La periodista de RTVE Anna Bosch analiza en La Tarde en 24 Horas los casos que están movilizando a la sociedad estadounidense en medio de la política migratoria de Donald Trump. La muerte, tras ser tiroteados por agentes migratorios, de Álex Pretti y Renne Nicole Good, ambos de 37 años, en protestas contra las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
Según las cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sus agentes han matado a tiros a al menos siete personas en el último año.
PP y Vox han anunciado que llevarán a Bruselas la decisión del Gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes.
Desde el Ejecutivo critican el "giro impresionante del PP en política migratoria", mientras que los populares califican esta decisión del Gobierno de "cortina de humo".
Una vez alcanzado este acuerdo, Podemos se muestra abierto a negociar la delegación de competencias "garantizando que no hay ningún elemento racista ni xenófobo".
La congresista demócrata por Minnesota (Estados Unidos) Ilhan Omar fue atacada este pasado martes por un hombre que la roció con un líquido cuando hablaba en un acto en el ayuntamiento de Mineápolis. Omar, que no resultó herida, se encaró con el atacante, que fue detenido, y continuó con su discurso.
La congresista criticaba en un discurso los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad, que han provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió, según informa Efe y puede verser en las imágenes. El hombre lanzó con una jeringuilla un líquido hacia el pecho de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de ser reducido por agentes de seguridad.
Nueva entrega de la "Tertulia de Jóvenes Políticos" en el '24 Horas de RNE'. Tiempo para la reflexión con la presencia de Víctor Camino (PSOE), Tesh Sidi (Más Madrid) y Miriam García Navarro (PP).
Lo que está pasando en Mineápolis simboliza la cruzada antiinmigrantes de Trump en distintas ciudades de Estados Unidos, la mayoría gobernadas por demócratas. Pero, esta vez la brutalidad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se le está volviendo en contra y, preocupado por si le pasa factura política, Trump empieza a tomar decisiones.
La Casa Blanca ha puesto al frente del operativo de ICE en Mineápolis a Tom Homan, conocido como el zar de la frontera en sustitución de Greg Bovino.
"Me gustaría que las cosas fuesen a cambiar, pero dudo que lo hagan", cuenta a TVE un vecino junto al memorial de Alex Pretti. "Me gustaría que afrontara las consecuencias de lo que ha hecho", dice otra vecina, pero asegura que va a ser imposible mientras Trump siga siendo presidente.
Tras dos muertes a manos de agentes federales y miles de detenciones, insisten que el daño ya está hecho. En una iglesia atendían a 300 familias antes del operativo migratorio, ahora tienen 28.000 familias registradas y reparten 100 toneladas de comida todas las semanas.
Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el PP han aprobado desde los años ochenta hasta siete procesos extraordinarios de regularización de migrantes con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.
El gobierno de Felipe González llevó a cabo tres, la primera en 1986; la siguiente entre los años 1991 y 1992. Y en su último año como presidente, en el 96, fue la última. Ocho años después, en 2000, el presidente José María Aznar llevaba a cabo su primera regularización y un año después, repetía. La última y la más numerosa fue bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005. Entonces, más de 576.000 personas pasaron a tener una situación regular en nuestro país.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha celebrado la aprobación del procedimiento urgente para tramitar el Real Decreto de regularización de migrantes, subrayando que se trata del inicio del proceso y no de su aprobación definitiva. Ha recordado que la iniciativa nace de una ILP respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplia mayoría parlamentaria, y ha defendido que el Gobierno ha respondido a esa demanda con una política migratoria planificada y progresiva. "Hoy lo que estamos es empezando el camino", ha afirmado, destacando que el objetivo es "poner el contador a cero" para personas en situación de vulnerabilidad que no encajan en las figuras actuales del reglamento de extranjería.
La responsable política ha explicado que se trata de una "regularización excepcional, extraordinaria, para una sola vez", con requisitos concretos y sin carácter automático. Afectará a quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar residencia, sin antecedentes penales, mediante un procedimiento ágil que podría resolverse en unos tres meses. Ha rechazado el argumento del "efecto llamada", señalando que "no puede hacer efecto llamada si la mirada es retroactiva y es hacia atrás", y ha subrayado la importancia de la audiencia pública y de la participación ciudadana en la elaboración del texto definitivo.
Cancela ha insistido en que la regularización no debe interpretarse solo como una medida laboral, sino como una política basada en los derechos humanos. "La mirada preferente es que puedan desarrollar su vida en condiciones de dignidad, que no tengan que esconderse", ha afirmado, vinculando la medida con la lucha contra las mafias y la economía sumergida. También ha criticado la oposición de PP y Vox, acusando a ambas formaciones de utilizar la inmigración como arma política con "una mirada absolutamente racista, xenófoba y de confrontación", y ha defendido la igualdad de oportunidades frente a políticas como las "Golden Visa".
El Gobierno prepara una regularización que afectará a entre 500.000 y 800.000 inmigrantes sin papeles. Hablamos de las condiciones que se conocen hasta ahora y los plazos. También abordamos la presión sobre la demanda de vivienda que produce la inmigración, con Joan Monràs, profesor de IESE. El consultorio de hoy es de mercados, con Alberto Iturralde.
Luz verde a la séptima regularización extraordinaria de inmigrantes en nuestro país. La medida puede beneficiar a cerca de 500.000 personas, que tendrán que demostrar que llegaron a España antes del 31 de julio del año pasado. Con un requisito: no pueden tener antecedentes penales.
Ha sido Podemos, y no el Gobierno, el encargado de anunciar este lunes la regularización. Un gesto del Ejecutivo para intentar restaurar los puentes con los morados y de paso, recuperar el diálogo con Junts, ya que el pacto les hace abrirse al traspaso de competencias migratorias a Cataluña.
La medida ha sido aprobada por real decreto y no pasará por el Congreso. Ha recibido la oposición frontal del Partido Popular que pide que la decisión se tome persona a persona y se opone a una regularización masiva.
El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, ha sido el duro rostro de las campañas migratorias más agresivas durante el segundo mandato del presidente, Donald Trump, que ha decidido relevarlo de los operativos en Minneapolis para calmar los ánimos tras la muerte de Alex Pretti.
El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este martes que su "zar fronterizo", Tom Homan, llegará mañana a Minneapolis para reunirse con representantes políticos al tiempo que multitud de medios informan que Bovino, en compañía de varios agentes de confianza, abandonará la ubre próximamente.
La regularización de inmigrantes aprobada este martes en Consejo de Ministros beneficiará a medio millón de personas, según las estimaciones del Gobierno. La plataforma que presentó más de 700.000 firmas para pedir este paso celebra la medida, al igual que los potenciales beneficiarios, muchos de ellos procedentes América Latina.
A partir de abril podrán solicitar que se regularice su situación en España y residir y trabajar con plenos derechos. Tendrán un primer permiso inicial de un año, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos de tiempo vivido en España o carezcan de antecedentes penales.
