Justicia indulta a un ex alto cargo de la Generalitat, condenado por prevaricación y malversación

  • Josep María Servitge fue condenado a cuatro años y medio de prisión
  • También indulta al empresario Acuña, condenado también en el caso Treball
  • Eran militantes de UDC y se les impone una multa de casi 4.000 euros
EUROPA PRESS 

El Ministerio de Justicia ha indultado a los condenados por el caso Treball: el exsecretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje Roca y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, que han militado en UDC.

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de este martes, tras aprobarse en el Consejo de Ministro del 17 de febrero, a Servitje se le conmuta la pena de prisión por un año de multa -una cuota diaria de diez euros a pagar en los próximos doce meses- con la condición de que "en el plazo de tres años no vuelva a cometer delito doloso".

Servitje fue condenado por delitos cometidos en 1994 de prevaricación y malversación de caudales públicos a una pena de cuatro años y medio de prisión y seis años de inhabilitación absoluta a raíz del desvío de dinero público de la Consejería de Trabajo cuando su responsable era el democristiano Ignasi Farreres, que quedó absuelto.

Acuña, excuñado de Sánchez Llibre

También se ha conmutado la pena al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, excuñado del diputado de CiU en el Congreso y dirigente de UDC Josep Sánchez Llibre.

Lorenzo Acuña fue condenado en 2009 por la Audiencia de Barcelona por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a dos años y tres meses de prisión, cuatro de inhabilitación absoluta y con la accesoria de inhabilitación especial para desempeñar cargos en la administración, representar sociedades y obtener concesiones del sector público.

También en este caso, al empresario se le conmuta la prisión por un año de multa, que también son diez euros por día durante los próximos 12 meses.

Según la sentencia judicial que le condenó, Servitje desvió más de 46.000 euros de fondos públicos a través de la adjudicación de estudios que eran plagiados o de nula utilidad a empresas vinculadas a Lorenzo Acuña, que también militó en el partido democristiano.

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