El fondo de rescate de las comunidades, o Fondo de Liquidez Autonómico (denominación oficial) permitirá a estas administraciones aliviar sus necesidades acuciantes de crédito a cambio de estrictas condiciones tanto financieras como políticas.

El fondo estará dotado en 2012 con 18.000 millones, la cantidad máxima que estima el Gobierno necesitarán las comunidades este año para hacer frente a sus vencimientos de deuda.

Ese será el único destino que tendrá el dinero prestado a las comunidades, cuya adhesión será voluntaria aunque en la práctica es casi forzosa toda vez que algunas de ellas tienen cerrado el acceso a los mercados financieros o solo pueden hacerlo a precios insostenibles.

El control del fondo lo tendrá el Ministerio de Hacienda, aunque la gestión corresponderá al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que suscribirá los préstamos con las autonomías y pagará directamente los vencimientos de deuda de las mismas. Es decir, que los fondos estarán en una especie de cuenta bloqueada.

Los préstamos se concederán a un interés aún no precisado, pero que será el que paga el Tesoro español más un “diferencial reducido”. El decreto que regula el fondo tampoco precisa nada acerca de los plazos de concesión y devolución.

Garantía total

Solo dice que el préstamo se ajustará a un calendario por tramos y que el desembolso de cada tramo estará “condicionado al cumplimiento de las condiciones fiscales y financieras, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. Es decir, un nuevo control más allá del ya reforzado que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que desarrolla la reforma constitucional de 2011 para prohibir los déficits) y que en último extremo prevé la intervención de una comunidad.

Y aunque el Estado anticipa el dinero (mediante fondos captados por el Tesoro), no corre riesgo de impago ya que retendrá los recursos del sistema de financiación de las comunidades Autónomas de régimen común, es decir, de la parte de los impuestos que les corresponden, pero que recauda Hacienda. En el caso de Navarra y País Vasco, que tienen cedidas las competencias tributarias, se deberán suscribir acuerdos específicos.

Por todas estas características, es muy similar a los mecanismos europeos conocidos como “fondos de rescate” y que se han puesto en marcha en los últimos dos años para hacer frente a la crisis surgida en el sector financiero.

La aprobación del fondo, mediante un real-decreto de 13 de julio [ver texto en el BOE, en pdf], tiene una duración indefinida y dejó aparcado el proyecto de mutualización de la deuda de las comunidades, que se conocía como ‘hispanobonos’.