La Audiencia eximirá a las mujeres que abortaron con Morín de hacer declaraciones inculpatorias

  • Las mujeres podrían ser inculpadas porque la juez decretó archivo provisional
  • El doctor Morín defiende la legalidad de sus abortos y la supervisión sanitaria
  • El tribunal rechaza decretar la nulidad del proceso pedida por las defensas
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EFE - BARCELONA 

Las mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Morín todavía podrían resultar imputadas en el proceso, dado que la juez instructora decretó en su día el archivo provisional, y no libre, de las diligencias abiertas en su contra.

Así lo ha advertido este martes Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga a Carlos Morín y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de Barcelona, por los que se enfrenta a una pena de más de 300 años de prisión.

Navarro ha advertido ante las partes personadas en el juicio de la singular situación en que declararán las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, dado que han sido citadas como testigos pero podrían ser interrogadas sobre cuestiones que les acarrearían responsabilidades penales.

Esa situación en que se encuentran las pacientes de las clínicas de Morín se deriva del hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investigaba el caso, decretó en su día el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellas, en vez del libre, que habría supuesto su archivo definitivo, sin que sus defensas recurrieran.

Por ese motivo, el presidente del tribunal ha resaltado que esas mujeres declararán "en condiciones especiales" y que se las eximirá de responder a las preguntas que podrían incriminarlas y comportar su imputación, una decisión que da oxígeno a las defensas porque limitará los testimonios de cargo.

El tribunal rechaza la nulidad

El macrojuicio por los abortos ilegales se inició el pasado viernes, en una sesión en la que las defensas pidieron la nulidad del proceso por considerar que se había iniciado a raíz de una prueba ilícita, el documental con cámara oculta de la clínica de Morín realizado por una televisión danesa.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado "de plano" que el proceso sea nulo, al considerar que no fue el vídeo con cámara oculta el que dio inicio al proceso penal contra Morín, sino que éste arrancó de una querella de la organización E-Cristians que "iba mucho más allá" y ampliaba los hechos denunciados en el documental.

La Sala ha desestimado también las alegaciones formuladas por la defensa de Morín respecto a que en la época de los hechos no existía una ley del aborto propiamente dicha y ha sostenido que "nunca ha habido un vacío legal" sobre la materia en España.

El tribunal ha rechazado también la propuesta de las acusaciones de que se visionara el documental de la televisión danesa y se citara a declarar a los periodistas que lo elaboraron, argumentando que ese vídeo es una prueba ilícita y que los reporteros "nada podrían aportar" al esclarecimiento de los hechos.

En su decisión de rechazar la nulidad de actuaciones, la Sala ha dado la razón a los argumentos de la acusación particular ejercida por E-Cristians, cuyo presidente, Josep Miró i Ardèvol, ha insistido en que su querella no se basaba en exclusiva en el vídeo de televisión, sino sobre todo en las declaraciones de dos testigos protegidas que contaron lo que sucedía en las clínicas de Morín.

Miró i Ardèvol ha señalado, en declaraciones a la prensa, que el hecho de que fuera un medio de comunicación extranjero el que destapara el caso demuestra la magnitud de los hechos que sucedían en las clínicas y el silencio de las administraciones.

Morín defiende la legalidad de los abortos

El macrojuicio por los abortos ilegales ha proseguido con la declaración de Carlos Morín y su esposa, María Luisa D. Ambos se ha negado a contestar a las acusaciones y sólo ha respondido a su abogado, ante el que ha defendido la legalidad de las intervenciones practicadas en sus clínicas y ha opinado: "el aborto es un incidente, no la vida de una señora".

El doctor ha explicado que los historiales médicos de sus pacientes estaban a disposición de las autoridades sanitarias, que llevaban a cabo inspecciones en sus centros sin previo aviso, y que las mujeres que acudían a sus clínicas eran derivadas de otros centros médicos y, a menudo, sus intervenciones pagadas por administraciones públicas.

Según Morín, los residuos procedentes de sus centros abortivos iban a parar a unos contenedores y una empresa contratada les daba el tratamiento adecuado.

En ese sentido, el doctor Morín ha explicado que la trituradora que se encontró en uno de los centros, según un informe de la Guardia Civil, era utilizada para eliminar restos de pollos y cerdos que se usaban para unas prácticas quirúrgicas de veterinaria que él organizaba, en virtud de sendos convenios con la Universidad de Autónoma de Barcelona (UAB) y de Zaragoza.

La mujer se desvincula

Por su parte, la mujer de Morín se ha desvinculado de la administración de las clínicas abortivas, en las que ha dicho que no tenía ninguna participación empresarial, y ha precisado que su cargo era el de directora de enfermería de uno de los centros, por lo que se limitaba a abrir las fichas de las pacientes y a pedirles su consentimiento escrito a las pruebas que se les debían practicar.

María Luisa D. ha negado que se encargara de rellenar los cuestionarios psiquiátricos de las mujeres que acudían a sus clínicas a abortar y sólo ha admitido que ayudó a contestar los formularios a pacientes analfabetas que "incluso firmaban con el dedo".

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