"Estoy conforme", ha respondido el ex mandatario, de 71 años, cuando el tribunal le preguntó si aceptaba ser autor o partícipe de los cargos que se le imputaban: espionaje, soborno de congresistas y compra ilegal de un medio de comunicación. Se trata de tres procesos que han sido reunidos en un mismo sumario, el último al que se enfrenta el político.

Una de las víctimas de espionaje por parte de Fujimori fue el laureado escritor Mario Vargas Llosa, en 1990, cuando era candidato presidencial.

El fiscal José Peláez ha pedido que Fujimori sea condenado a ocho años de cárcel y a una indemnización de 1,6 millones de dólares al Estado y un millón de dólares a las agraviados. "La interceptación telefónica se hizo de manera permanente y sistemática a personas que eran incómodas al régimen", ha dicho el fiscal.

El acusado ha aceptado su responsabilidad "porque no le queda ninguna esperanza de recibir justicia en un tribunal que se ha convertido en un pelotón de fusilamiento político", ha explicado Carlos Raffo, congresista y portavoz del Chino.

Por su parte, el ex congresista izquierdista Javier Diez Canseco ha lamentado que Fujimori evita así "que se recuerden los robos, los asesinatos y tropelías" de su régimen. "Los fujimoristas buscan además proteger la futura candidatura Keiko Fujimori (hija del ex mandatario) a las elecciones presidenciales de 2011", que podría verse perjudicada si el proceso se alargaba con la comparecencia de hasta 61 testigos, que ha sido anulada.

Keiko Fujimori es la senadora más votada del país y por su futuro político pasan las únicas esperanzas del ex presidente.

Además de la condena a 25 años de cárcel por las matanzas de opositores de izquierdas, Fujimori también ha sido condenado a siete años y medio por la entrega de dinero a su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a seis años por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex colaborador. En Perú, las penas no son acumulables y prevalece la mayor.

Tras su salida del poder en medio de un escándalo de corrupción en 2000, el ex mandatario, hijo de inmigrantes japoneses, se refugió en Japón, amparado en su doble nacionalidad. Cinco años después llegó a Chile, donde fue detenido y extraditado posteriormente al Perú.