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José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".
Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".
Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".
- También han votado a favor Sumar y el PNV y el único voto en contra ha sido de los de Santiago Abascal
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La Inteligencia Artificial está suponiendo toda una revolución en la que las batallas ya no se libran solo en la vida real y en el campo militar, también lo hace en el ciberespacio. Esta revolución se ha extendido a la vida civil, a lo cotidiana y a cada rincón del ciberespacio.
Este es el caso de Indra, la multinacional de Defensa, Consultoría y Tecnología de la que es accionista principal el Estado, con un 28%. La empresa ha presentado hace unas semanas una nueva división, IndraMind. Esta se ha definido como un cerebro digital para combatir la guerra híbrida.
Según el director general de Indra, Ignacio Martínez, las amenazas híbridas como drones en aeropuertos o el corte de cables submarinos son las principales problemáticas. Es aquí donde "infraestructuras civiles responden a retos de índole militar, para lo cual no están preparadas" y ahí aparece Indra con su nueva división que tiene el objetivo de "proteger y empoderar a todos los ciudadanos".
Sus clientes son del "entorno de defensa, pero también en el entorno institucional, agencias gubernamentales o diferentes actores institucionales", empresas privadas como bancos u otras que tengan información sensible de la ciudadanía.
Imagen: EUROPA PRESS
Cataluña declara la emergencia para agilizar los contratos frente al brote de peste porcina africana
- El sector ganadero cree que harán falta más ayudas ante la caída de los precios de la carne en las lonjas
- El comité científico para esclarecer el origen se reúne por primera vez este martes y Ordeig aclara: "Hay muchas hipótesis"
El Consejo de Ministro ha anunciado este martes que avalará a los propietarios que tengan a inquilinos de hasta 35 años o familias vulnerables que no puedan pagar el alquiler. Todavía están por conocerse muchos detalles.
Según el profesor de Economía de la Universidad de Comillas, Leandro Escobar, "esto no significa que vayan a bajar los precios, pero sí va a cambiar el riesgo en el mercado". Escobar añade que "hay muchos pisos que no se movilizan por temor de sus propietarios al impago y a la ocupación", lo cual contribuiría a aumentar la oferta.
A esta medida le ha seguido el anuncio de la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Según Escobar, este tipo de medidas crean "dos mercados en paralelo, uno de lo que se llama renta antigua y otro de lo que llama renta de mercado".
El profesor afirma que es una situación "muy compleja" al tratarse de "situaciones especialmente vulnerables y también de personas jóvenes que no pueden acceder a otro tipo de solución habitacional".
Imagen: EUROPA PRESS
- El Supremo ha condenado al fiscal general por el correo del novio de Ayuso y por la nota de prensa de Fiscalía
- DIRECTO: Toda la última hora referente a la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado
- Las juezas Polo y Ferrer creen que el fallo se basa en "meras sospechas": "Cualquier persona pudo filtrar el correo"
- Critican que los testimonios de los periodistas no se han "tenido en cuenta en ningún momento"
- La víctima ha sido trasladada al hospital de Lepe y su vida no corre peligro
- El supuesto agresor ya fue detenido en 2021 por otro caso de violencia de género contra la misma víctima
- Los socialistas denuncia que estos mensajes se han ocultado "durante tres años"
- En 2023 la Audiencia Nacional ya rechazó reabrir el caso Kitchen para investigar a la exsecretaria general del PP
- El magistrado detalla que el procedimiento no está en fase de alegaciones y existe "imposibilidad material" de adelantarlo
- El modelo procesal de España estima "momentos oportunos" para realizar las alegaciones y análisis de este tipo
El Supremo publica la sentencia contra el fiscal general. Considera probado que Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay pruebas sólidas y coherentes, y entre los argumentos de los jueces: que no existe otra explicación alternativa razonable a quien lo hizo.
El Tribunal no pone en duda lo que dijeron los periodistas, pero al mismo tiempo asegura que el secreto profesional les ampara para hacer declaraciones que no sean totalmente fieles a la realidad.
Foto: Eduardo Parra / Europa Press
"Desde que tenemos registros, es el récord", explica Agustín Larrea.
Este geólogo explica que "el riesgo 0 no existe" y que habrá réplicas pero solo detectables por los sismólogos.
El Ministerio de Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid información detallada sobre los hospitales gestionados por grupos privados, no solo por Ribera, sino también por Quirón Salud. No descartan rescindir el contrato si se detecta mala praxis. Esta tarde se reúnen con Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz, al este de la región madrileña.
La cita se produce después de unos audios del director gerente de la empresa privada que gestiona este hospital público en el que solicitó "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.
FOTO: ARCHIVO EFE / CABALAR
Fue el día 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, una decisión bastante inusual. El inédito juicio contra el fiscal general del Estado tuvo seis sesiones y los jueces estuvieron deliberando solo una semana. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y cuatro días más tarde presentó su renuncia.
El Gobierno siempre ha defendido su inocencia, y este martes ha vuelto a decir que no comparte la decisión del Tribunal.
FOTO: EFE/J.J. Guillén