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Banderas proconsulta del 9N
Algunas banderas proindependencia en terrazas del municipio de Vic, en Barcelona. AFP AFP PHOTO / JOSEP LAGO

La Fiscalía de Cataluña presentará una querella contra Mas y varios consellers por el 9N

  • Por supuestas responsabilidades penales en la consulta alternativa

  • Se dirigirá contra la vicepresidenta del Govern y la consellera de Enseñanza

  • El Fiscal General del Estado pide que se deje trabajar a los órganos procesales

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La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar este miércoles una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y varios consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en la consulta alternativa celebrada el 9 de noviembre en Cataluña.

La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirigirá contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, a los que el ministerio público podría atribuir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

La Fiscalía de Cataluña inició diligencias el sábado pasado, a instancias de la Fiscalía General del Estado, para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta alternativa de este domingo puede ser constitutiva de delito. Así, los Mossos d'Esquadra facilitaron al Ministerio Público un listado con todos los centros públicos abiertos para la jornada.

Posibles delitos de malversación y desobediencia

Según un primer borrador de la querella, remitido a la Fiscalía General del Estado, se barajan varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El ministerio público cree que los miembros del gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.

Además de la investigación de la Fiscalía, los juzgados de guardia de Barcelona, Tarragona, Badalona y Manresa, admitieron este domingo una veintena de denuncias presentadas por partidos políticos y ciudadanos particulares para investigar si la Generalitat de Cataluña ha cometido delito en la organización de la consulta.

Varias líneas de investigación

Precisamente, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha señalado este martes, solo unas horas antes de conocerse la querella, que la Fiscalía se pronunciará "sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad".

Torres Dulce ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, tras reunirse con el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, con quien ha visitado las obras del nuevo Palacio de Justicia riojano.

Ha recalcado que la Fiscalía Superior de Cataluña tiene un ámbito de actuación "autónomo", por lo que el pasado sábado, día 8, acordó abrir diligencias de actuación en el ámbito del denominado proceso de participación.

Así, ha informado de que se abrieron varias líneas de investigación tras diversas actuaciones de los Mossos de Esquadra sobre el desarrollo de este proceso y la Consellería de Interior ha continuado enviando documentación hasta el día de hoy.

Pide que se deje trabajar a los órganos procesales

Con este criterio de los tiempos "estrictos" de la Fiscalía y la observancia de que "debe ser respetada siempre en atención a las circunstancias que concurren, máxime en derecho penal", ha pedido que "se deje trabajar a los órganos judiciales en general y, en este caso, al Ministerio Público".

También ha recordado que no solo desde el sábado pasado la Fiscalía de Cataluña está recibiendo denuncias, ya se ha informado sobre ellas y el mismo día del proceso de participación celebrado en Cataluña se dijo que había "indicios de hechos delictivos" en todos los juzgados en los que se presentaron las denuncias. En los juzgados en los que se han archivado esas denuncias, la Fiscalía las ha recurrido, ha puntualizado Torres Dulce.

Cuando ya estaba en marcha el proceso de participación, la Fiscalía consideró que "no era proporcionado ejecutar cualquier medida cautelar", ya que, en todo caso, solo habría afectado al ámbito de jurisdicción de ese Juzgado y no al de toda Cataluña.

Por otra parte, ha respondido que es "ofensivo" para el Gobierno y la Fiscalía que "alguien pueda pensar que un Gobierno central o autonómico dé instrucciones" sobre cómo actuar, ya que "es ilegal, ilícito y delictivo", además ser algo que él no consentiría.

"Ni he recibido ninguna indicación, ni la voy a recibir del Gobierno, ni en cuanto a las formas ni a los momentos de presentar" las actuaciones, ha recalcado y ha dicho que ha tenido "siempre absoluta libertad, al igual que los fiscales", cuyo trabajo respeta "profundamente".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado, antes de que trascendiera que la Fiscalía se querellará contra él, que no tiene miedo al Ministerio Público: "Esto no lo resolveremos a través de tribunales, eso no nos intimidará, si es lo que se busca. Seguiremos adelante".

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