La ley de estabilidad presupuestaria incluirá sanciones del 0,2% del PIB para las CC.AA.

• El déficit cero estructural, para todas las administraciones en 2020
• Sanciones para las administraciones que no cumplan con los objetivos
• El Ejecutivo buscará llegar a un consenso con el PSOE y el resto de partidos
• Los objetivos, que fluya el crédito y que se garantice el estado del bienestar

El Consejo de Ministros aprueba el déficit cero y el techo de gasto

El calendario de los ajustes

Cuando entre en vigor la Ley, se iniciará un periodo transitorio hasta 2020, tal como establece la Constitución.Durante ese periodo se determina una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 60% del PIB.

La deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo en 2 puntos del PIB.

Igualmente el déficit estructural del conjunto de administraciones públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en promedio anual.

En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad y  Sostenibilidad Presupuestaria, que desarrolla la reforma constitucional aprobada el pasado mes de septiembre,  y que obliga al déficit cero en todas las administraciones públicas para el año 2020 si no hay circunstancias especiales. Antes de esa fecha, las administraciones que cuenten con un plan económico-financiero y no lo cumplan podrán ser multadas con el 0,2% de su  PIB nominal.

De esta forma, se confirma lo adelantado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que había avanzado en Davos (Suiza) que el Gobierno impondría un déficit estructural cero a las comunidades.

Tras el Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro ha desgranado la futura ley. Ninguna administración podrá gastar más de lo que ingrese y el gasto de cada  administración no podrá  ser superior al aumento del crecimiento del  PIB. El objetivo es tener déficit cero o superávit en 2020. Solo se permitirá un déficit del 0,4% en caso de reformas estructurales o situaciones excepcionales, como una recesión o una catástrofe.

El texto obliga a aprobar un techo de gasto antes de la  elaboración  de los presupuestos a las CC.AA., pero también a las ciudades de más de 20.000 habitantes, informa TVE. Estas administraciones deberán enviar las grandes líneas prespuestarias al Ejecutivo central antes de aprobar sus cuentas.

Plan de ajuste y sanciones

El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar la emisión de deuda, la concesión de subvenciones y la suscripción de convenios. El incumplimiento de los objetivos requerirá un plan de ajuste de un año que, si se no se alcanza con éxito, llevará a la no disponibilidad de crédito de esa administración.

Además, en caso de incumplimiento de ese plan económico-financiero, las administraciones -de facto, las comunidades autónomas- tendrán que realizar un   depósito del 0,2% de su PIB nominal que, transcurridos seis meses, y si persiste en la desviación presupuestaria, se convertirá en multa.

“Esa visita no será amable“

A los nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, el titular de Hacienda ha destacado que un grupo de técnicos del Gobierno se trasladará a la administración (ya sea una comunidad o un ayuntamiento) incumplidora para valorar la situación financiera de la misma. "Esa visita no será amable", ha respondido Montoro, que ha asemejado la función de la delegación de los técnicos de Hacienda a la de la troika europea en los países intervenidos.

Montoro ha señalado que con esta futura ley se traslada la gobernanza europea "con un cuidado extremo de no interferir en las competencias de las autonomías y corporaciones", pero también ha señalado que  las posibles sanciones futuras impuestas a España  por parte de Europa  serán asumidas por la Administración responsable.

Objetivos de la consolidación fiscal

Los objetivos de esta ley, según la vicepresidenta del Gobierno,  Soraya Sáenz de Santamaría, son "recuperar el crédito para las pymes y  familias" y "garantizar el estado del bienestar".

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha destacado que un elevado déficit y una gran deuda pública hace peligrar la educación, la sanidad o las pensiones, por ejemplo, porque "el pago de la deuda se lleva muchos recursos" financieros del Estado.

Con la ley se pretende, además, "conseguir una consolidación fiscal, reducción del déficit y deuda pública", ha afirmado la portavoz del Gobierno, que ha destacado que la consolidación fiscal es "imprescindible para generar crecimiento y crear empleo".

Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Ejecutivo buscará "desde esta  misma tarde" llegar a un acuerdo con el PSOE sobre esta futura ley de estabilidad  presupuestaria, así como con el resto de los partidos políticos.

"Esta reforma estructural nos convierte en un referente europeo en términos  de gobernanza (económica). España ha tomado la delantera y lidera a Europa", ha destacado la vicepresidenta del Gobierno, que también ha anunciado que "en las próximas semanas" se presentarán la reforma del sistema financiero y la reforma del mercado laboral. El texto pasa ahora al Consejo de Estado y a los grupos parlamentarios al mismo tiempo, informa TVE.