El Senado italiano ha aprobado la ley que contempla la inmunidad para los cuatro cargos más importantes del Estado, que ha sido calificada por la oposición como una norma hecha a la medida para salvar al presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, de sus problemas con la justicia.

Doce días después deque la Cámara de Diputados diera el sí al proyecto de ley, conocido como 'Lodo Alfano', en referencia a que su autor es el ministro de Justicia, Angelino Alfano, el Senado, con 171 votos a favor, 128 en contra y 6 abstenciones la ha convertido en ley.

Ésta es una de las leyes aprobadas con más rapidez por el Parlamento italiano, ya que sólo han pasado 25 días desde que el pasado 27 de junio el Consejo de Ministros aprobara el decreto ley, en medio de las críticas de la oposición.

El 'Lodo Alfano' contempla la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos antes de acceder al cargo, contra el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado.

En los casos del Jefe del Estado y del presidente del Gobierno quedan excluidos de esta inmunidad los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de su función. Por tanto, continuará aplicándose los artículos 90 y 96 de la Constitución, que contemplan que el Jefe del Estado puede ser procesado por alta traición y atentado a la Carta Magna y el presidente del Gobierno por delitos cometidos durante su mandato, previa autorización del Parlamento.

La oposición presentó una enmienda, que fue aceptada, que establece que la suspensión de los juicios no se aplique en el caso de sucesivas investiduras del Gobierno.

De esta ley se puede beneficiar Berlusconi, imputado por los jueces de Milán por supuestos casos de corrupción.

Referendo para derogar la ley

Tras aprobarla el Senado, Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores (IDV, en la oposición), ha anunciado que, a partir de enero, comenzará a recoger firmas para convocar un referendo para que sea derogada.

Di Pietro ha afirmado que en un país civilizado, "los ciudadanos tienen derecho a saber si el presidente del Gobierno es o no un delincuente, ya que saberlo después (de que haya acabado su mandato) no sirve para nada".

Berlusconi justificó esa ley, cuando su ejecutivo aprobó el proyecto de ley, afirmando: "no es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país".

Ésta es la segunda vez que Berlusconi presenta una normativa que la oposición considera que está hecha a su propia medida. En 2004 lo intentó, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a la Carta Magna.