El Defensor del Pueblo andaluz ve "exagerado" el informe de AI sobre los centros de menores

• José Chamizo ha pedido "más rigurosidad" en la realización de estos estudios
• Reconoce que pueden existir "problemas puntuales", pero "no generalizados"

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo,considera que el  informe elaborado por la organización Amnistía Internacional sobre el  funcionamiento de los centros de protección terapeúticos para menores  con trastorno de conducta es "exagerado" en algunos aspectos, por lo que ha pedido "mayor rigurosidad" a la hora de realizar este tipo de  estudios. 

Según ha indicado Chamizo, la institución que dirige está visitando casi todos los centros de esta tipología existentes en Andalucía y,  hasta el momento, "no se ha encontrado ninguna de las situaciones que  critica la organización", tales como "abusos, malos tratos,  aislamiento o medicación forzada". 

"Es cierto que ha podido haber algún problema puntual, pero ni  mucho menos generalizado", ha afirmado, asegurando que los miembros de la  institución "no han tenido ningún problema nunca para acceder a estos  dispositivos de protección" e incidiendo en que "además no deben de  tenerlos".

Pide "más rigurosidad"

De este modo, pidió a la organización que elabore este tipo de  informes, "como ha hecho siempre, con mayor rigurosidad", apuntando  que "si realmente tienen conocimiento y pruebas de que en los centros  de protección terapéuticos de Andalucía se dan estas actuaciones lo  denuncien en un juzgado". 

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes que los menores que ingresan en centros de protección terapéuticos "pueden ser víctimas de abusos, malos tratos,  aislamiento o medicación forzada", quedando estos casos  "invisibilizados e impunes por las lagunas legales existentes".

AI ha criticado que, "tanto la Administración pública como las entidades privadas que gestionan estos centros, dificultan  que se lleven a cabo cualquier tipo de investigación independiente e  incluso de instituciones como la del Defensor del Pueblo", explicando  que en la comunidad andaluza tan sólo pudieron acceder "parcialmente"  a uno de los centros de protección terapéutica ubicados en la  provincia de Córdoba.