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Las medidas controvertidas de la 'ley Lassalle' de propiedad intelectual

  • La nueva ley reduce la definición de copia privada, según los creadores

  • Se añade un canon a las universidades, que ya pagan por sus publicaciones

  • El abogado Javier de la Cueva augura inoperatividad de la Comisión del ministerio

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El Gobierno, de la mano de la Secretaría de Estado de Cultura, liderada por José María Lassalle, ha presentado un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Propiedad Intelectual.

Las propuestas del anteproyecto han provocado opiniones encontradas entre algunas entidades de gestión, las empresas de economía digital y los expertos en propiedad intelectual.

Copia privada controvertida

En la ley anterior -el Real Decreto de 1996- se permitía la copia privada mientras no tuviera fines lucrativos ni se utilizaran de forma colectiva. Los vendedores de equipos, materiales y aparatos para realizar las copias eran los que pagaban una compensación a los perjudicados por la presumida menor venta de obras, es decir, a los autores y los productores, según ha explicado a RTVE.es el abogado experto en derecho civil -incluyendo propiedad intelectual-, Javier de la Cueva.

En diciembre de 2012 pasó a ser el Estado el que pagaba el canon directamente de sus presupuestos generales. La entidad que representa a los autorrs y editores de libros y publicaciones periódicas, CEDRO, impugnó ante el Tribunal Supremo a principios de marzo este último Real Decreto por considerar que "no tiene en cuenta el daño real que los titulares de derechos de autor sufren por las copias privadas de sus obras".

El actual anteproyecto cambia la definición de copia privada, ahora solo una persona a título individual puede hacer una copia para su uso privado de una obra que haya adquirido legalmente o al realizar una reproducción "individual y temporal" de obras de un "acto de comunicación pública", como una emisión de televisión, por ejemplo.

Ibercrea -un instituto formado por cuatro entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual- considera que "se reduce al máximo la definición de copia privada", por lo que la compensación a los autores por este tipo de copia será mínima.

Ibercrea: se reduce al máximo la definición de copia privada

Según De la Cueva, al Estado "le interesa que la copia privada contemple el menor número de casos para así pagar lo menos posible" y el canon debería pagaron, a su juicio, "quien más se beneficia comercialmente de las copias que hacen habitualmente los usuarios".

Canon para las universidades

Otra modificación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual es la introducción de una compensación para los autores por parte de las universidades a través de las entidades de gestión. Asimismo, se limita la copia con fines educativos y de investigación científica, como por ejemplo, que solo se difunda un capítulo de un libro o un artículo de una revista.

Ibercrea -de la que forma parte CEDRO-, cree que esta modificación "liberaliza la reproducción (fotocopias, digitalización, etc.) de libros y otras publicaciones en ámbitos educativos sin establecer una remuneración adecuada para los autores de estas obras".

El abogado Javier de la Cueva achaca este cambio a un conflicto que mantienen desde hace años el conjunto de las universidades y CEDRO por los derechos sobre copias las copias subidas a los campus virtuales, por el que la entidad de gestión demandó a tres universidades reclamando 5 euros por alumno/año por considerar que se "piratean masivamente sus libros".

Las universidades ya pagan 125 millones de euros al año por sus publicaciones

De la Cueva ha señalado que CEDRO gestiona los derechos de 19.783 autores, por lo que no representa "a todos los autores y todas las obras del mundo". Aparte, las universidades cuentan con unos 130.000 docentes que son autores y pagan unos 125 millones de euros al año a sus proveedores de libros y fondos en formatos digitales. Por ello, las universidades solicitan a la entidad privada que muestre cuál es su repertorio, a lo que CEDRO se niega.

Por otro lado, según el abogado se está "quitando a los autores la posibilidad de usar sus obras como deseen", como los que están aportando sus obras al movimiento Open Access (acceso abierto) para dar sus derechos a CEDRO.

Una Comisión de Propiedad Intelectual "insuficiente"

Ya ha pasado un año de la puesta en marcha del Reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual de la ley Sinde -el organismo encargado de gestionar las denuncias contra páginas que alberguen material protegido con derechos de autor-.

La Comisión de la Propiedad Intelectual (Sección Segunda) lleva un año en marcha después de que fuera regulada por la ley Sinde-Wert. En estos 12 meses ha recibido y tramitado 363 solicitudes. De las 115 solicitudes que prosperaron, 30 ya produjeron el acuerdo de inicio (20 retiraron las webs con "contenidos vulneradores" de forma voluntaria y en 4 casos la Comisión ha ordenado la retirada de la página);  4 fueron archivadas antes del mismo y las 81 restantes están en fase de investigación, según datos del Ministerio de Cultura.

Tanto la Coalición de creadores e industrias de contenidos como la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) han considerado insuficiente la acción de la Comisión por no poner freno a las descargas.

Autores y creadores: la Comisión no pone freno a las descargas

En el anteproyecto se dota, a priori, de más capacidad para actuar a la Comisión, para "restablecer la legalidad" en los casos de páginas -que también se alojen fuera de España- que difundan masivamente obras sin autorización, páginas de enlaces, etc.

Javier de la Cueva apunta sobre este artículo que la redacción del anteproyecto es "técnicamente defectuosa puesto que confunde las consecuencias de las infracciones con las de las medidas cautelares" y ha subrayado que "ya antes existía esa posibilidad de imponer medidas cautelares sobre las webs de enlaces".

Aparte, critica que la Comisión ha sido "inoperativa" y que está "copiando el modelo que los EE. UU. intentó implantar de ahogar la financiación de Wikileaks". Así, ha augurado que esta ley tampoco conseguirá sus ojetivos. "Presumo que se trata, nuevamente, de cumplir con la petición de los lobbies de la propiedad intelectual norteamericana", ha sentenciado.

Mediadores en desacuerdo

También se ha pronunciado sobre una nueva característica de la Sección Segunda la Asociación Española de la Economía Digital, por la que la Comisión puede requerir la colaboración de servicios de pagos electrónicos y de publicidad para suspender el servicio de los infractores.

El director de Asesoría jurídica de Adigital, Íñaki Uriarte, ha manifestado a RTVE.es que se están añadiendo obligaciones a estas empresas "que no tenían". "Nos parece un tanto excesivo que unas entidades que son ajenas a la problemática de la propiedad intelectual se vean involucradas", ha afirmado Uriarte, quien ha destacado que llevan tiempo reclamando diálogo con el Ministerio de Cultura.

Javier de la Cueva ha subrayado que este anteproyecto "no resuelve los verdaderos problemas de la propiedad intelectual en el siglo XXI, que son el de la generalización de la criminalización social y el de la concentración piramidal de los ingresos por los derechos de autor". Así, argumenta que "solo una mínima parte -de los autores- gana más del salario mínimo interprofesional, reservándose más del 90% de los ingresos para unos pocos".

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