen huidos

  • Puigdemont, Comín, Serret y Puig están en Bélgica, Ponsatí reside en Escocia y Rovira y Gabriel viven en Suiza
  • Todos ellos están procesados en rebeldía; Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira, por rebelión | Especial juicio del procés

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Puigdemont junto a otros seis dirigentes independentistas, continúan huidos de la justicia española

Siete de los líderes independentistas que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó por el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña permanecen huidos en el extranjero. Son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, que están en Bélgica; la exconsellera Clara Ponsatí, que permanece en Escocia; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que residen en Suiza.

Tras investigar el procés, el juez instructor propuso juzgar a 25 políticos y líderes independentistas: a los doce que se sientan en el banquillo del Supremo en los próximos días acusados por la Fiscalía de rebelión, malversación y desobediencia -entre ellos, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, a los seis que finalmente juzgará por desobediencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -cinco exmiembros de la Mesa y una exdiputada de la CUP-; y a los siete que se marcharon fuera de España. [Gráfico: Quién es quién]

Los siete huidos están procesados en rebeldía. Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín por rebelión y malversación; Marta Rovira solo por rebelión; Meritxell Serret y Lluís Puig, por malversación y desobediencia; y Anna Gabriel, solo por este último delito. Actualmente no existe contra ellos ninguna euroorden ni orden de detención internacional, pero si pisan suelo español podrían ser arrestados mientras no prescriban los delitos. El de rebelión, por ejemplo, no lo hace hasta 2037.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (PDeCAT) huyó a Bélgica el 29 de octubre de 2017, dos días después de que el Parlament declarara unilateralmente la independencia y horas antes de que el fiscal general del Estado presentara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y otros exconsellers el 30 de octubre.

Contra Puigdemont se han dictado dos órdenes europeas de detención. La primera la activó el 3 de noviembre la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que se hizo cargo inicialmente de la investigación sobre los exmiembros del Govern hasta que el magistrado Pablo Llarena, del Supremo, asumió toda la instrucción del procés excepto en lo referente a la actuación de los Mossos.

El 5 de diciembre de 2017, Llarena retiró las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsellers Comín, Ponsatí, Serret y Puig para evitar que Bélgica accediera a extraditarlos pero solo por malversación y no por rebelión rompiendo, argumentó, la "unidad jurídica" de la causa. Las reactivó el 23 de marzo de 2018, el mismo día en el que hizo público el auto de procesamiento, junto a una orden internacional de detención contra Marta Rovira, que acababa de huir a Suiza.

Puigdemont fue detenido en Alemania, dos días después, cuando regresaba a Bélgica desde Dinamarca en coche y permaneció en prisión 13 días. Finalmente, la justicia alemana autorizó en julio de 2018 su extradición pero solo por malversación al descartar la rebelión, lo que llevó a Llarena a suspender por segunda vez las euroórdenes.

Toni Comín, exconseller de Salut

El exconseller de Salut Toni Comín huyó con Puigdemont a Bélgica y, como él, está procesado en rebeldía por rebelión y malversación. En su auto de procesamiento, el juez Pablo Llarena le acusó de asumir el control de los centros de salud que dependían de su Consellería para asegurar que estarían disponibles para la celebración del referéndum ilegal. Permitió además, según la instrucción, que parte del gasto en papeletas, censo y citaciones de los miembros de las mesas electorales fuera soportado por su departamento.

En mayo de 2018, la justicia belga negó la extradición de Comín, Serret y Puig -Ponsatí ya se había trasladado en ese momento a Escocia- por "defectos de forma". En cualquier caso, en julio Llarena dejó sin efecto las euroórdenes que había contra ellos.

Según informa Efe, Comín es el único de los cuatro exconsellers fugados que no renunció al escaño que consiguió en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las listas de ERC, y sigue cobrando su sueldo de diputado autonómico, ya que no ha sido suspendido al tener pendiente un recurso.

Clara Ponsatí, exconsellera de Enseñanza

Junto con Puigdemont y Comín, la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí es la procesada en rebeldía sobre la que pesan los delitos más graves. Está procesada, al igual que ellos, por presunta rebelión y malversación. Huyó en un primer momento a Bélgica con el expresidente catalán pero en marzo de 2018, unos días antes de que Llarena reactivara las euroórdenes, se trasladó a Escocia, en Reino Unido, para incorporarse a la Universidad de Saint Andrews.

El juez Pablo Llarena la acusó en su auto de procedimiento de asumir el control de los centros escolares que dependían de su departamento para garantizar que estarían disponibles como lugar de votación el día del referéndum del 1 de octubre de 2017. Igual que Comín, también permitió presuntamente que parte del coste de la consulta se pagara a cargo del presupuesto de su Consellería.

A finales de julio de 2018, un tribunal escocés dictó libertad sin condiciones para la exconsellera de Enseñanza después de que Llarena desactivara por segunda vez las euroórdenes.

Marta Rovira, secretaria general de ERC

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, huyó a Suiza el 22 de marzo de 2018. Al día siguiente tenía que acudir al Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena le comunicara su procesamiento por rebelión pero no se presentó. En una carta aseguró que emprendía "un duro camino, el del exilio", argumentando que esa era la única forma que tenía de "levantarse contra el Gobierno".

Llarena, que dictó una orden internacional de detención contra ella que retiró en julio de 2018, le atribuye una "participación esencial" en el procés "no solo en la ideación de mecanismos de actuación, sino en el impulso parlamentario" de leyes para avanzar hacia la independencia y la futura república y en la asunción de responsabilidad para que los centros de votación estuvieran disponibles del 1-O. 

Serret y Puig, exconsellers de Agricultura y Cultura

La exconsellera de Agricultura Meritxell Serret y el exconseller de Cultura Lluís Puig huyeron a Bélgica con Carles Puigdemont. Están procesados en rebeldía de malversación y desobediencia. Son los mismos delitos que la Fiscalía atribuye a los tres exconsellers que sí se sientan en el banquillo del Supremo y que actualmente están en libertad provisional en España: Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa).

En su auto de procesamiento, Llarena atribuyó a estos cinco exconsellers un delito de desobediencia por haber desatendido los requerimientos del Tribunal Constitucional al firmar el decreto de convocatoria del referéndum y otro de malversación por autorizar la disposición de fondos públicos para la organización de la consulta.

Anna Gabriel, exdiputada de la CUP

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel huyó a Suiza en febrero de 2018 argumentando que en España no iba a tener un "juicio justo" y no se presentó a la citación para declarar como investigada ante el juez Llarena, que dictó contra ella una orden de detención nacional.

Actualmente está procesada en rebeldía por desobediencia, un delito que no implica penas de cárcel, solo multa e inhabilitación. De no haber huido, sería juzgada por el TSJ de Cataluña como su compañera de partido -la también exdiputada de la CUP Mireia Boya- y los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan J. Nuet.

El pasado mes de junio, Suiza le concedió el permiso de residencia por cinco años.

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