La Fiscalía no tomará una decisión sobre Urdangarín hasta que analice toda la documentación

• Anticorrupción cuenta con 15 archivadores de documentación
• La investigación se centra en el desvío de 2,3 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción no tomará ninguna decisión de momento  con respecto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, a la espera de  concluir el análisis sobre la ingente documentación incautada en  diferentes sociedades vinculadas al Instituto Nóos de Investigación  Aplicada , han informado a Europa Press en fuentes fiscales.

Por el momento, y pese a las informaciones vertidas en diferentes  medios de comunicación sobre la posible responsabilidad de Urdangarín  en actividades presuntamente irregularidades de la citada entidad,  la  Fiscalía no tiene previsto solicitar su toma de declaración ni como  testigo ni como imputado, según las mismas fuentes.

Tampoco existe fecha para la entrega del informe que debe realizar  Anticorrupción sobre cúal debe ser el juzgado competente para  proseguir con las investigaciones. No obstante, este departamento se  inclina por mantener la causa en el Juzgado de Instrucción número 3  de Palma de Mallorca, cuyo titular es el juez José Castro y rechazar  la petición del ex presidente balear Jaume Matas para que el asunto  se traslade a la Audiencia Nacional.

Así lo han indicado fuentes del Ministerio Público, que ha sido  requerido sobre este asunto, desgajado del caso 'Palma Arena', por el  magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El abogado de Matas, Antonio Alberca, pidió que la Audiencia  Nacional asumiera la causa, que recayó por el sistema de reparto en  el juzgado de Ismael Moreno, al entender que afecta a tres  comunidades autónomas diferentes: la Valenciana, Baleares y Cataluña.  Sin embargo, la investigación podría extenderse a más comunidades que  operaron con la entidad sin ánimo de lucro vinculada al Duque de  Palma.

Quince archivadores con documentación

Según las citadas fuentes, la documentación que los investigadores  se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de  noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles  vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la  Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata,  en concreto, de unos 15 archivadores.

Los documentos, que fueron incautados en la denominada 'operación  Babel', fueron trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior  de Policía de las Islas Baleares. Tras su análisis, la Fiscalía  decidirá si llama a declarar al marido de la infanta Cristina como  imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo por escrito.

La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía  Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del  Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación  fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones  públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, habrían fijado  precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que  prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos  "ficticios".

En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3  millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y  2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y  Deporte.

En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas  (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente  desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado  "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que  realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo  investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso  Palma Arena'.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma  entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la  entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la  acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y  Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura  de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una  especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía  "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las  actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la  asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse  básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos  eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon  S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y  De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que  tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde  el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el  "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del  Instituto Nóos".