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El Gobierno aprueba ajustes de las tasas en Justicia

El Gobierno implanta el copago judicial y sube tasas para recaudar 300 millones

  • Se suben las tasas judiciales ya existentes y se introducen nuevas

  • El Gobierno prevé recaudar hasta 300 millones con esta medida

  • Santamaría dice que servirán para sufragar la Justicia gratuita

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El Gobierno ha aprobado la implantación del copago en Justicia lo que implicará pagar unas tasas para recurrir las setencias judiciales en el orden social, además de revisar al alza el resto de tasas ya vigentes, salvo en el ámbito penal, que estará exento. Con esta medida se prevé recaudar hasta 300 millones de euros-en 2010 se recaudaron 172 millones por esta vía- para sufragar la Justicia gratuita.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha debatido el anteprotecto de ley de tasas, que se remitirá ahora al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sáenz de Santamaría ha justificado estas tasas judiciales para la segunda instancia en la necesidad de tener un sistema judicial que "evite la litigiosidad" y "garantice la asistencia jurídica gratuita", lo que supone "equidad".

Según la vicepresidenta, el dinero que se recaude con estas tasas se destinará a "mantener y reforzar el derecho a la asistencia jurídica gratuita".

Este "ajuste de tasas" afecta al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia en el ámbito social y "pone el acento" pone en la segunda instancia para "evitar el exceso o abuso" de los recursos.

De esta forma, la subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

Subidas de entre 50 y 750 euros

La previsión del Ministerio de Justicia es recaudar hasta 300 millones de euros anuales con esta revisión de tasas judiciales. No obstante, en la previsión de ingresos del Ministerio de Hacienda con las nuevas medidas fiscales figura una recaudación para este 2012 con estas tasas de 214 millones de euros, que corresponderían a los meses del año restantes tras la aprobación de los Presupuestos, prevista para finales de abril, según han aclarado a RTVE.es desde Justicia. 

Según el anteproyecto de ley de tasas, la subida generalizada de las tasas judiciales será de entre 50 y 750 euros y se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos, informa Efe.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.

También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.

En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100 por cien pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200. Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.

Anuncio de Gallardón

El ministro del área, Alberto Ruiz-Gallardón, ya anunció la implantación de estas tasas hace dos meses, durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que matizó que estas tasas judiciales no se aplicarían en la jurisdicción penal ni a las personas sin suficientes recursos.

Entonces, Gallardón explicó que la finalidad de la medida era reducir la litigiosidad y evitar "abusos de acceso a órganos judiciales", además de mejorar el uso de los recursos disponibles, como una medida más de austeridad económica en tiempos de crisis.

"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", dijo entonces el ministro de Justicia, que aclaró además que esa tasa se reintegraría si el recurso prospera y que su recaudación estaría destinada a la "mejora y modernización" del sistema judicial.

A juicio del titular de Justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva quedaba preservado al garantizar el acceso gratuito en primera instancia.

Además, Gallardón también adelantó que este modelo también se aplicaría a la justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio.

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