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Bruselas abre una investigación a España por ayudas públicas a las centrales de carbón

  • Esas ayudas se dieron por instalar filtros para reducir emisiones contaminantes
  • La UE prohíbe dar ayudas estatales para cumplir con normas medioambientales obligatorias
  • Desde 2007, 14 plantas han recibido más de 440 millones mediante ese plan
  • El Gobierno asegura que se financian con cargo al sistema eléctrico, no a los presupuestos

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Central térmica de Velilla
La Comisión Europea investigará la concesión de ayudas estatales a 14 plantas térmicas. EFE Brágimo

La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas de España concedidas a las centrales eléctricas de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones contaminantes, según ha informado este lunes el Ejecutivo comunitario. Ese programa de ayudas empezó a funcionar en 2007 y se extiende hasta 2020, y hasta ahora ha concedido más de 440 millones de euros a 14 plantas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente servían para cumplir las normas obligatorias de la UE en materia medioambiental. (Ver documento en pdf)

Si fuera así, explica la Comisión Europea, esas ayudas podrían vulnerar un principio de la legislación europea sobre ayudas de Estado según el cual los Estados miembros "no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente".

España nunca ha notificado ese programa a Bruselas para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Les conferiría "una ventaja competitiva desleal"

El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, si sus sospechas se confirman, el sistema de incentivos atentaría contra el principio de "quien contamina, paga" y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea.

"Si contaminas, pagas: éste es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", ha apuntado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Las autoridades españolas introdujeron en 2007 un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón existentes para reducir las emisiones de este compuesto por debajo de determinados límites. En contrapartida, las centrales de carbón tienen derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un periodo de diez años.

En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la apertura de la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que "brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación".

La Comisión Europea ha anunciado esta investigación tres días después de confirmar que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

El Gobierno asegura que las financia el sistema eléctrico

Desde el Gobierno español, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha explicado que esas ayudas a las centrales de carbón se financian con cargo al sistema eléctrico y no a los presupuestos del Estado y ha subrayado que, cuando se crearon, respetaban la regulación europea.

Fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal han señalado que, en el momento de su creación, este mecanismo de apoyo no entraba en la definición de ayuda pública.

Según Energía, el sistema "era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo".
El ministerio ha recalcado que la Comisión Europea conoce este esquema "desde hace años" y "nunca ha dicho nada hasta ahora".

De acuerdo con las fuentes citadas, el Gobierno está dispuesto a continuar el procedimiento "para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día" este sistema. Energía ha recordado que el esquema ya está cerrado y terminará en 2020.

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