RTVE.ES / AGENCIAS - WASHINGTON Todas las pruebas apuntan ahora a que Todd Willingham, ejecutado con una inyección letal en 2004, era inocente, algo que ha provocado un terremoto en un país en el que al menos 50 personas al año son condenadas de esta forma.

No suele ser común que se averigüe después de su muerte si un ejecutado era inocente y tampoco hay constancia de que un Estado haya reconocido un error. En este caso, Todd Willingham, de 23 años, fue condenado por la muerte de sus tres hijas en el incendio de la casa familiar.

La asociación Proyecto Inocencia, que defiende el fin de la pena capital en el país, ha afirmado que "mientras nuestro sistema judicial cometa errores, no podremos continuar con las ejecuciones". Esta misma asociación presentó este caso en 2006 a la comisión texana de ciencia forense.

En 1992, Willingham fue condenado por un jurado popular que se baso en el informe de unos expertos locales que lo implicaba en los hechos. Tras la condena, pasó 12 años encarcelado hasta que fue ejecutado. Proclamó su inocencia hasta el último momento.

Falta de pruebas

Su historia tiene los ingredientes típicos de los errores judiciales. Ausencia de pruebas periciales, un psiquiatra forense describiendo al fallecido como un "sociópata muy peligroso" sin haberlo entrevistado, testigos que cambiaron su declaración a favor de la acusación, y abogados de oficio incompetentes.

Más tarde, en un informe entregado a la comisión de ciencia forense del Estado, un experto en incendios concluye, como otros dos colegas afirmaron en 2004 y en 2006, que fue un siniestro "accidental" y que el análisis del mismo fue una mezcla de "creencias personales que no tienen que ver con una investigación científica de la escena del incendio".

El caso llega en un momento delicado, justo cuando Troy Davis, un hombre de raza negra condenado por la muerte de un policía blanco, espera su ejecución en Georgia mientras clama por su inocencia. Un tribunal examina nuevas pruebas que podrían exculparle.

Sin embargo, un 66% de los estadounidenses siguen apoyando la pena capital, aunque un 44% reconocen que les molestaría la ejecución de un inocente.