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Cataluña | Desafío independentista

El Gobierno defiende la "obligación legal, democrática y política" de aplicar el 155 para "rescatar" Cataluña

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El Gobierno afirma que su obligación es "rescatar" a Cataluña y "hacer respetar la ley"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido en el Senado la obligación "legal, democrática y política" del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña para proteger el interés general de los españoles y los catalanes y ha pedido a la Cámara que autorice las medidas propuestas por el Ejecutivo para recuperar la "normalidad", la "tolerancia" y la "buena convivencia". "Por la concordia y por la democracia", ha argumentado, deben "rescatar" Cataluña para que se vuelva a respetar la ley.

Mientras el Senado proseguía con un debate en comisión los trámites para aprobar este precepto constitucional, el Ejecutivo veía de reojo cómo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, deshojaba finalmente la margarita y desechaba hacer uso de su prerrogativa de convocar elecciones antes de que la aprobación del 155 haga que el Gobierno se la retire y le cese junto al resto de su gabinete.

Santamaría, con voz ronca por un resfriado, ha subrayado que el procedimiento que defiende el Ejecutivo "no supone el principio de un nuevo centralismo" como defienden algunos, sino que busca el "principio del fin" de la "desobediencia a la ley" y del "abuso" perpetrado por parte de la Generalitat. En suma, "proteger el autogobierno de Cataluña frente al desgobierno de los independentistas".

"La primera responsabilidad de un Gobierno es la de respetar y hacer respetar las leyes", ha dicho la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales. "Ningún Gobierno puede admitir que una parte de sus ciudadanos pierda sus derechos y sus libertades", ha insistido, frente a un Govern y sus aliados que "han puesto las instituciones de Cataluña no al servicio del autogobierno, sino del independentismo que ellos representan".

El Gobierno defiende la aplicación del 155 para proteger el interés de los españoles y los catalanes

No ha habido diálogo por parte de Puigdemont, solo "ruido"

La vicepresidenta ha asegurado que "los independentistas han dejado muy claro que no han estado dispuestos a dialogar", lo que han demostrado negándose a participar en todos los foros a los que han sido convocados, desde la conferencia de presidentes autonómicos a la definición de un nuevo modelo de financiación, negando el diálogo en el propio Parlament y no queriendo participar en la reforma de la Constitución.

"El diálogo se conjuga en gerundio", ha dicho la número dos del Ejecutivo tras resaltar que "no han faltado oportunidades" y lo que han hecho los independentistas es faltar a todas y cada una de las citas.

"El señor Puigdemont ha ido dejando pasar todas las oportunidades de dar respuesta a la simple pregunta" de si había declarado o no la independencia y volver a la legalidad. "Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades", ha sentenciado, siendo la del Gobierno "recuperar la confianza".

Y ha recriminado al presidente catalán que desde que hace una semana el Gobierno decidió aplicar el 155, "no ha pasado nada relevante" para frenarlo, salvo "ruido". "Y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", ha añadido.

Recuperar la convivencia en Cataluña

Aunque esta semana se había barajado la posibilidad de que fuera el propio Puigdemont quien acudiera a defender esta tarde en la comisión del Senado las alegaciones contra las medidas del 155, el miércoles descartó lo que habría sido un 'cara a cara' con el Gobierno. Y tampoco hubo lugar para la intervención del delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, al que el Govern le pidió hablar en su representación, porque la comisión lo rechazó al no ser miembro del Ejecutivo autonómico.

De hecho, minutos antes de que Sáenz de Santamaría interviniera, el presidente catalán anunció que descartaba la convocatoria de elecciones autonómicas porque "no se dan las garantías suficientes" que él pretendía y ha encomendado al pleno del Parlament debatir los posibles efectos de la previsible aplicación del precepto constitucional.

La vicepresidenta, arropada en el Senado por siete ministros del Gobierno, ha subrayado que la aplicación del artículo 155 tiene como objetivo respetar los derechos de la gente y preservar y recuperar el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña, la cual "ha faltado siempre" con con el actual gobierno de la Generalitat.

La vicepresidenta ha subrayado que el 155 se concibió como un mecanismo excepcional, pero "legítimo y democrático", con referentes en otros países -a diferencia de la actuación de la Generalitat, ha añadido- y que el Gobierno busca con su aplicación "un acuerdo que permita abrir una etapa en la que la ley y los derechos de la gente se respeten".

"Han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia"

Saénz de Santamaría ha recapitulado la deriva independentista en Cataluña, "la única alternativa que se le ocurrió al presidente Mas en 2012 frente a la realidad económica. "Frente a una crisis que exigía esfuerzos, Artur Mas decidió sacrificar la convivencia en Cataluña. En lugar de asumir su responsabilidad, decidió acusar de todos sus males al conjunto de los ciudadanos españoles", ha acusado, y también ha subrayado que en 2015 los independentistas perdieron las elecciones que consideraron plebiscitarias, y que así lo reconoció la propia CUP.

Repasando las consecuencias del desafío independentista desde entonces, el Gobierno ha acusado a los independentistas de haber traído la amenaza de "recesión" económica y una enorme fractura social "en las calles y en las casas" en lugar de "la tierra prometida".

"Han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia", ha reprendido. "No podemos olvidarla, tenemos que rescatarla por mucho que algunos quieran una nueva Cataluña donde no se cumple la ley", ha añadido la vicepresidenta.

El Gobierno, a Puigdemont: no necesita garantías para convocar elecciones

Como respuesta directa al mensaje institucional de Puigdemont, fuentes del Gobierno subrayan que el presidente de la Generalitat no tiene que reclamar ninguna garantía para convocar elecciones y lamenta que durante la jornada se haya intentado presionar al Ejecutivo.

"Nadie tiene que dar una garantía", han subrayado las fuentes del Ejecutivo, que han precisado que el Gobierno sólo debe dar explicaciones en torno a la aplicación del 155 en el Senado, que votará el viernes las medidas para desarrollarlo.

Y añaden que la oferta del Gobierno al presidente de la Generalitat ya se la transmitió en su día y consistía en el requerimiento para que aclarara si había declarado o no la independencia, al que no respondió con claridad.

No han confirmado ni desmentido contactos con la Generalitat durante la jornada para intentar buscar una salida a la situación y han recalcado que lo que no se podía pretender desde Cataluña es presionar al Gobierno a escasas horas de que las medidas del 155 se tramitasen en la comisión del Senado. El Gobierno ha subrayado que la aplicación del 155 nace de una falta de legalidad, no de una falta de elecciones, que la mera convocatoria de unos comicios no sería suficiente y que Puigdemont sabe lo que tiene que hacer para regresar a esa legalidad.

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