Las fuerzas antiterroristas han identificado a dos personas como sospechosos del atentado de Calvià -en el que murieron dos guardias civiles-, a los que buscan al estar desaparecidos desde ayer. Según informa Radio Nacional, es una pareja a la que se había investigado previamente al igual que otras personas dentro del protocolo de seguridad habitual ante la llegada de la Familia Real durante el periodo vacacional. La pareja firmó un contrato de alquiler de un apartamento cercano al paseo marítimo de Palma, hablaban en euskera entre ellos y permanecen desaparecidos desde ayer.
Según ha podido saber TVE, los etarras habrían colocado una bomba lapa con una carga explosiva de entre un kilo y un kilo y medio de cloratita en los bajos del todo terreno de la guardia civil. Todas las bombas vendrían montadas de Francia con fecha y hora fijadas para la explosión.
Además, Interior ha difundido las fotografías de seis presuntos etarras que podrían estar implicados en los últimos atentados. Sus nombres son Itziar Moreno Martínez, Iratxe Yañez Ortiz de Barrón, Alberto Machain Beraza, Oroitz Gurruchaga Gogorza, Joanes Larretxea Mendiola e Iván Saez.
"Pueden estar escondidos en un piso franco"
El delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socías, ha informado de que se trabaja con la hipótesis de que los terroristas "no habrían abandonado la isla, sino que estarían refugiados en algún piso e intentarían esperar a que se enfriara la situación".
Mientras, continúan los controles en puertos y carreteras. Los puertos de Palma y Alcudia, en la isla de Mallorca, operan todavía este viernes con tráfico restringido y todos los buques necesitan una autorización previa expresa del Ministerio del Interior para efectuar su salida de la isla.
Según expertos de la lucha antiterroristas citadas por TVE, los terroristas podrían haber huido de la isla antes incluso de que estallara el artefacto, debido a las características de esta bomba. El coche que explotó fue conducido durante varias horas antes de estallar por distintos agentes de la guardia civil, pero no explosionó hasta que fue arrancado por Saénz de Tejada y Sava, una vez se cumplió la hora fijada por los terroristas en el temporizador del artefacto.
Además, según informa TVE, el otro coche en el que los terroristas habían colocado la segunda bomba llevaba averiado dos meses, lo que evitó más muertes.
Antiguos informadores de la banda
Varios de los presuntos etarras incluidos en esta lista se encuentran huidos de la justicia tras formar parte de comandos de información de la banda o grupos responsables de actos de 'kale borroka'.
Oroitz Gurruchaga es un 'veterano' de la 'kale borroka' huido de una operación desarrollada en Guipúzcoa en abril de 2008 en la que se detuvo a un total de 12 personas. Este grupo de presuntos terroristas callejeros tenía en su poder las direcciones de varios concejales y militantes del PSE en Rentería. Gurruchaga, nacido en Rentería (Guipúzcoa) el 8 de julio de 1981, era uno de los principales organizadores de los ataques de 'kale borroka' y aparecía en un vídeo difundido el pasado año anunciando su paso a la lucha armada.
Además, Iratxe Yañez Ortiz de Barón, nacida en San Sebastián en 1981, ya fue condenada a prisión en 2003 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por vinculación con el aparato de captación de ETA. Además, había desarrollado labores de información sobre el profesor universitario Carlos Martínez Gorriarán y sobre un sobrino del eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja.
Según la documentación recopilada por Europa Press, estas informaciones fueron encontradas en poder del 'comando Buruntza', desarticulado en agosto de 2001, y del 'Bakartxo', en marzo de 2002, así como en Francia tras la detención de 'Susper'.
También está vinculado a un comando de información de ETA Iván Saez de Jáuregui Ortigosa. El grupo al que pertenecía habría facilitado a la banda datos sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE.
Sáez de Jáuregui fue declarado en rebeldía al inicio de la instrucción contra el comando al que pertenecía, mientras que once de los catorce procesados lograron eludir la cárcel gracias a un acuerdo alcanzado con el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que rebajó de seis a dos años su petición de cárcel.
La seguridad del Rey, "garantizada"
Por otra parte, Ramón Socías ha asegurado que pese a la muerte de los agentes de la Benemérita, "no cabe hablar de errores", si bien ha considerado que sí se pueden "valorar si cabe dotarnos de más medidas o medios de seguridad a partir de ahora" y, en este sentido, remarcó que "se examinarán todos los protocolos que tenemos para ver qué tenemos que cambiar y si cabe mejorar algo".
"Todos somos conscientes de que, a pesar de que nunca habíamos tenido un atentado con muertes de ETA ni de otra organización terrorista, teníamos que seguir vigilando porque esto no nos evitaba ser posibles dianas y, por desgracia, ayer se confirmó este hecho, lo que nos reafirma en el trabajo que llevan a cabo los cuerpos de información y todos los Cuerpos y Fuerzas en tratar a nuestra Comunidad como cualquier otra del Estado", ha subrayado.
Además, ha insistido en que la seguridad de la Familia Real está "garantizada", si bien ha afirmado que es "consciente" de que la seguridad "cien por cien o riesgo cero son imposibles de alcanzar" y, por este motivo, "trabajamos para minimizar los riesgos en el mayor grado posible".
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