La Fiscalía pide a la Sala de lo Penal que archive los ataques de Israel en Gaza de julio de 2002

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez Fernando Andreu de seguir adelante con la investigación sobre el bombardeo de la aviación israelí el 22 de julio de 2002 en Gaza contra el líder de Hamás Salah Shehadeh, pero en el que murieron 15 peronas, la mayoría niños. 

Andreu imputó el pasado 29 de enero al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares, a los que se acusa de crímenes de guerra. 

La Fiscalía entiende que no es competencia de España y que los hechos, también investigados por Israel corresponden a ese Estado.

El pasado 2 de abril, el fiscal Martínez, en un escrito dirigido a Andreu,  ya pidió al magistrado el archivo de la investigación y afirmó que "España no puede convertirse en una tercera instancia mundial".

De esta manera, el fiscal Pedro Martínez ha vuelto a pedir que el juez archive la instrucción de la causa, al entender que Israel tiene "carácter preferente" para investigar los hechos. Con este recurso, es la Sala de lo Penal la que debe decidir si se sigue investigando a Israel o si se archiva la querella.

"Interpretación oportunista"

En este sentido la Fiscalía acusa a Andreu de haber realizado una "interpretación oportunista" de las investigaciones israelíes, en los que la Fiscalía confía plenamente.

El fiscal Martínez asegura que detrás de la "interpretación oportunista" de Andreu "late una desconfianza absoluta hacia un sistema judicial y un Estado de Derecho" y considera que las investigaciones llevadas a cabo por Israel, "con independencia de cuál sea su resultado final, respondieron a los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".

Al contrario de lo sostenido por la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, Andreu entiende que Israel nunca ha llevado a cabo una investigación seria sobre los hechos, por lo que considera que la Audiencia Nacional sí es competente para iniciar su propia investigación, según se recogía en el auto dictado el pasado lunes por el que decidió continuar con las diligencias.

Andreu aseguraba en el auto hecho público el lunes que "desde la fecha de comisión de los hechos, en el mes de julio de 2002, las autoridades de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal".