El juez reactiva la orden de detención internacional contra Puigdemont y los exconsellers huidos y añade a Rovira

• Hay orden de detención europea para Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos
• El Supremo retiró las euroórdenes a los fugados el pasado 5 de diciembre
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Carles Puigdemont, en una conferencia este viernes en Helsinki.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta RoviraAdemás, ha vuelto a activar la euroorden para los otros cinco implicados en el proceso soberanista huidos en Bélgica y Escocia, entre los que se encuentran el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus exconsellers.

Serán Interpol y Sirene los órganos administrativos que cursarán las órdenes a todos los países, según han informado fuentes del Tribunal Supremo a Europa Press. Entretanto, continúan vigentes las órdenes de detención nacional contra ellos.

Llarena atiende así a la petición de la Fiscalía tras notificar el auto de procesamiento contra 25 investigados en la causa, siete de los cuales permanecen huidos de la Justicia.

Horas después de conocer la reactivación de la euroorden, Puigdemont ha publicado un comunicado en Twitter en el que asegura que "no es el momento de rendición" y anuncia una "reunión de urgencia" con los exconsellers para "analizar la nueva ofensiva contra todos los que defendemos el derecho de los catalanes a decidir su futuro".

Los dirigentes huidos, además de Rovira y Puigdemont son los exconsellers Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y la exdirigente de la CUP, Anna Gabriel, si bien no pesa ninguna orden de arresto contra esta última. A Gabriel solo se le imputa un delito de desobediencia, lejos de la gravedad de los delitos de rebelión de los que están acusados el resto

Poco después de asumir la causa por sedición, rebelión y malversación de caudales públicos, Llarena desactivó las órdenes internacionales de busca al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos menores, y rechazó reactivarlas en enero, como pedía la Fiscalía.