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Hay alegaciones de que durante las protestas en Venezuela hubo más de 3.000 detenciones.
Hay alegaciones de que durante las protestas en Venezuela hubo más de 3.000 detenciones. REUTERS REUTERS/Tomas Bravo

La ONU cuestiona a Venezuela por la supuesta tortura a detenidos durante las protestas

  • Hay alegaciones de que hubo más de 3.000 detenidos en febrero y marzo

  • Los arrestados han denunciado tratos crueles y degradantes

  • Venezuela comparece ante el Comité contra la Tortura por primera vez en 12 años

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El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha cuestionado a Venezuela sobre las alegaciones de que los más de 3.000 detenidos durante las protestas del pasado febrero sufrieron torturas o tratos crueles y degradantes.

Por primera vez desde hace doce años, Venezuela comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre este jueves y el viernes, revisará si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, ha afirmado rotundo que la "Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos".

"En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos", ha aseverado el ministro.

Una afirmación que fue rebatida minuciosamente a través de preguntas específicas por Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela. "Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?", ha cuestionado.

Ausencia de comités independientes del Gobierno

Varias ONG nacionales e internacionales han denunciado reiteradamente dichas violaciones, que se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, norma que el viceministro presentó profusamente.

La experta Felice Gaer ha recordado que "solo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo periodo ha habido más de 5.000 denuncias".

Por otra parte, Modvig ha cuestionado que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura no sea independiente del Gobierno, dado que casi la mitad de sus miembros son representantes del Ejecutivo. "De sus 13 miembros, 6 son representantes del gobierno y por lo tanto surgen dudas respecto a su independencia".

En la misma línea, el relator ha cuestionado sobre la independencia de los médicos que examinan a las supuestas víctimas, "¿cómo se les escoge? ¿quién les paga?", así como de los servicios forenses que examinan las evidencias.

Cárceles abarrotadas

Además de Modvig, los expertos Abdoulaye Gaye, Essadia Belmir y Gaer han preguntado sobre el sistema judicial y cuestionaron que pueda ser independiente cuando hay "al menos" un 15 % de sus miembros que son contratados temporales que pueden ser relevados en cualquier momento.

"El caso de la juez María Lourdes Alfioni es increíble, es la primera vez que yo escucho algo así. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?", aseguró Gaye.

"¿Ustedes no creen que este caso socava la independencia del resto de magistrados?, ha preguntado Gaer, a su vez.

El experto Alessio Bruni ha ahondado en el "total abarrotamiento del sistema penitenciario" y ha citado el caso de una cárcel creada para acoger a 700 reos y donde viven 7.000.

El presidente del Comité, Claudio Grossman, ha preguntado si es correcto que el 60 % de los 53.000 reos no han sido aún juzgados y ha criticado este retraso del sistema judicial.

Gaer también se ha referido al caso de "presos de alto perfil como Leopoldo López" y ha criticado, entre otras cosas, que se les mantenga en confinamiento asilado.

Todos han exhortado a Venezuela a extender una invitación al Relator contra la Tortura y se han cuestionado porqué no han aceptado ninguna de las peticiones de visita de los 8 relatores que lo han solicitado.

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