España pidió a EE.UU. explicaciones sobre Couso un día antes de publicarse lo de Wikileaks

• Por primera vez, un miembro del Gobierno habla de Wikileaks en el Congreso
• Defiende que la justicia es independiente y no hay posibilidad de interferir
• EE.UU. habría presionado a jueces, fiscales y funcionarios para cerrar el caso

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha revelado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la última comisión rogatoria que cursó a Estados Unidos para averiguar "la verdad" sobre la muerte del cámara José Couso en Irak (en total ha tramitado cuatro), se produjo el pasado 29 de noviembre, un día antes de que se conociera, según las filtraciones de Wikileaks reveladas por El País, que EE.UU. presionó a España para frenar la investigación.

Así ha respondido durante la sesión de control al Gobierno a una  pregunta del diputado Francisco Xesús Jorquera, del Grupo  Parlamentario Mixto que ha cuestionado al ministro si confirma las  filtraciones de la red 'Wikileaks' sobre la presunta colaboración de  autoridades judiciales y altos cargos del Ejecutivo con la diplomacia  estadounidense para archivar el 'caso Couso'.

Según lo relatado por el director de El País, Javier Moreno, en un debate celebrado este martes en Caixa Fórum sobre Wikileaks, antes de la publicación de cada cable de Wikileaks se han puesto en contacto con las partes afectadas por si querían decir algo, así que es de suponer que el 29 de noviembre el Gobierno ya sabía lo que iba a aparecer sobre Couso.

Caamaño niega connivencia con EE.UU.

Caamaño ha negado esta conniviencia con Washington y ha afirmado que el Gobierno pidió a Estados Unidos que esclareciera "completamente" las circunstancias que rodearon la muerte del cámara José Couso en Irak y que ha habido una "colaboración permanente" del Ejecutivo español con la Justicia en este caso.

Francisco Caamaño, ha calificado de "apreciaciones interesadas" los documentos de Wikileaks sobre el caso Couso y ha mostrado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso una carta del ex ministro Moratinos  al ex secretario de Estado de EE.UU. pidiendo que "ampliara la  información" y "esclareciese las circunstancias" de la muerte del cámara  de Telecinco.

En las primeras explicaciones del Gobierno español en el Congreso  sobre las filtraciones de Wikileaks, que apuntan a que EE.UU. presionó a  las autoridades españolas para cerrar el caso del cámara José Couso,  muerto en Irak bajo fuego estadunidense, el ministro de Justicia ha  asegurado "hay hechos y documentos" que refutan las "apreciaciones interesadas y dirigidas a vender los contactos de la comunidad diplomática".

En este momento, ha mostrado una carta remitida por  el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a  los pocos meses de su toma de posesión al ex secretario de Estado  norteamericano, Collin Powell,  en la que solicitaba esclarecer  "completamente" la muerte de Couso  ocurrida el 8 de abril de 2003 en  el Hotel Palestina de Bagdad.

A juicio de Caamaño, el poder judicial en España es "independiente" y  no hay "posibilidad de interferir". "Los jueces y fiscales se expresan a  través de procedimientos judiciales y el sumario de este caso continúa  abierto", le ha recordado el ministro a Francisco Jorquera, líder de BNG  que ha formulado la pregunta al Gobierno en el Congreso.

Cuatro comisiones rogatorias

Según Caamaño, el Gobierno ha colaborado desde el primer momento y  permanentemente con la Administración de Justicia, de tal forma que  desde abril de 2004, el Ministerio ha tramitado tres comisiones  rogatorias a Estados Unidos, la última del pasado 29 de noviembre, y una  a Irak, país al que se desplazará próximamente una comisión judicial.

El Consejo General del Poder Judicial autorizó el pasado  septiembre que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de  desplazara a Irak para reconstruir la muerte del cámara español.

"Esta es la veracidad de lo que ha hecho el Gobierno, que no ha  sido otra cosa que requerir la investigación de lo sucedido y  colaborar con las autoridades judiciales", ha expresado, antes de  destacar que el poder judicial es independiente y el Ejecutivo no  tiene "posibilidad de influir" en la judicatura, "algo que las  autoridades norteamericanas siempre han reconocido".

"Los jueces y fiscales se expresan a través de procedimientos, el  sumario continúa abierto y el Gobierno seguirá trabajando con las  autoridades judiciales para la averiguación de la verdad", ha  añadido.

Depurar posibles responsabilidades

Por su parte Jorquera, ha puesto de relieve la gravedad de los  papeles de Wikileaks que revelan "presiones" por parte de la  diplomacia norteamericana para obstaculizar esta investigación y la  "presunta colaboración" del fiscal general del Estado, Cándido  Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier  Zaragoza, e "incluso" altos cargos del Gobierno para conseguir este  objetivo.

"Nadie hasta hoy ha negado la veracidad de las filtraciones,  simplemente se les intenta restar valor afirmando como ha hecho que  sólo reflejan una visión de parte o aludiendo a que el proceso sigue  abierto pero eso no demuestra que estas filtraciones sean falsas", ha  advertido, para después indicar que el carácter de los despachos es  de "suficiente gravedad" como para crear una comisión de  investigación y "si fuese necesario depurar posibles  responsabilidades".

A su juicio, los cables han cuestionado que el Gobierno ha hecho  dejación de su deber de defender la soberanía española así como de su  obligación de "permitir que se haga justicia" y que el homicidio de  un español "no quede impune". El diputado ha subrayado que la familia  de Couso y la salud de la democracia española agradecerán que el  ministro arroje luz sobre "estas negras sombras".

A este respecto, Caamaño ha insistido en que los cables descansan  sobre valoraciones "subjetivas" que "difícilmente pueden someterse a  un test de veracidad" y ha insistido en que el Gobierno ha requerido  en todo momento la investigación de estos hechos.

Según los documentos filtrados por Wikileaks, la Fiscalía y varios  ministros estuvieron en contacto con la embajada estadounidense  informando de la evolución de esta causa judicial e incluso  asesorando sobre posibles mecanismos para obstaculizar la  investigación.