Gobierno y PP pactan la salvación de la ley Sinde en el Senado con ligeras modificaciones

  • Se introduce la figura del juez en la identificación del responsable del servicio
  • Los cambios llegan tras intensas negociaciones entre ambos partidos
  • Con el voto del PP y CiU, la ley saldrá adelante en el Senado

VANESA RODRÍGUEZ 

Gobierno y PP han llegado a un acuerdo para que la ley Sinde, que fue tumbada en el Congreso al no obtener apoyos parlamentarios, salga finalmente adelante en el Senado.

Junto con CiU, rescatarán la norma a través de una enmienda conjunta que refuerza la presencia judicial en el proceso del cierre de una página web con contenidos sujetos a derechos de autor.

En el texto acordado hay apenas cambios con el original (Texto de la ley Sinde rechazado en el Congreso Texto de la ley Sinde acordado para su aprobación en el Senado).

La propia ministra Ángeles González-Sinde comparecía en el Senado para explicar el acuerdo en torno a la ley que lleva su nombre. En sus declaraciones, Sinde ha resaltado que en el proceso está "garantizada" la intervención del juez en todo momento. "Hay todo un procedimiento que garantiza que el titular de la página denunciada pueda retirar el contenido".

Por su parte José María Lassalle, diputado y portavoz de Cultura del Partido Popular, ha declarado que "supone una nueva regulación que protege adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en la Red y logra además una protección de los derechos de los internautas y de la libertad en internet".

Puntos que se cambian

Intervención judicial. Se introduce la figura del juez en el primer paso, en el de la identificación del "responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora". El texto contempla que los "órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial".

Se introduce la figura del juez en la identificación del responsable del servicio

Plazos. Se incluye un plazo de 48 horas para "la retirada voluntaria de los contenidos intractores". El resultado se pasará a los denunciantes, que vigilarán la página durante cinco días. Después la examinará la comisión de Cultura otros tres días. Si los contenidos son retirados se "pondrá fin al procedimiento".

Canon digital. El PP introduce en este texto un plazo para la modificación del canon digital, para lo que el Gobierno contará "con tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley" después de que la UE lo declarara ilegal.

Puntos que se conservan

Comisión de Cultura. Se conserva la creación de la Comisión de la Propiedad intelectual, dependiente de Cultura, uno de los puntos más polémicos de la llamada ley Sinde.

Según el documento, este órgano, que mantiene las dos secciones, ejercería "las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

En el nuevo texto se detallan los miembros de la Comisión. La sección primera estará formada "por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".

La Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs, se formará bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".

En ambas versiones se establece que el funcionamiento de las secciones de la comisión se determinarán "reglamentariamente".

Se mantiene el concepto de ánimo de lucro directo o indirecto y daño patrimonial

Cierre de webs. El texto mantiene que la Comisión de Cultura podrá "tomar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos (...) siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".

Procedimiento exprés. Se mantiene el plazo "improrrogable" de cuatro días para que el juez decida sobre el cierre de la web que se considere infractora. La nueva versión matiza que el Juzgado tendrá dos días para convocar a los afectados y otros dos para "resolver mediante auto".

El acuerdo se ha cerrado horas antes a que terminara el plazo de presentación de enmiendas, después de una jornada de herméticas negociaciones a contrarreloj en torno a la reforma de la ley para poder llegar a un texto consensuado antes de la medianoche.

Concluído el periodo de enmiendas, el nuevo texto se elevará al Pleno del Senado para su votación, algo que como pronto, no llegará hasta "el 9 o al 23 de febrero", que es cuando están fijadas las siguientes sesiones plenarias.

Con el apoyo del PP y CiU, la ley Sinde será aprobada en el Senado.

Reacciones

La jornada se ha vivido intensamente en la Red, donde gran parte de los ciudadanos han seguido de cerca las novedades en torno al pacto entre PSOE y PP hasta volver a posicionarlo como Trending Topic. La mayoría de las opiniones recogidas en Twitter rechazan el acuerdo.

En la red de microblogging ha participado activamente el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que se ha manifestado en contra del texto consensuado calificándolo de "desastre" y ha transmitido su opinión al PSOE a través de Twitter

Desde la Coalición de Creadores han preferido no hacer todavía declaraciones, ya que afirman "desconocer el contenido del texto" y emplazan a mañana para hacer una valoración.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, ha afirmado que el acuerdo alcanzado por los partidos para rescatar la ley Sinde es "solo un primer paso", eso sí, en el "buen camino".

Por su parte David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, ha resaltado en declaraciones a RTVE.es que "esencialmente aquello que hacía preocupante la ley Sinde no ha cambiado".

Afirma que no hay modificaciones sustanciales garantistas y califica los cambios como "accidentales" ya que aunque "introducen al juez en la parte de la petición de datos a los proveedores de servicios, no es el juez el que decide si existe una infracción y éste sigue teniendo una función decorativa".

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