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El PP pide que se depuren responsabilidades en el caso Troitiño al CGPJ, al que no le constan quejas

  • Trillo ve contradicciones en la puesta en libertad y la orden de búsqueda
  • El CGPJ asegura que actuará con "absoluta prudencia" en el caso

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El PP pide que se depuren responsabilidades en el caso Troitiño al CGPJ y a Interior

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación y depure responsabilidades por las "contradicciones" que se han producido en torno a la liberación del etarra Antonio Troitiño.

Trillo hace esta petición en un comunicado remitido a los medios de comunicación, un día después de conocerse que Troitiño, excarcelado el pasado día 13 tras pasar 24 años en prisión y seis años antes de lo previsto, está en paradero desconocido.

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado, en declaraciones a la agencia EFE, que no se ha presentado ninguna queja ante el órgano de gobierno de los jueces en relación al caso Troitiño y que actuará "con suma prudencia", ya que se trata de una cuestión con "cierta apariencia jurisdiccional".

Gabriela Bravo, portavor del CGPJ

Bravo ha insistido en que a fecha de hoy no le consta que se haya presentado ninguna queja en el Consejo sobre el tema y ha dicho que en el caso de que en los próximos días se presentara o que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional remitiera algún informe del que se desprendiera algún matiz disciplinario iniciaría "lógicamente esa investigación".

La portavoz del Consejo ha dicho comprender "la alarma, el gran malestar que este asunto ha generado en el ámbito de la sociedad española, la gran preocupación", pero cree que "no podemos olvidar que nos encontramos ante una cuestión que tiene una cierta apariencia jurisdiccional".

Por tanto, el Consejo en este caso ha de actuar, ha dicho, "con suma prudencia para evitar que pudiéramos interferir en el fondo jurisdiccional que no nos compete. La competencia del Consejo afecta a ámbitos gubernativos y disciplinarios", ha explicado. La portavoz ha incidido en que "las cuestiones jurisdiccionales tienen sus propios mecanismos para poder ser revisadas y modificadas por las instancias superiores a través de los recursos".

Trillo: El CGPJ, "obligado" a investigar

En este sentido, Trillo Insiste en que, después de lo sucedido, el máximo órgano de los jueces "está obligado" a investigar las contradicciones internas de la Audiencia Nacional, así como la demora en dictar "una resolución adecuada".

Para Trillo, son decisiones que pueden implicar error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, supuestos que en la Constitución se contemplan como de responsabilidad del Poder Judicial.

Federico Trillo ha criticado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ayer explicó que no se podía poner vigilancia a Troitiño porque estaba en libertad.

Rubalcaba, prudente sobre Troitiño

"Esa argumentación oculta una verdad, y es que una vez que se recurrió por la Fiscalía, tenía todas la razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra", señala.

"El Fiscal hace lo que le dice el Gobierno"

En respuesta a las declaraciones de Rubalcaba en las que aseguraba que los responsables del PP que piden la impugnación de la coalición de Bildu debían de volver a las aulas, Trillo las califica de una "nueva broma" del ministro.

En este contexto, el diputado popular recuerda que "el Abogado del Estado depende del Gobierno, del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia".

Por lo que se refiere al fiscal General del Estado, Trillo señala que no es que "sea dependiente, es que normalmente no hace otra cosa que la que le dice el Gobierno".

"Por tanto, es verdad que quien tiene que recurrir es el Abogado General del Estado y el Fiscal General, pero dependen del Gobierno y en consecuencia la responsabilidad final y el compromiso con el PP es del Gobierno", recalca.

Por todo ello, insta al Gobierno a que impugne y proceda a la ilegalización de Bildu.