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Los jueces denuncian "presiones" contra el magistrado de Nóos por imputar a la infanta

  • Solicitan al CGPJ y al fiscal general del Estado que tomen medidas
  • Denuncian también las "ofensas" y "acusaciones" del fiscal anticorrupción

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El juez instructor del caso Nóos, José Castro
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, a su llegada al juzgado de Palma.

Asociaciones de jueces han denunciado las presiones que a su juicio está recibiendo el juez del caso Nóos, José Castro, así como las acusaciones "ofensivas" del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, por lo que han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que adopten las medidas necesarias para evitarlo.

La primera en pronunciarse fue la asociación judicial "Francisco de Vitoria" (AJFV) que denunció este jueves "la grosera campaña de desprestigio" contra el juez del caso Nóos y las "expresiones impertinentes y ofensivas y acusaciones muy graves" de Horrach.

Este viernes, en un comunicado, la asociación Jueces por la Democracia (JpD) señala que "la investigación penal que realiza el magistrado, que afecta a personas cercanas a la Casa Real, ha estado acompañada de numerosas circunstancias que son especialmente negativas para la actuación de una justicia independiente".

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, en un comunicado, muestra "su preocupación ante los ataques personales que están sufriendo diversos jueces y magistrados derivados de las resoluciones por ellos dictadas" y pide a la ciudadanía y a quienes ostentan alguna responsabilidad respeto en la labor judicial.

Denuncian presiones de "todo tipo"

La JpD añade en su nota que "el instructor ha sufrido presiones de todo tipo, seguimientos personales y también el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación". "A pesar de ello, Castro ha llevado a cabo un esfuerzo profesional considerable para impulsar una causa muy compleja en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias y delitos societarios", agrega.

Explica que en este contexto la Fiscalía ha emitido un escrito "en el que asegura, entre otras afirmaciones, que Castro se apoya en una teoría conspiratoria absurda y denigrante para avalar la imputación de la infanta Cristina, pero no ha presentado recurso contra el auto de imputación a pesar de que reiteradamente se ha mostrado en contra de la misma".

Creen que es "intolerable" en un Estado de derecho

La asociación "Francisco de Vitoria" explica que "ante el silencio del CGPJ" manifiesta que "resulta intolerable en un Estado de derecho la grosera campaña de desprestigio de un juez de instrucción que han emprendido ciertos medios de comunicación plagada de críticas vejatorias y ataques personales que alcanzan incluso a su vestuario".

También la JpD considera que dichos ataques al magistrado se apartan del legítimo debate jurídico y objetivamente contribuyen a incrementar las presiones sobre el juez instructor, al cuestionarse su actuación independiente sin fundamento alguno".

Por su parte, la "Francisco de Vitoria" insiste en que "en un Estado de derecho las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica pero cuando son ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado e intolerable que debería ser inmediatamente abortado por el órgano constitucional encargado de defender la independencia judicial, el CGPJ".

Al respecto abunda en que "cuando los ataques personales al juez los realiza una de las partes o un representante del Ministerio Fiscal, teórico garante de la legalidad, la reacción se hace imprescindible".

En este sentido, ambas asociaciones señalan que si la Fiscalía está en desacuerdo con el auto de imputación de la infanta "lo que debe hacer es presentar el correspondiente recurso".

Y que erosiona la confianza en el sistema judicial

En opinión de JpD, este tipo de observaciones de la Fiscalía contribuyen de forma injustificada a erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y estas actitudes son necesariamente reprochables con independencia de su origen pero sobre todo "si proceden de un órgano público que debe actuar con respeto institucional hacia la actuación independiente de un juez".

Por ello, ambas asociaciones reclaman al CGPJ y al fiscal general que adopten medidas para que no siga produciéndose ninguna forma de presión hacia el juez José Castro, a quien manifiestan su apoyo en el ejercicio de su independencia judicial.