Franco pide el reconocimiento de la región y busca ayuda en Lugo para rebajar la hostilidad

• Franco rechaza acusaciones de varios países sobre la destitución de Lugo
• En el país hay protestas y denuncias por algunas de sus primeras acciones
• Ecuador o Venezuela hablan de "golpe de Estado"; España “toma nota”
• Argentina va más allá y retira a su embajador en la capital paraguaya

Tras la salida de Lugo, algunos países han retirado a sus embajadores.

El nuevo mandatario de Paraguay, Federico Franco, elegido este viernes por el Parlamento tras el juicio político a Fernando Lugo, ha negado que el proceso pueda calificarse como “golpe”, al contrario de lo que opinan un grupo de gobiernos de la región, a los que ha pedido reconocimiento.

Además, ante el rechazo generalizado de los países latinoamericanos a la destitución de Lugo, el nuevo presidente paraguayo ha anunciado que pedirá ayuda a su predecesor para tratar de relajar la tensión. Así lo ha asegurado en unas declaraciones exclusivas para la agencia Reuters.

En el país, este sábado no había constancia de manifestaciones como la víspera, aunque varios colectivos han denunciado algunas de las primeras actuaciones del nuevo Gobierno. Por ejemplo, los trabajadores de la televisión pública han difundido un vídeo en Youtube en el que protestan por la visita de un enviado del nuevo hombre fuerte paraguayo a sus instalaciones para interesarse por la programación informativa.

El sábado por la mañana (tarde en la España peninsular), Franco tenía su primera reunión oficial con el nuncio apostólico y daba una rueda de prensa para los medios internacionales en la que admitió que "hay inconvenientes con la comunidad internacional", pero defendió la legalidad del juicio político que supuso la destitución de Fernando Lugo "por mal desempeño del cargo" y su toma del poder.

“Es algo que las leyes de mi país permiten para hacer un cambio cuando la situación es inviable“

"Acá no hay golpe, no hay quiebra institucional. Es algo que la Constitución y las leyes de mi país permiten para hacer un cambio cuando la situación se hace inviable", dijo según la agencia Efe.

El viernes, por una amplísima mayoría, el parlamento procedió en un juicio abierto ese mismo día a la destitución de Lugo, como en efecto prevé la Constitución, que establece que el vicepresidente asuma la jefatura del Estado hasta las siguientes elecciones presidenciales, en este caso previstas para abril de 2013.

Amplio rechazo de la región

Varios países han expresado su rechazo a ese procedimiento, que se ha dado por primera vez en la historia de Paraguay. Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela lo han calificado como un "golpe de Estado" y no reconocerán a Franco.

También Costa Rica ha "deplorado" un proceso con "visos de golpe de Estado"; Perú lo ha definido como "golpe a la democracia"; El Salvador considera que esta destitución "vulnera el orden democrático"; mientras Estados Unidos ha hecho un llamamiento a la calma, informa la misma agencia. Brasil, primera potencia latinoamericana y vecino de Paraguay, también ha sugerido una "violación del orden democrático".

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, ha calificado de "parodia de justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse", según declaraciones de su secretario ejecutivo, Santiago Canton.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha calificado la salida de Lugo de un "juicio sumario" que no parece cumplir con el derecho a la legítima defensa.

“Cristina Fernández ha dispuesto el inmediato retiro de su embajador en Asunción“

Argentina, incluso, ha ido más lejos anunciando la retirada de su embajador  en la capital paraguaya. La cancillería argentina ha informado en un  comunicado que el Gobierno de Cristina Fernández "ha dispuesto el  inmediato retiro de su embajador en Asunción, quedando la representación  diplomática a cargo de un encargado de nogocios, hasta tanto se  restablezca el orden democrático".

Brasil también ha condenado la destitución de Lugo y ha convocado para consultas a su embajador en Asunción. Además, ha explicado que evalúa junto con sus socios del Mercosur y de la Unasur las medidas para hacer frente a la "ruptura del orden democrático en el país vecino", recoge Efe.

El Gobierno español se ha limitado a "tomar nota" de la situación, una terminología típica de la diplomacia para no posicionarse. Aunque el resto del comunicado parece legitimar el proceso: "España defiende el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, y confía en que Paraguay, en el marco del respeto a su Constitución y a los compromisos internacionales, logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica del pueblo paraguayo".

El conflicto por las tierras

Por su parte, Izquierda Unida también ha tachado de “golpe de Estado” el abrupto fin de la presidencia de Lugo, el exobispo que en 2008 logró acabar con 61 años de dominio político de la derecha en el pequeño país latinoamericano (seis millones de habitantes).

Lugo accedió al poder como representante de una heterogénea coalición de partidos, aunque había perdido el apoyo de algunos de ellos, como por ejemplo el liberal de su vicepresidente Franco. Los hechos se han precipitado pocos meses antes de las elecciones después de un enfrentamiento a tiros entre campesinos y policías en el intento de estos por desalojar a los activistas que ocupaban unas tierras de un político. Murieron 17 personas y Lugo destituyó a su ministro de Interior.

Y todo ello justo después de que la Comisión de Verdad y Justicia concluyera en un informe que casi un millón de hectáreas se entregaron de forma irregular a partidarios del régimen entre 1988 y 2003, incluidas esas mismas en las que ocurrió la matanza, según la BBC.