MANUEL SEARA (Radio 5) La nueva Ley de Ciencia pretende recoger dos grandes aspiraciones de la Comunidad Científica: dotar a los investigadores de una carrera estable, predecible, basada en méritos científicos y socialmente reconocida; y la creación de una Agencia Estatal de Investigación, diseñada como un agente de financiación de la ciencia más autónomo, más flexible y mucho menos burocrático.
El texto llega con mucho retraso, (la ministra Garmendia anunció que la Ley estaría lista en el primer Semestre de 2009), y aún así, desde diversos sectores se habla de precipitación y de cabos sueltos.
España sólo dedica el 1,35% del PIB a I+D
Uno de los más importantes es el de la financiación. España dedica tan sólo el 1,35 por ciento de su Producto Interior Bruto a I+D, muy lejos de la media de la UE, que está en el 2 por ciento, y menos de la mitad de lo que invierten países como Alemania, Francia o Reino Unido. Ya veremos como se establece esa financiación de la ciencia española durante el trámite parlamentario.
El pasado sábado, cientos de investigadores se manifestaron en Madrid en defensa de la Ciencia y de un Pacto de Estado, de forma que el gasto en investigación y desarrollo no dependa del gobierno de turno.
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El texto elaborado por el Departamento de Cristina Garmendia prevé la sustitución de las becas predoctorales por contratos de cuatro años de duración, de forma que puedan cotizar a la Seguridad Social y gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores (bajas por maternidad, por enfermedad, vacaciones, etc).
También contempla un nuevo "contrato de acceso al sistema" para doctores que -tras la segunda evaluación-, al cabo de cinco años, se convierte en contrato indefinido.
Pero a partir de ahí, la única posibilidad que queda es el acceso al funcionariado. Y este es un aspecto que también despierta recelos entre los jóvenes investigadores porque -en última instancia-, dependerá de la oferta de empleo público.
Si hay dinero habrá puestos de trabajo. En caso contrario, no será posible una buena carrera investigadora. También advierten de un aumento de la ¿endogamia¿ si no se establecen unos baremos claros para esos contratos.
Hasta ahora, la Agencia Nacional de Evaluación se ha encargado de la selección de candidatos a becas postdoctorales. Según el borrador de la Ley de Ciencia, serían las propias instituciones las que seleccionarán a sus candidatos para los nuevos contratos.
En cualquier caso, la iniciativa es positiva y ya veremos el texto que salga definitivamente del Parlamento.
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