RTVE.ES / EFE - MADRID El juez Baltasar Garzón ha realizado una 'pirueta jurídica' para ganar tiempo para iniciar las exhumaciones al convertir en sumario la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo y, de esta forma, obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y no directamente ante la Sala de lo Penal como pretendía.

Tras declararse competente para investigar estos hechos, Garzón ha acordado en un nuevo auto de dos folios la conversión de las diligencias previas en sumario ordinario, en cuyo marco, anuncia, "se practicarán las diligencias acordadas", como la apertura de 19 fosas para practicar exhumaciones, entre ellas en la que reposan los restos del poeta Federico García Lorca en Granada.

Esta decisión de Garzón ha sido calificada por fuentes de la Audiencia Nacional como "pirueta jurídica" legal para impedir que la Fiscalía pueda recurrir la competencia directamente ante la Sala, sin tener que recurrir primero ante el magistrado.

Un filtro para dilatar el proceso

Según el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el recurso ante unas diligencias previas puede ser directamente de apelación ante la Sala sin tener que pasar por la reforma ante el propio juez que dicta la resolución.

Para impedir que la Fiscalía pueda saltarse ese filtro, Garzón convierte las diligencias previas en "sumario ordinario", "vista la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos y revistiendo los caracteres de una infracción cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal por estar castigada con pena superior a nueve años de cárcel".

Esta decisión alarga además los plazos para la presentación del recurso de la Fiscalía, que firmará el fiscal jefe Javier Zaragoza, para lo que contaba ayer con cinco días, pero ahora debe recurrir en tres días el auto en el que el juez acuerda la transformación en sumario y, una vez resuelta esta cuestión, podrá impugnar la decisión de investigar las desapariciones en la Guerra civil y el franquismo.

La Fiscalía quería recurrir directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto dictado ayer por Garzón al entender que los delitos que va a investigar han prescrito en virtud de la Ley de Amnistía (1977).

Entiende también la Fiscalía que las exhumaciones ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica y los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales, ya que el concepto de crímenes contra la humanidad, que Garzón esgrime para declararse competente, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945 y no tiene efectos retroactivos.

Respeto del Gobierno

Este decisión de Garzón puede aumentar más aún la polémica respecto a su investigación, que ha sido calificada como un "disparate" por Manuel Fraga, mientras que otras voces del PP han mostrado sus dudas sobre la investigación.

A este respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado su respeto a la decisión del juez de investigar las desapariciones de personas en la Guerra Civil y el franquismo, ya que, ha dicho, demuestra la autonomía de los jueces.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que los jueces tienen "total autonomía en sus actuaciones" y como tal, "la del juez Garzón, merece tanto respeto como la de cualquier otro juez" en el ejercicio de sus funciones.

"Por tanto, máximo respeto a la actuación jurisdiccional, máximo respeto al procedimiento y máximo respeto al tiempo judicial", ha añadido la vicepresidenta, que ha expresado también su respeto a las opiniones "divergentes" sobre el auto dictado por el magistrado.