La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este jueves a puerta cerrada si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por la contratación del avión Yak 42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.
En la vista se analizarán conjuntamente dos recursos presentados por familiares afectados por el accidente. Por un lado, el de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY), que solicita la imputación del actual coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte.
Esta petición se analizará conjuntamente con el recurso de apelación presentado por un segundo grupo de víctimas, a las que representa el abogado Leopoldo Torres, contra el auto dictado el 20 de junio de 2008 por el instructor del caso, el juez Fernando Grande-Marlaska, que rechazó ampliar el número de imputados más allá de los cinco mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción.
En mayo de 2008, Grande-Marlaska se remitió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre la posible imputación de Trillo en esta causa, dada su condición de aforado en las Cortes Generales.
La Sala Segunda le respondió que la petición no resultaba "procesalmente necesaria" debido a la falta de indicios de responsabilidad penal invocados por el instructor. Si la Audiencia Nacional acepta ahora el recurso de las víctimas, la decisión de imputar a Trillo volverá a recaer sobre el Supremo debido a que este sigue siendo diputado.
Además de Trillo, la principal asociación de familiares de las víctimas solicita la imputación de todos los responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, entre los que se encontraban el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza; y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán Doña, que fue imputado en la causa sobre las identificaciones.
Por su parte, el grupo de familiares representado por Leopoldo Torres pide la imputación de 13 militares y civiles por un presunto delito de homicidio por omisión.
Además de los tres mandos militares citados por la otra asociación, esta parte solicitó en encausamiento de los tenientes generales Angel Guinea, Manuel Estellés, Carlos Gómez Arruche y Juan Ortuño.
En la investigación sobre la contratación del Yak-42 se encuentran imputados cinco altos mandos militares en el momento en que se produjo la catástrofe, entre los que destacan el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
El magistrado también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena de tres años de prisión impuesta al general de Sanidad Vicente Navarro y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capital Miguel Saez, por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en al accidente.
Rechaza así por unanimidad los recursos presentados por la Asociación de Familiares de Víctimas y por los tres militares condenados, contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 19 de mayo.
El presidente de la Asociación de familiares de víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha considerado que la decisión del Supremo salda una deuda con los militares fallecidos y pone final a un proceso "doloroso" con "la verdad y la Justicia en la mano".
El accidente del Yak-42 es la peor tragedia sufrida por el Ejército español. Fallecieron 62 militares que volvían de Afganistán tras cumplir una misión de paz de la ONU.
Un equipo, compuesto por el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, se desplazó al lugar del accidente con la misión de identificar y repatriar los cuerpos.
Dos días después, el general Navarro aseguró que la misión estaba cumplida, que podían regresar a España para que se celebrara el funeral y que las familias podían estar tranquilas.
Un año después, tras viajar a Turquía, los familiares descubrieron que las identificaciones no eran correctas al encontrar en el lugar del accidente objetos personales y hasta placas de identificación de los fallecidos.
Los análisis forenses de la Audiencia Nacional demostraron que todos los cadáveres de los que se hizo cargo el General Navarro, 30 en total, estaban mal identificados. Los otros 32 sí fueron identificados correctamente por los forenses turcos.
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