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El Tribunal Supremo abre una causa contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE

El Supremo investigará a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por el caso de los ERE

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El Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa por el caso de los ERE contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los tres exconsejeros socialistas José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno para investigar si contribuyeron a la creación o el mantenimiento del sistema que durante 12 años presuntamente permitió al Gobierno autonómico conceder ayudas a empresas e intrusos, que se incluían como prejubilados en expedientes de regulación de empleo, sin ningún tipo de control. Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La apertura de este procedimiento contra estos cinco aforados nacionales -todos ellos diputados por el PSOE menos Griñán y Moreno, que son senadores socialistas- no supone su imputación de momento. En un comunicado conjunto han asegurado que "se personarán de inmediato" para declarar ante el Tribunal Supremo.

Por ahora, la Sala de lo Penal se ha declarado competente para instruir y en su caso enjuiciar a estos cinco aforados por su condición actual parlamentarios nacionales en un auto conocido este jueves después de que la juez Mercedes Alaya enviara en agosto una exposición razonada al Supremo para que asumiera la investigación respecto a ellos al entender que no tomaron medidas a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta sobre las presuntas irregularidades. La Fiscalía se pronunció a favor de que el Supremo investigara a Chaves y Griñán la semana pasada.

Los magistrados subrayan en el auto conocido este jueves [.pdf] que "en este momento procesal" le corresponde "exclusivamente" a la Sala de lo Penal "verificar si en la exposición que le ha sido remitida se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas".

Un sistema para eludir los controles

El Tribunal Supremo señala que de la exposición razonada de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, "resulta indiciariamente" que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se organizó un sistema que, desde el año 2000 y durante 12 años, permitió "disponer de importantes cantidades de dinero, ascendentes a 855 millones de euros" para pagar ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo "sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones".

Las cantidades se orientaron mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a sindicatos, cargos de la Junta y del PSOE

Según trasladó la instructora Mercedes Alaya al Supremo, este sistema habría permitido realizar pagos a los beneficiarios que decidía directamente la propia Consejería, de forma que "el destino de las cantidades previstas de las ayudas se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz".

"Tales hechos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos", señala en su auto el Tribunal Supremo.

"Creación o mantenimiento del sistema"

La Sala de lo Penal señala que, según la exposición razonada, los indicios que existen sobre la participación de Chaves y Griñán y de los otros tres exconsejeros en estos hechos "derivan de la posición de alta y especial responsabilidad política" por los cargos que desempeñaban en la Junta de Andalucía y por "su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema" y en el caso de "alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema".

Los indicios sobre su participación derivan de la posición de alta y especial responsabilidad política

Por eso el Tribunal Supremo considera "imprescindible" continuar la investigación sobre los hechos y su participación en los mismos de los aforados Manuel Chaves (presidente de la Junta 1990-2009), José Antonio Griñán (presidente andaluz 2009-2013) , José Antonio Viera (consejero de Empleo 2000-2004), Gaspar Zarrías (consejero de Presidencia 1996-2009) y Mar Morerno (consejera de Presidencia 2010-2012).

Según Alaya, las irregularidades fueron puestas de relieve en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía entre 2003 y 2008 que fueron comunicados a las consejerías de Hacienda y Empleo "sin que se produjera alteración en la forma de proceder".

Concesión de ayudas con "absoluta discrecionalidad"

La exposición razonada de la juez del caso de los ERE señala que la Consejería de Empleo acordaba la concesión de las ayudas sin ajustarse a ningún procedimiento y realizaba después traspasos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego a la Agencia de Innovación de Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que pagara a los beneficiarios que ella misma elegía.

Esos traspasos se hacían en forma de transferencias de financiación -que no podían emplearse con esa finalidad-, primero a través de modificaciones presupuestarias con la creación de una partida no prevista en los presupuestos, y posteriormente con la incorporación de esa partida a los presupuestos.

La consecuencia de usar estas transferencias "era la facilitad de elusión de todos los controles en tanto se evitaba la aplicación del procedimiento legalmente aplicable a las subvenciones, que era el correspondiente". Ello permitía, prosigue el Supremo citando la exposición razonada de Alaya, "la absoluta discrecionalidad en el uso de los fondos, pues no existía ninguna normativa que estableciera de antemano los requisitos de los posibles beneficiarios de esas ayudas".

El instructor que se hará cargo de la investigación referente a estos cinco aforados será el magistrado José Alberto Barreiro.

Según informa Efe, el sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010, aunque el pasado 15 de julio la jueza acordó ampliarlo a las subvenciones de 2011 y de 2012. 

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