La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".
"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.
A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".
"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.
La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha señalado tras el pacto alcanzado con el Gobierno sobre el escudo social —que incluye la moratoria de los desahucios— que su formación "evidentemente" van a apoyarlo con sus votos en el Congreso tras haber pactado que no afecte a las personas que tengan dos viviendas o menos y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional. El escudo social, ha señalado en La hora de La 1, no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños". Considera que se había intentado "meter en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios" y sobre todo, hay pensionistas que ven compensada su pensión gracias a la renta de alquiler que reciben, pero se ven en la imposibilidad de echar a las personas que no pagaban de sus casas y estaban cayendo en una "situación de vulnerabilidad". Además, ha dicho que con esa medida se estaba dificultando que otras familias pudieran alquilar una vivienda y debido a esa percepción de inseguridad muchos no ponían en alquiler una vivienda. Preguntada por cuál sería la línea roja para el PNV para dar su apoyo a este decreto, ha dicho que ya está aprobado por el Consejo de Ministros y no puede haber modificaciones en el texto. Foto: EFE/ JJ Guillén.
Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.
Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".
El PP defiende que se está actuando con determinación ante la polémica generada por la adjudicación de vivienda pública en Alicante. Dos miembros del Ayuntamiento, que habían adquirido pisos de protección oficial, ya han dimitido. Mientras, el PSOE insiste en que los ciudadanos necesitan más explicaciones.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que ya se ha abierto una investigación y que se han depurado responsabilidades.
La polémica saltó el jueves cuando se desveló que la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, era propietaria de un piso en un bloque de viviendas de protección oficial. No es la única. También tendrían apartamentos el arquitecto municipal, la directora general de contratación pública del Consistorio, sus dos hijos y un sobrino.
Foto: Daniel González/EFE — El secretario general del PP, Miguel Tellado
El Gobierno Vasco ha declarado Hernani, Tolosa y Lezo como nuevos municipios de mercado residencial tensionado, alcanzando ya 14 zonas en Euskadi que afectan a más del 53% de la población.
Estas localidades suman alrededor de 800 viviendas vacías sin alquiler.
Hernani anuncia la implantación este año 2026 de un canon a las viviendas deshabitadas (de 10 €/m²), al igual que Azpeitia, con el objetivo no recaudatorio sino de sacar al mercado ese parque inmobiliario. Lezo y Tolosa aplican de momento un recargo del 150% en el IBI a las viviendas vacías y no descartan el canon.
Mariano Ordaz tiene 67 años, los mismos que lleva viviendo en su casa en el barrio de Embajadores en Madrid. Le quieren desahuciar porque le subieron el alquiler hasta los 800 euros y no puede pagarlos: "Ojalá me den más tiempo para encontrar un lugar donde ir, ¿qué hago con mis cosas?". La vivienda además presenta graves problemas de habitabilidad, como la cocina que tiene el techo roto y que no han reparado. Mariano teme que en el momento en que saliera de su casa para que hicieras las obras ya no podría volver: "Es una treta, quieren que me vaya de aquí, restauran la finca y me dejan fuera". Lamenta que ahora mismo sobrevive gracias a la ayuda de los vecinos que le permiten asearse y que tiene que comer fuera de casa.
Explica que ha intentado negociar con la propiedad, pero la respuesta es que les debe 15.000 euros y no han querido negociar con él. Una de sus vecinas también tiene problemas en su casa que no han arreglado y está pagando un alquiler de 1.500 euros. Mariano recibe el apoyo del sindicado de inquilinas e inquilinos de Madrid, que lamenta que con la caída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, personas en situación como Mariano quedan desprotegidas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta que la prórroga que impide los desahucios pueda decaer en el Congreso si no sale adelante el decreto ómnibus del Gobierno. El portavoz, Paco Morote, lamenta que esta cuestión forme parte de la pugna política y pide que se garantice el derecho a la vivienda: "Hay grupos políticos que quieren darle una patada en el culo al Gobierno con la gente vulnerable". Avisa que, de decaer, pueden producirse "decenas de miles de desahucios" de personas en situación de vulnerabilidad. Pide que los derechos de las personas no estén "supeditados" a este tipo de negociaciones y que tengan carácter estructura y permanente.
Partidos como Junts per Catalunya se oponen porque "perjudica a los pequeños propietarios" una premisa que Morote asegura que es "falsa". Explica que el decreto ya contienen medidas de compensación para los propietarios y lamenta que el sistema público no cuenta con alternativa habitacional para todas las personas que podrían perder su vivienda. En este sentido, también pide a las comunidades gobernadas por el PP que apliquen medidas para garantizar el acceso a la vivienda.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, se muestra confiado de que se podrá llegar a un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional: "Si la CEOE no hace nada que descarrile la reunión, yo creo que puede haber acuerdo". La propuesta del Gobierno es una subida del 3,1% hasta los 1.221 euros al mes, una cifra que se queda "lejos" de lo que pretende el sindicato, que había propuesto una subida del 7,5%, pero que cotizara al IRPF. Álvarez mantiene que su objetivo es que el SMI llegue al "60% del salario medio" que sería sobre los 1.400 euros.
Rechaza las razones de la patronal para no subir el salario mínimo asegurando que las empresas tienen "están ganando muchísimo dinero" y sobre los autónomos asegura que "de los 3 millones que hay, unos 400.000 tienen alguien a su cargo". Defiende que el SMI ha permitido mejorar la productividad en España y recuerda que uno de los principales problemas de la ciudadanía es "el coste de la vida" e incluso reconoce que la subida del salario mínimo se queda lejos para los gastos del día a día.
Sobre los problemas en Rodalies, asegura que la red sufre una falta de inversión desde "hace años" y pide que las administraciones competentes se responsabilicen. Aun así, admite que estos problemas no se van a solucionar en "24 horas" pero sí que apunta que hay que garantizar la seguridad de los trayectos.
Desde UGT también entienden las protestas de los agricultores sobre el Mercosur aunque no se posicionan directamente en contra del acuerdo de la Unión Europea. En este sentido, pide garantías para que los agricultores no se vean perjudicados por productos con normativas menos restrictivas que las europeas: "No se puede continuar con esa política de no hacer algo porque medioambientalmente es agresivo, pero cerramos los ojos si viene de fuera".
Vivir de alquiler hoy en día no es tarea fácil y mucho menos relajada porque, en algún momento, siempre se complica. Son muchas las situaciones que viven los inquilinos con sus caseros y los abusos que sufren. Por eso en muchas ciudades españolas existen asociaciones que ayudan a los inquilinos con situaciones complicadas. En Sevilla también está el sindicato de inquilinas que en sus asambleas de puertas abiertas atienden casos de todo tipo. Nos unimos a ellos para conocer la problemática.
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