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La Guardia Civil registra la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
La Guardia Civil registra la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Acuamed y la empresa FCC pactaron una compensación ilegal que se incluyó en los presupuestos generales

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La empresa pública Acuamed acordó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones de euros, pactada con "cargos de alto nivel del Ministerio" de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.

Según explica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el fraude de la empresa pública Acuamed, FCC y Abengoa debían pagar los desperfectos después de que se inundara la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), de la que habían sido previamente adjudicatarias, pero Acuamed pactó con FCC que el dinero que estaba obligada a desembolsar (40 millones) se lo compensaría luego con otros contratos.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros.

Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar.

"Compensación indebida" en los presupuestos generales de 2015

Entonces, se previó cubrir esa "compensación indebida" en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se "persistió" en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 "a una compensación de 8 y 14 millones", asegura el juez en el apartado dedicado al contrato de la desaladora, uno de los seis que se investigan dentro de la causa contra Acuamed.

El magistrado recuerda que FCC y Abengoa debían, de hecho, haber pagado el 100% de los desperfectos, pero Acuamed accedió a abonar un 40% y que la UTE solo pagara el 60% (que son los 40 millones), cuando, insiste el juez, esos desperfectos no eran "responsabilidad de la Administración".

Prisión incondicional para cinco de los detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión incondicional a cinco de los detenidos por el fraude de Acuamed, mientras que otros ocho han salido libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros que les ha impuesto el magistrado.

Cuatro de los que han ingresado en prisión sin posibilidad de fianza son directivos de Acuamed -el director general, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín-. El quinto es Nicolás Steegmann, presidente de Altec.

Las mayores fianzas han recaído sobre el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, que han pagado esta misma tarde los 50.000 euros que les ha impuesto el juez para evitar la prisión.

Velasco también ha dictado fianzas para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset, el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero. Todos ellos las han abonado.

Implantes de pelo y viajes a Turquía, las compensaciones que recibieron los directivos

Los exdirectivos de la empresa pública Acuamed fueron agasajados con regalos en especie, como implantes de pelo o viajes a Turquía, como contraprestación a las adjudicaciones de infraestructuras acuarias y las "irregularidades" cometidas por sus trabajadores.

Así consta en el auto del juez Velasco en el que atribuye presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho a los miembros de esta trama desarticulada en la 'operación Frontino'.

 

 


 

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