El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización necesaria para que Repsol pueda realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría ha señalado que tras reforzarse las medidas de protección ambientales se ha convalidado la normativa para poder explorar si hay reservas en unas bolsas situadas a unos 60-70 kilómetros de las costas de Canarias.
La vicepresidenta ha apuntado que autorizar las prospecciones es "competencia del Estado" y que "no había que dilatar más la decisión" porque la posibilidad de que haya petróleo "es elevada" y las plataformas estarían situadas lejos de la costa.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya avanzó esta semana que España no podía permitirse el lujo de prescindir de prospecciones petrolíferas, como es en el caso de Canarias, y que se "apoyarían y alentarían" los trabajos de las empresas que contribuyan a reducir la dependencia energética.
El Gobierno central ya había concedido a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias en 2001, pero el Tribunal Supremo los revocó en 2004, por defectos en control medioambiental de esas autorizaciones.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, de Coalición Canaria (CC), ha dado este viernes instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que emprendan las actuaciones que sean precisas e impidan que cerca de las costas del Archipiélago se hagan prospecciones petrolíferas.
El Ejecutivo canario señala a través de un comunicado que por la decisión del Gobierno central de autorizar las citadas prospecciones se "rompe el principio de lealtad y colaboración institucional". Las actuaciones contra la decisión del Gobierno español se adoptarán una vez se conozca formalmente el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza a Repsol a llevar a cabo prospecciones petrolíferas a 62 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Paulino Rivero considera que esa decisión es un claro "desprecio" a las instituciones que representan al pueblo canario: Gobierno autonómico, Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote.
Las instituciones canarias han puesto en duda que esas actividades petrolíferas beneficien a la economía del archipiélago y, además, han advertido del daño que un potencial derrame de crudo ocasionaría a su principal industria: el turismo.
El Gobierno canario ha anunciado, incluso, que está dispuesto a aprobar un impuesto sobre esa actividad que haga que la explotación de los potenciales pozos petrolíferos no resulte rentable y disuada a las empresas de seguir adelante con las prospecciones.
El ministro de Industria puntualizó que las prospecciones en Canarias serían a 61 kilómetros de la costa y ha insistido en que España, con un consumo 1.400.000 barriles diarios, no puede prescindir de una capacidad de producción que equivaldría al 10% de esa cantidad (140.000 barriles), según las previsiones más pesimistas. Soria también apuntó que estas decisiones podrían ayudar a Canarias a diversificar su economía. "Nunca se me ocurriría tomar una decisión que pudiera hacer el mínimo daño a Canarias", subrayó el ministro.
La petrolera Repsol ha señalado que si se confirman los indicios en las prospecciones en Canarias se estaría ante "el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España", lo que redundaría en beneficio del archipiélago y de todo el país.
Después de la aprobación del Gobierno, Repsol ha explicado que, antes de hacer cualquier sondeo exploratorio, se elaborará un exhaustivo estudio ambiental. Tras este informe, a finales de 2014, se podrían realizar los primeros sondeos exploratorios para ver el potencial de la zona.
Si son positivos, la petrolera hará unos sondeos denominados de delineación y, en función de los resultados, tomará una decisión de inversión hacia 2016. Una vez dados estos pasos, las primeras extracciones de petróleo podrían producirse hacia 2019-2020.
La petrolera ha subrayado que en los más de 30 países en los que tiene actividades de exploración y producción se aplican "los estándares medioambientales más estrictos".
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