Las autoridades de Chile han dado luz verde a Endesa para construir cinco presas en dos ríos de la Patagonia, un megaproyecto hidroeléctrico que ha generado desde hace años un fuerte rechazo social por su impacto en el medio ambiente: entre otras cosas, un tendido de alta tensión de 2.000 kilómetros.

De hecho, la sesión de este lunes en la que la Comisión de Evaluación Ambiental ha dado su visto bueno ha estado rodeada de incidentes, ha generado un gran debate político en el país y se han producido manifestaciones en las principales ciudades que seguían entrada la noche y en las que han sido detenidas numerosas personas, según los primeros informes de prensa.

Proyecto clave para Endesa

Endesa Chile presentó en 2006, de la mano de la compañía local Colbún, un proyecto —denominado Hidroaysén— que prevé una inversión de 3.200 millones de dólares. La producción total prevista es de 2.750 megavatios, lo que lo convertiría en uno de los mayores complejos hidroeléctricos del mundo.

Según los últimos resultados de Endesa antes de ser adquirida por la italiana Enel, Chile es uno de sus principales mercados: allí controla el 92% de la electricidad y le aporta tres cuartas partes de los beneficios que obtiene en toda Latinoamérica, según un reportaje de En Portada emitido en 2008.

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Pese al profundo rechazo que ha generado el proyecto en la población, y no solo la local (según un sondeo de Ipsos del mes pasado, el 61% de los chilenos está en contra), era de esperar el visto bueno de las autoridades.

Primero porque Chile nunca ha denegado el permiso para una central hidroeléctrica, a pesar de que otros proyectos también habían levantado polémica, pero también por las presiones a las que se ha visto sometida la comisión de evaluación.

Finalmente, la propuesta ha sido aprobada por 11 votos a favor y una abstención por parte de los secretarios regionales ministeriales, dependientes del Gobierno, firme defensor del proyecto.

La oposición ha criticado que el Ejecutivo conservador no ha respetado la autonomía de la comisión. No obstante, la Concertación (socialdemócrata y democristiana) que estuvo en el poder hasta hace comienzos de 2010, no se opuso al proyecto.

Chile, un caso peculiar

Chile es el único país del mundo en el que la Constitución, redactada por el régimen militar en los años ochenta, consagra el derecho de aprovechamiento privado de las aguas. Endesa es la mayor propietaria en el país de esos derechos, por cuyo mantenimiento tiene que pagar periódicamente pese a no explotar merced a una reforma legal de 2005.

El proyecto Hidroaysén supone la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker en la región de Aysén, a unos 1.800 kilómetros al sur de Santiago.

Además de los grandes movimientos de tierras para construir las presas, la inundación de terrenos de alto valor paisajístico y ecológico (6.000 hectáreas tras una revisión a la baja del proyecto) y el desplazamiento de población, incluidos aborígenes, la infraestructura conlleva la construcción del que quizá sea el mayor tendido eléctrico del mundo, hasta la capital chilena y más al norte aún, donde se concentra la población del país y su actividad industrial (fundamentalmente minera).

El Gobierno defiende que el proyecto es necesario para paliar la dependencia energética del país y la creciente demanda de la que es la economía más próspera de América del Sur.

La decisión aún puede ser recurrida por la vía administrativa, pero como el Gobierno tiene la última palabra, solo los tribunales pueden dar razón a los ecologistas, cuya campaña —Patagonia sin represas— ha tenido un eco mundial posiblemente por afectar a una región muy turística.