Enlaces accesibilidad

Llega la sentencia por el Yak 42 seis años después de la tragedia

  • 30 de los 62 soldados fallecidos fueron identificados erróneamente
  • Los tres acusados, Navarro, Ramírez y Sáez, responsabilizan a los forenses turcos
  • Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una multa e inhabilitación especial para ellos

Por
Todo listo para la sentencia del Yak-42

La Audiencia Nacional dará a conocer este martes la sentencia del juicio por la identificación errónea de los cadáveres de los militares fallecidos en 2003 en el accidente del avión Yak-42 en Trebisonda (Turquía), seis años después de la mayor tragedia de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz.

El juicio, que comenzó el pasado 24 de marzo y un mes después -el 21 de abril- quedó visto para sentencia, ha sentado en el banquillo a tres altos mandos militares: el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, para quienes el fiscal pide penas de prisión.

Como supuestos responsables de que fueran identificados erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los soldados que murieron en el accidente el 26 de mayo de 2003, los tres acusados se enfrentan a la pena de cinco años de cárcel -Navarro- y 4 años y medio -Ramírez y Sáez- por un delito continuado de falsedad documental.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha citado a las 13.30 horas a los tres procesados, a quienes comunicará la sentencia media hora antes de que sea notificada también a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y al resto de las partes personadas en la causa.

Durante la vista oral, el tribunal ha escuchado los testimonios de los familiares de los fallecidos, de los máximos responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, los forenses turcos que participaron en la identificación de los cadáveres y hasta de los trabajadores de la funeraria que se encargó de sellar los féretros de los soldados. No consideró necesaria la declaración del que entonces era ministro de Defensa, Federico Trillo.

La sentencia dirá si, como mantiene el Ministerio Público, Navarro, Ramírez y Sáez, falsearon las identificaciones de los cuerpos porque había "prisa" para repatriar los cadáveres y celebrar con la mayor prontitud posible el funeral de Estado.

Mantienen su inocencia

Una acusación que han negado reiteradamente los tres procesados, que desmienten haber recibido presiones o instrucciones para realizar una "repatriación urgente" de los cuerpos.

En la última sesión del juicio, el general Navarro volvió a defender su inocencia, asegurando que intentó "dulcificar" las circunstancias de la muerte a los familiares, y únicamente se declaró responsable de ordenar a sus subordinados que dieran a los familiares información "limitada" sobre los daños y circunstancias "que no venían a cuento", una vez perdido el ser querido.

Navarro, y los otros dos militares procesados, atribuyen a las autoridades y forenses turcos los problemas con la gestión de los cadáveres. Sin embargo, esa tesis fue puesta en entredicho por los forenses turcos que participaron en la identificación de los cuerpos y que aseguraron que los militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar los 30 cadáveres sin identificar, porque, según dijeron, tenían que llegar al funeral que se iba a oficiar en España.

Sea cual sea el fallo del tribunal, será difícil que satisfaga a los familiares de las víctimas, que han intentado con todos los medios a su alcance, pero sin lograrlo, que el ex ministro de Defensa Federico Trillo fuera llamado a declarar como responsable último de la decisión de entregar a las familias los cuerpos de los militares no identificados.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide también una multa e inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro, y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.

La sentencia de este martes no es la única en relación con la catástrofe aérea del Yak-42. En la Audiencia Nacional aún queda otra causa abierta por el accidente, en la que el juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del avión, ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a otros cinco mandos militares.